Miami.— El gobierno de Estados Unidos se prepara para el fin del Título 42 y lo que prevé será una “avalancha” de migrantes. No sólo busca que varios países se conviertan en gestores de migrantes para evitar que se acumulen en la frontera, sino que ha anunciado una serie de restricciones y seguirá enviando a quienes no cumplan requisitos a México, que seguirá recibiéndolos “por razones humanitarias”.
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Más allá de las acciones federales, estados gobernados por republicanos están tomando sus propias medidas. De los 50 estados que conforman la Unión Americana, 26 tienen gobernadores republicanos. Varios han implementado medidas antiinmigrantes. Pero Greg Abbott, en Texas, y Ron DeSantis, en Florida, ambos con aspiraciones presidenciales, son los que han promovido las leyes más duras para que los extranjeros sin documentos, la gran mayoría mexicanos y en general latinoamericanos, se vayan de sus estados o ni siquiera piensen en llegar.
Estrella solitaria
El primero en activar medidas fue Abbott, en 2021; logró que el Congreso estatal, con mayoría republicana, aprobara una ampliación a la ley de inmigración de Texas denominada Lone Star o Estrella Solitaria.
“Esta nueva ley otorga 4 mil millones de dólares a la administración texana para ampliar el muro que ya existe parcialmente en su frontera con México”, explica a EL UNIVERSAL Hernán Molina, analista político, desde Los Ángeles. “La otra parte significativa es que con esos recursos la policía estatal tiene también autoridad para juntar a indocumentados, subirlos a un autobús y enviarlos a lo que se conoce como ciudades santuario, gobernadas por demócratas, quienes protegen a las personas sin papeles”.
Además, Texas tiene en discusión parlamentaria una propuesta de ley que permitiría crear grupos de civiles armados que ayuden a patrullar la frontera y detener a toda persona con rasgos hispanos y que potencialmente pueda haber llegado a Texas sin documentos legales. Otra ley paralela busca que quienes estén o lleguen como indocumentados al estado puedan ser juzgados y condenados hasta con 10 años de cárcel.
La HB1718
En Florida, el gobernador Ron DeSantis logró que el pasado 1 de mayo el Congreso estatal aprobara la ley “más absurda y discriminatoria jamás aprobada en territorio estadounidense”, como la califica Juan Pablo Salas, politólogo y analista en Miami, Florida. DeSantis tendrá también a su disposición un fondo de 12 mil millones de dólares para sacar y trasladar en avión y autobús a indocumentados rumbo a ciudades gobernadas por los demócratas, igual que Abbott.
Aunque aún falta la firma del gobernador para convertirla formalmente en ley y que entre en vigor a partir del 1 de julio próximo, esta ley, identificada como HB1718, contempla que empresas que tengan 25 o más empleados deberán verificar el estatus legal de todos.
Además, instruye a hospitales y clínicas que aceptan el seguro médico gubernamental que verifiquen el estatus del paciente; prohíbe que programas comunitarios otorguen algún tipo de financiamiento a los indocumentados, desconoce las licencias para conducir de indocumentados expedidas por otros estados y obliga a todas las agencias de la ley a recolectar el ADN de personas sin estatus legal y que tengan una solicitud federal para ser detenidas. La más controvertida de las medidas es que quien transporte a Florida a una persona sin documentos legales para residir en EU, estará cometiendo un delito que podría conllevar hasta 15 años de prisión.
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Otros intentos
Ohio, gobernado por Mike DeWine y Nebraska por Jim Pille, ambos republicanos, están tratando de endurecer también sus leyes, pero aún no parecen tener muy claro qué es lo que quieren hacer y qué tan duros quieren ser. “Justamente de eso se trata todo esto”, dice Hernán Molina. “El expresidente Donald Trump demostró que el tema migratorio tiene un peso insospechado. Antes de Trump no sucedía esto. Quien creó la plataforma antiinmigrante en el Partido Republicano se llama Donald Trump”.
La contraparte
Los expertos advierten que en su ceguera antiinmigrante, los republicanos están perdiendo de vista un elemento fundamental: la mano de obra que representan los migrantes. Tan sólo Florida es un estado que tiene pocos puntos económicos tan importantes como la agricultura. “Éste sigue siendo un estado agrícola a pesar de la industria del turismo. Muchas de las personas que están siendo afectadas por las nuevas leyes son precisamente trabajadores agrícolas. ¿Qué va a suceder si se van? ¿Quiénes los van a suplir? Esto es como dispararse en un pie”, advierte Salas.