Madrid.- El anuncio del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de que España va a reconocer a Palestina como Estado el próximo 28 de mayo cumple una promesa política, aunque no despeja algunos interrogantes sobre las consecuencias prácticas que tendrá.
Arabia Saudí y Qatar urgieron a los gobiernos del mundo a que sigan la estela de España, Noruega e Irlanda y se apresuren a reconocer el Estado de Palestina, algo que alegaron contribuirá a alcanzar la "paz justa y permanente" en Medio Oriente.
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El Gobierno español de coalición progresista, integrado por el partido socialista y el grupo de izquierda Sumar, se comprometió a aprobar dicho reconocimiento, en línea con la proposición no de ley acordada en el Congreso en 2014 por la mayoría de los grupos políticos, incluido el conservador Partido Popular.
La situación en Palestina tras los ataques terroristas de Hamas en territorio de Israel el 7 de octubre pasado y la respuesta del ejército de este país en la Franja de Gaza, que ha causado más de 35 mil muertos, empujó al Gobierno de Sánchez a dar el paso definitivo con el fin de presionar a una solución al conflicto de Oriente Próximo.
Reconocer a un nuevo Estado requiere que haya una población definida, un territorio delimitado y un gobierno que ejerza la autoridad sobre él. “En el caso de Palestina, ningún supuesto se cumple ahora porque no existen fronteras internacionalmente establecidas”, apunta a EFE el profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Eduardo Trillo.
De igual modo, apunta Trillo, no hay un gobierno que tenga el control sobre todo el territorio palestino -Cisjordania y la Franja de Gaza-, puesto que en el primero lo ejerce la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y en el segundo, lo tenía Hamas hasta la guerra con Israel y es una facción a la que España no considera interlocutora.
Según Trillo, no es algo que España tenga que concretar, porque Palestina carece de unos límites definidos según el derecho internacional.
Por ello, añade el profesor de la UNED, más a que a nivel jurídico, el reconocimiento debe ser interpretado como “un empuje político al proceso de paz y un apoyo al derecho de autodeterminación del pueblo palestino”.
España puede a partir de ahora formalizar las relaciones políticas con Palestina y firmar tratados internacionales, entre otras iniciativas.
Hasta ahora, España tiene suscrito un memorando de entendimiento de cooperación desde 1994 por el que se canaliza la ayuda humanitaria al pueblo palestino y otro para el establecimiento de consultas políticas desde 2012.
Es una medida discrecional del Gobierno, según la profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea, Beatriz Gutiérrez. A día de hoy, es el Consulado General de España, situado en Jerusalén, el que ejerce como "embajada" y canaliza la relación con la ANP.
Entre los interrogantes, añade Gutiérrez, está si España daría el paso de reconocer a Jerusalén como capital palestina, algo que hasta ahora no ha hecho.
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La ANP cuenta con una oficina en Madrid, que desde 2010 tiene rango de misión diplomática -antes era "delegación"- y sus locales tienen inviolabilidad.
El responsable de la oficina ejerce de embajador en la práctica y participa en las recepciones del rey de España al cuerpo diplomático. En su web, se habla de "La Embajada de Palestina en España".
El conflicto bélico entre Israel y Hamas dificulta dar contenido al reconocimiento estatal de Palestina. “Hasta que no acabe la guerra, es difícil hacer una perspectiva de los efectos prácticos. Es pronto para ver cómo se va a gestionar”, señala la profesora de la Universidad Europea, quien conviene en que la medida adoptada por España debe ser vista, sobre todo, desde "un punto de vista simbólico más que jurídico".
mcc