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El gobierno español anunció ayer que seguirá adelante con la intervención de la autonomía de Cataluña para frenar la amenaza independentista. El Consejo de Ministros decidirá el sábado qué competencias catalanas suspenderá. Esta acción en el autogobierno de una comunidad representaría la mayor crisis institucional de la democracia en el país europeo.
Ayer venció el plazo que el gobierno del conservador Mariano Rajoy ofreció al presidente catalán, Carles Puigdemont, para “volver al orden constitucional” y retractarse de su discurso del 10 de octubre ante el Parlamento catalán. Ese día aseguró que dejaba en suspenso un “mandato popular” para declarar la independencia como resultado del referéndum del 1 de octubre, que el Estado español no reconoce.
Puigdemont anunció que la independencia no fue declarada el 10 de octubre, pero que el Parlamento procederá a “votar la declaración formal” si el Estado “persiste en impedir el diálogo y continuar la represión”. El gobierno español respondió a la carta de Puigdemont asegurando que considera “tramposo” su ofrecimiento de diálogo.
El portavoz Íñigo Méndez de Vigo declaró que, visto que el mandatario catalán no abandona el plan independentista, “se continuará con los trámites previstos para restaurar la legalidad en Cataluña”.
La intervención se realizará mediante el artículo 155 de la Constitución española, que permite suspender todos los poderes de una autonomía que el Estado considere necesarios para restablecer la legalidad. El Consejo de Ministros se reunirá el sábado para determinar cuáles son esos poderes. Posteriormente, el gobierno necesita la aprobación del Senado. El gobernante Partido Popular tiene la mayoría absoluta en esta cámara, pero quiere sumar el apoyo del Partido Socialista (PSOE).
Los socialistas anunciaron que apoyarán al gobierno, aunque su portavoz José Luis Ábalos declaró que desean que la “intervención” del gobierno catalán sea “muy, muy limitada” y “lo más breve posible”. Ambos partidos saben que la medida sería altamente impopular en Cataluña y podría desencadenar protestas.
Para aplicar el artículo 155, Rajoy debe detallar las capacidades concretas del gobierno catalán que necesita suspender (por ejemplo, traspasar al gobierno central el control de la policía autonómica o la capacidad para convocar elecciones).
El permiso del Senado serviría sólo para activar las medidas requeridas y no otras. La mesa del Senado se reunirá el sábado tras el consejo de ministros para organizar los trámites. Éstos se prolongarían hasta el viernes 27 de octubre o el lunes 30. A partir de ese momento podría hacerse efectiva la intervención de Cataluña.
El gobierno de Rajoy no quiere acelerar estos plazos para ofrecer a Puigdemont una última posibilidad. La aplicación del artículo 155 sólo parece que podría detenerse si el presidente catalán disuelve su Parlamento y convoca a elecciones. Igualmente, si el gobierno central suspendiera la autonomía, también convocará a otros comicios.
El principal problema del plan español es el anuncio de Puigdemont de que, si se inician los trámites del 155, el Parlamento catalán declarará la independencia. Puigdemont había evitado proclamar una república catalana porque los sectores más moderados de su partido, el PDeCAT, se resistían a la ruptura institucional con España; sin embargo, la alta probabilidad de que el conflicto aboque a unas elecciones anima a los parlamentarios a ser más radicales.
El jefe de la oposición socialista española, Pedro Sánchez, se reunió en Bruselas con el titular de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, con quien abordó la crisis. Rajoy, quien también estaba en Bruselas para la cumbre de la Unión Europea, recibió el respaldo de ésta. En Barcelona, las personas mostraban hartazgo ante una crisis que se prolongaba. “Estoy saturado, de toda esta historia. Todos los días es un plazo importante y una fecha muy importante”, dijo Albert Puig, informático de 35 años.
