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Bruselas
Cuando se trata de sustraer información para saber en qué pasos andan los defensores de los derechos fundamentales, los servicios de espionaje no tienen escrúpulos.
Entre las tácticas empleadas por agentes al servicio del Estado, figura la intervención de comunicaciones, la vigilancia a discreción, la intromisión en los perfiles en redes sociales y hasta la construcción de relaciones íntimas que terminan siendo parte de una operación de ficción.
Uno de los últimos escándalos que ha conmocionado a la sociedad civil sacude las estructuras de las policías de Gales e Inglaterra. De acuerdo con dos casos divulgados por la cadena británica BBC, agentes encubiertos habrían obtenido información sobre grupos de activistas a través del establecimiento de relaciones de amor con las víctimas que espiaban. Los oficiales aparentaron un afecto genuino con sus víctimas, cuando en realidad todo era una farsa. “El que los blancos potenciales no se den cuenta del espionaje hasta mucho después, no nos sorprende”, dice a EL UNIVERSAL Adam Shapiro, de Front Line Defenders, una organización especializada en dar visibilidad y protección a quienes a través de su trabajo contribuyen a la defensa de los derechos humanos en sus comunidades.
“No es raro que la policía de Reino Unido y de Estados Unidos se infiltre entre los activistas; en Estados Unidos esta actividad se remonta por lo menos a la década de 1960”, continúa. Las operaciones, explica, son realizadas a través de espías al servicio de agencias de seguridad o la contratación directa de “mirones”, quienes reportan con periodicidad sobre las actividades internas de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
Aunque precisa: el uso de espías e informantes es una práctica “bastante común” en todo el mundo.
Pone de ejemplo el caso de la colombiana defensora de derechos humanos, Claudia Julieta Duque, quien ha padecido una campaña de vigilancia y tortura sicológica desde 2001, cuando comenzó a investigar la muerte del periodista Jaime Garzón y la supuesta participación del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Tras divulgar sus pesquisas, el gobierno colombiano ofreció protección, pero más tarde descubrió que los agentes asignados eran espías encubiertos del DAS.
Los oficiales asignados, en lugar de ver por su bienestar, informaban sobre sus actividades, al tiempo que ejecutaban una campaña de intimidación y acoso.
Otro modus operandi, menos usual, consiste en infiltrar agentes en las estructuras operativas de las ONG. Afirma que los servicios de seguridad israelíes frecuentemente emplean a infiltrados conocidos como musta’arabeen, para escabullirse dentro de los grupos palestinos y movimientos de protesta, con el objetivo de incitar a la violencia y realizar arrestos.
El poder del spyware
“Pero hoy en día la forma más común de espionaje es uso de tecnologías, como el spyware [programa malicioso utilizado para sustraer información de una computadora a distancia]”, asegura. Está el caso del destacado activista Ahmed Mansoor, condenado a 10 años de prisión por el Tribunal Supremo Federal de Emiratos Árabes Unidos (EAU). Fue sentenciado por usar las redes sociales para “publicar información falsa en perjuicio de la unidad nacional”.
De acuerdo con el Laboratorio Ciudadano de la Universidad de Toronto, Canadá, el dossier de Mansoor evidenció cómo son utilizados los spyware: en este caso, el gobierno de EAU atacó con un Trident para infectar teléfonos celulares y así sustraer los secretos de los dispositivos de los defensores. “También hay quienes han sido atacados con el software Pegasus, como ocurrió en México contra periodistas y activistas”, asegura el investigador.
La última denuncia recibida por Front Line Defenders involucra a activistas y periodistas estadounidenses que trabajan en la crisis migratoria en la frontera Tijuana-San Diego. Autoridades mexicanas y estadounidenses habrían trabajado conjuntamente en la recopilación de inteligencia empleando tácticas de espionaje.
Este incidente ha forzado la intervención de los senadores Ron Wyden y Chuck Grassley, quienes en febrero pasado solicitaron una explicación al titular de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU (CBP por sus siglas en inglés), Kevin McAleenan.
“A menos de que la CBP tuviera motivos para creer que las personas en cuestión estuvieron incitando a la violencia o al conflicto físico, es profundamente preocupante que al parecer la CBP se esté fijando como objetivo a periodistas estadounidenses en nuestra frontera”, sostiene la comunicación firmada por los senadores el pasado 11 de marzo.
