El gobierno español de Mariano Rajoy tendió ayer un puente al presidente catalán, Carles Puigdemont, al sugerir que renunciará a suspender la autonomía si convoca elecciones regionales. Por su parte, el presidente catalán advirtió que si se inicia el proceso de suspensión de la autonomía, declarará formalmente la independencia.
Una fuente del gobierno español confirmó que no invocarían el Artículo 155 de la Constitución, que prevé la suspensión de un gobierno autonómico si éste desobedece la ley, si el mandatario catalán llama a comicios. “La única vía que tiene el señor Puigdemont es restaurar la legalidad vigente y, desde el punto de vista político, adelantar las elecciones”, dijo el líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, quien está en contacto permanente con Rajoy para pactar la respuesta al órdago independentista catalán.
Cuando le preguntaron si la convocatoria de elecciones acabaría con la posibilidad del 155, Sánchez respondió: “Sin duda”.
Hoy vence el plazo definitivo para que Puigdemont aclare al gobierno de Rajoy si declaró o no la independencia en una confusa sesión en el Parlamento catalán. En un primer plazo, que concluyó el lunes, Puigdemont se limitó a ofrecer diálogo.
La vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo ayer en el Congreso que no atender el requerimiento del gobierno español, “hará que el señor Puigdemont provoque la aplicación del articulo 155” de la Constitución. “Actúe con sensatez”, le pidió Rajoy.
Fuentes del gobierno de Puigdemont consideraron la oferta como un “chantaje inaceptable” y dijeron que activar el 155 llevaría a una declaración formal de independencia.
Marta Pascal, la coordinadora del partido de Puigdemont, el PDCat (conservador e independentista), aseguró a periodistas que si se activa el 155 “pediremos al presidente que levante la suspensión” de la declaración de independencia. Que la proclame inmediatamente le exigen sus aliados de la CUP —la extrema izquierda independentista—. Los 10 diputados de esta formación son esenciales para la supervivencia del gobierno catalán.
El clima se mantenía tenso desde que lunes fueron encarcelados a la espera de un juicio por sedición dos líderes independentistas, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, una decisión judicial que fue contestada con movilizaciones en toda Cataluña el martes.
El responsable de Relaciones Exteriores del gobierno catalán, Raúl Romeva, dijo en Bruselas que la opción de adelantar elecciones “no está sobre la mesa”. Sin embargo, una fuente bajo anonimato del gobierno catalán dijo que la convocatoria “no está en nuestras prioridades, pero no vamos a tomar una decisión” en un sentido u otro, hasta conocer los pasos que da el gobierno español el jueves.
El gobierno español podría solicitar la aplicación del artículo 155 al Senado, donde el Partido Popular de Rajoy tiene mayoría absoluta, pero harían falta entre tres y cinco días para tramitarla y votarla.
Rajoy evalúa la posibilidad de convocar a un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar el 155, que podría realizarse este sábado.
Ni la vicepresidenta ni Rajoy aclararon qué medidas concretas significará el uso de ese artículo de la Constitución de 1978 que nunca hubo que usar a fondo, pero los partidos de la oposición que apoyan la medida, el Partido Socialista y Ciudadanos, quieren desemboque en la convocatoria de elecciones regionales.
Juristas señalaron a la agencia AFP que la activación del artículo permitiría tomar el control de los órganos políticos y administrativos de la comunidad autónoma rebelde, implicaría la suspensión temporal de la autonomía de la región y podría significar la sustitución de funcionarios y cargos electos.