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Madrid.— Las investigaciones periodísticas independientes están levantando cada vez más casos de corrupción y malas praxis gubernamentales a nivel internacional, aunque sus repercusiones penales son mínimas, cuando no inexistentes.
En 2021, varias indagaciones realizadas por un consorcio de medios de comunicación, agrupaciones civiles y expertos en ciberseguridad, expusieron grandes escándalos relacionados con el espionaje transfronterizo y el fraude fiscal a gran escala.
El primero de ellos saltó a las principales portadas a mediados de año, cuando se descubrió que jefes de Estado, políticos, activistas, periodistas y personajes notorios estaban siendo espiados telefónicamente a través de Pegasus, un programa originalmente ideado para combatir el terrorismo y la delincuencia y que desde hace años se vende a gobiernos de todo el mundo.
El hallazgo se produjo tras la filtración de una lista de más de 50 mil números de teléfono que, potencialmente, eran objetivos de espionaje. Algunos de los celulares pertenecían a más de 600 políticos, 14 de ellos líderes mundiales, y casi 200 periodistas de medios como The New York Times, Al Jazeera y France 24.
El sofisticado software Pegasus, orientado a la prevención del crimen, estaba siendo utilizado por agencias y gobiernos de diferentes países para piratear los celulares de personas relevantes que, por distintos motivos, eran consideradas de interés por algunos de los clientes de NSO Group, la empresa tecnológica israelí creadora del programa.
Los responsables de la investigación estiman que los miles de teléfonos recopilados en la lista eran objetivos eventuales de espionaje por parte de los gobiernos que adquirieron la licencia del programa, aunque la gran mayoría de los dispositivos no fueran infectados por el malware, ni sufrieran intentos de hackeo. A pesar de los datos que arrojó la investigación, se desconoce el número de celulares intervenidos por el programa malicioso, aunque se calcula que puede ascender a varios centenares.
Pegasus permite escuchar conversaciones, leer mensajes, acceder al disco duro, hacer capturas de pantalla, revisar el historial de navegación y activar por control remoto la cámara y el micrófono de los dispositivos. Funciona incluso con mensajes y llamadas de voz cifradas.
La tecnológica de Israel que posee la licencia de Pegasus, aclaró tras el escándalo que este tipo de programas se venden exclusivamente a las agencias gubernamentales de inteligencia y cuerpos de seguridad del Estado para garantizar la seguridad nacional.
La compañía reconoce que cuenta con más de 60 clientes en 40 países distintos, aunque se negó a revelar sus identidades ya que existen acuerdos de confidencialidad.
Sin embargo, a partir de los datos filtrados y su investigación, Forbidden Stories y los medios de comunicación asociados, identificaron posibles clientes de NSO en 11 países: México, Arabia Saudita, Azerbaiyán, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Hungría, India, Kazajistán, Marruecos, Ruanda y Togo.
De los 50 mil números telefónicos bajo sospecha, la mayor cantidad estaban en México, con más 15 mil dispositivos susceptibles de rastreo. Según el diario británico “The Guardian”, al menos 50 personas cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador fueron blancos potenciales de la administración de su predecesor, Enrique Peña Nieto.
En Francia, el periódico 'Le Monde' alertó que el número del presidente Emmanuel Macron figuraba en la lista negra, lo que obligó al mandatario a cambiar de línea telefónica. Según el 'Washington Post' también estaban incluidos los teléfonos de los presidentes de Sudáfrica e Irak, pero no se pudo determinar si estos celulares llegaron a ser pirateados.
En respuesta a la investigación, NSO Group se deslindó del escándalo argumentando que las conclusiones del informe sobre el espionaje telefónico eran falsas, con suposiciones equivocadas y teorías no corroboradas.
“El Proyecto Pegasus pone al descubierto que el software espía de NSO es el arma preferida de los gobiernos represivos que intentan silenciar a periodistas, atacar a activistas y aplastar la disidencia, poniendo en peligro innumerables vidas”, manifestó Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
En la investigación que destapó el descomunal espionaje, participaron 17 grupos de medios de comunicación, la organización sin fines de lucro Forbidden Stories, Amnistía Internacional y expertos en ciberseguridad.
El segundo gran escándalo de 2021 fue bautizado como los Papeles de Pandora, y está relacionado con la evasión fiscal a gran escala. En esta ocasión, fue el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) el que reveló, tras una exhaustiva investigación, cómo líderes mundiales, ejecutivos empresariales, deportistas y celebridades ocultaron 11. 3 billones de dólares en más de 29 mil empresas offshore, ubicadas en países o territorios con una fiscalidad favorable.
En lo que supuso una de las mayores filtraciones de datos de la historia, casi 12 millones de documentos, la investigación puso al descubierto cómo 336 políticos y altos ejecutivos crearon casi mil empresas fantasmas para ocultar sus inversiones en lujosas mansiones, propiedades exclusivas en primera línea de playa, yates y otros activos financieros durante el último cuarto de siglo.
La mayoría de las empresas ficticias estaban registradas en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso para la evasión fiscal. Según los documentos de ICIJ, el rey Abdalá II de Jordania creo al menos 30 sociedades offshore para adquirir propiedades de lujo en Estados Unidos y Gran Bretaña por más de 106 millones de dólares.
El multimillonario primer ministro en funciones de Chequia, Andrej Babis, y el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, habrían utilizado también empresas tapadera en paraísos fiscales para financiar grandes compras y depositar fondos en fideicomisos.
Entre otras personalidades implicadas en los documentos se encuentran también el ex primer ministro del Reino Unido Tony Blair, la cantante colombiana Shakira, la modelo alemana Claudia Schiffer y la leyenda del críquet indio Sachin Tendulkar.
La mayoría de los aludidos negaron su participación en los hechos y atribuyeron la denuncia a una campaña de difamación.
Resalta en el listado la presencia de líderes latinoamericanos relacionados presuntamente con la creación de empresas offshore, ya que de los 336 políticos señalados por las pesquisas de ICIJ, 90 pertenecen a América Latina.
"Los documentos incluían pasaportes, extractos bancarios, declaraciones de impuestos, registros de constitución de empresas, contratos inmobiliarios y cuestionarios de diligencia debida. También había más de 4. 1 millones de imágenes y correos electrónicos en la filtración", señaló el consorcio de periodistas independientes en referencia al material que sirvió para detectar las grandes sumas desviadas.
A pesar de las evidencias acumuladas sobre el espionaje a gran escala realizado a través del programa Pegasus y la creación de empresas offshore para ocultar grandes inversiones, las consecuencias legales de estas revelaciones para los afectados serán escasas o nulas, aunque algunos países hayan manifestado su intención de abrir investigaciones al respecto.
