El Congreso de España aprobó este jueves una controvertida ley de amnistía para quienes participaron del intento independentista de Cataluña en 2017. La decisión acerca el regreso a suelo español de la figura más conocida de ese proceso, el expresidente catalán Carles Puigdemont, quien huyó del país ese mismo año.
Aunque todavía faltan varios pasos para que se apruebe el proyecto de ley, a grandes rasgos este borra las responsabilidades penales, administrativas y contables de todo aquel relacionado con el proceso independentista. En otras palabras, quienes hayan sido condenados, procesados e investigados serán amnistiados.
La votación fue aprobada con 178 votos a favor y 172 en contra en medio de un ambiente político en España cada vez más crispado, y cuando la derecha acusa al presidente Pedro Sánchez de hacer concesiones ante los partidos independentistas en el Parlamento solo para lograr mantenerse en el poder.
A continuación, en cuatro claves le explicamos los puntos más importantes de este proyecto, cuánto falta para ser aprobado definitivamente y cuáles son los temas que más polémica causan.
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La futura ley, que debería beneficiar a unas 400 personas, pretende llevar a los tribunales a retirar los cargos y condenas contra activistas y dirigentes independentistas por su implicación en el intento de secesión de Cataluña en 2017, una de las peores crisis políticas de la España contemporánea.
La amnistía se aplicaría entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023, y beneficiaría, entre otros, a los responsables del referéndum de "autodeterminación" del 1 de octubre de 2017 y de la declaración unilateral de independencia posterior, anulados por el Tribunal Constitucional español.
Por esos hechos, fueron condenados a prisión nueve líderes independentistas catalanes en 2019, mientras que Puigdemont, artífice principal del proceso independentista, había huido a Bélgica para eludir la acción de los tribunales españoles.
Una vez aprobada la amnistía definitivamente, se abriría la posibilidad de que el dirigente independentista regresase a España libre de cargos. Según el Gobierno, también serían amnistiados en torno a 90 agentes de seguridad investigados por las cargas policiales con que trataban de impedir por orden judicial el referéndum citado.
Luego de su aprobación en el Congreso de los Diputados, el texto pasará ahora al Senado, controlado por el conservador Partido Popular (PP), cuya oposición frontal a la norma hará que trate de demorar el trámite hasta los dos meses máximos autorizados, después de los cuales la ley tendrá que regresar a la cámara baja para su aprobación definitiva.
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La ley es respaldada por la coalición de gobierno (que incluye al PSOE y Sumar), el resto de los movimientos de izquierda, las fuerzas nacionalistas e independentistas catalanas y vacas. Los conservadores del PP y Vox se oponen con firmeza.
Hace casi tres años, Sánchez ya indultó a nueve independentistas condenados por su participación en la tentativa separatista, aunque durante la campaña para las legislativas del pasado julio aseguró que se oponía a una amnistía.
Tras los comicios, acabó cambiando de opinión, ya que los resultados convirtieron en esencial el apoyo de los catorce diputados de las dos formaciones independentistas catalanas -Juntos por Cataluña (Junts) e Izquierda Republicana de Cataluña (ERC)-, para lograr su investidura.
Este cambio de posición le ha valido duras críticas por parte del PP, quien acusa a Sánchez de dar concesiones a cambio de permanecer en el poder.
"Esta ley se va a aprobar porque es la única forma que tuvo el señor Sánchez de ser presidente del Gobierno, y (...) porque es la única forma que tiene el señor Sánchez de seguir un tiempo más de presidente del Gobierno", le reprochó en el Congreso el líder de la oposición y del PP, el conservador Alberto Núñez Feijóo.
Sin embargo, Sánchez califica esto como "un paso valiente y necesario hacia el reencuentro". "Abrimos un tiempo nuevo de convivencia y prosperidad en Cataluña", añadió Sánchez, sobre esta ley apostillada de "amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña”.
Como expresidente regional de Cataluña, Puigdemont decidió llevar a las urnas a los catalanes para decidir la independencia de la región, pese a las advertencias de que violaba la Constitución, según advirtió el entonces jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy.
Tras un polémico conteo que le dio una ventaja al secesionismo en 2017, Puigdemont declaró la independencia de Cataluña y luego la suspendió momentáneamente. Pero Rajoy intervino el gobierno regional, el Tribunal Constitucional anuló el referendo de independencia y la justicia española llevó a varios dirigentes separatistas a la cárcel, mientras que otro puñado –entre ellos Puigdemont– huyó de España y aún recaen sobre ellos órdenes de captura.
*Con EFE y AFP
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