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El gobierno español anunció ayer que recurrirá ante la justicia la candidatura del independentista Carles Puigdemont para volver a presidir Cataluña, alegando que pesa sobre él una orden de detención por su papel en la fallida secesión de esta región española.
El gobierno prevé “interponer ante el Tribunal Constitucional la impugnación de la resolución (...) que propone a la Cámara al diputado Carles Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat”, el ejecutivo catalán, informó en rueda de prensa la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.
El recurso podría ser presentado hoy mismo por el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, explicó la vicepresidenta. “El estatus jurídico actual del señor Puigdemont es incompatible con su comparecencia personal en la cámara [catalana para su investidura], ya que pesa sobre él una orden judicial de detención que debe hacerse efectiva tan pronto como entre en territorio español”, detalló Sáenz de Santamaría.
Si el Constitucional acepta a trámite el recurso, “conllevaría la suspensión” inmediata de su candidatura, explicó la vicepresidenta.
Antes de presentar formalmente dicho recurso, el gobierno pidió un informe a un alto órgano consultivo, el Consejo de Estado. En el documento, el Consejo de Estado validó los argumentos jurídicos pero no que la impugnación se haga de manera preventiva. No obstante, una fuente del ejecutivo español indicó a AFP que el gobierno tiene la intención de seguir adelante con el recurso, destacando que el informe “es preceptivo pero no vinculante”.
El líder separatista, en exilio voluntario en Bruselas desde finales de octubre para esquivar la investigación en su contra por rebelión y sedición, es el único candidato a presidir Cataluña. Cesado por el gobierno de Rajoy tras la fallida declaración de independencia hecha por el parlamento catalán el 27 de octubre, Puigdemont exige garantías para poder regresar a la sesión de investidura, convocada ayer por el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, para el martes 30 de enero.
Sin embargo, si Puigdemont vuelve a España se arriesga a ser detenido y puesto en prisión provisional, al igual que se encuentran otros líderes independentistas.
Por ello, ha elevado la posibilidad de ser investido telemáticamente, algo a lo que se opone de frente el gobierno de Rajoy.
Dentro de las herramientas para frenar la posible investidura de Puigdemont, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría dijo que el gobierno español también elevó una consulta al Consejo de Estado sobre la posibilidad de elegir a un candidato “que no esté presente en la cámara”. Esto permitiría también al gobierno impugnar eventualmente ante el Constitucional una investidura telemática, en caso de producirse.
