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El gobierno español aprobará un anteproyecto de modificación de la ley del aborto que incluirá la baja laboral en caso de menstruaciones dolorosas, con coste a cargo de la Seguridad Social desde el primer día y con la duración que necesite cada mujer.
Esto convertirá a España , si el Parlamento avala posteriormente la reforma, en el primer país europeo que lo reconoce como derecho y uno de los pocos del mundo.
Será posible, indicaron este viernes fuentes gubernamentales, gracias a un acuerdo entre los ministerios de Igualdad, que ha llevado la iniciativa en este asunto, y el de Seguridad Social.
Estos departamentos han mantenido alguna discrepancia y un debate de matices en el seno del Ejecutivo, una coalición de izquierdas entre el Partido Socialista (PSOE) y Unidas Podemos (UP).
"Vamos a reconocer por ley el derecho de las mujeres con menstruaciones dolorosas a una incapacidad temporal especial que será costeada por el Estado desde el primer día", confirmó hoy la ministra de Igualdad, Irene Montero (UP), en Twitter.
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Así, explicaron las fuentes, las bajas no serán asumidas por las empresas, ni se exigirá un mínimo cotizado a la Seguridad Social como en otras incapacidades temporales comunes, según la propuesta que el gobierno aprobará el martes próximo.
La ley, además, garantizará la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública y acaba con la exigencia del consentimiento paterno para las chicas de 16 y 17 años, entre otras medidas.
A la cabeza en Europa
Hasta el momento, las medidas que más se acercan en España a esta propuesta son las adoptadas por un puñado de ayuntamientos.
En Europa no existe como tal ese derecho. En Italia se presentó una propuesta de ley en ese sentido en 2016, pero nunca llegó a aprobarse; en Francia no hay nada oficial, pero sí es un asunto que se debate, y en Alemania las mujeres pueden pedir la baja por dolores menstruales, pero depende del criterio médico.
Sí está reconocido en Japón desde 1947, Corea del Sur, Indonesia y Zambia, desde hace años.
El caso es que el ministerio de Igualdad ya manifestó hace unos meses la intención de reconocer el derecho a la baja por dolor menstrual en la futura ley del aborto pero de momento, una parte del Ejecutivo, la socialista, se había mostrado cautelosa, mientras seguían las negociaciones.
También es algo que respaldaba la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (UP), si bien el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá (PSOE), matizó el jueves que este asunto estaba "en discusión" dentro del Ejecutivo.
Preguntado en una entrevista radiofónica, el líder de la oposición, el conservador Alberto Núñez Feijóo, comentó hoy que su posición es clara: "Las bajas laborales las dan los médicos" porque ellos "saben perfectamente en qué casos está indicada y cuándo no".
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Cuestiones médicas
Esto ha generado cierta polémica y debate en la esfera política y en los medios, en la calle y en las redes sociales en España, mientras expertos como ginecólogos y médicos de familia instan a no banalizar un problema que padecen muchas mujeres.
En declaraciones a EFE, el responsable de Salud de la Mujer de la Sociedad de Médicos Generales y de Familia, Lorenzo Armenteros, afirma que la menstruación dolorosa invalidante es un motivo de baja estipulado y que lo que quiere hacer la norma es dar la posibilidad de que pueda extenderse de forma habitual a quien la padece.
Alerta en contra de que este debate se convierte en una simplificación, pues "la mujer tiene suficiente responsabilidad -aduce- y el médico tiene el suficiente criterio para poder valorar si es necesario una baja cuando corresponda".
Además, detrás de reglas dolorosas puede haber problemas de salud como la endometriosis, los miomas uterinos, anomalías u otras patologías hormonales, entre otras, explica José Eduardo Arjona, de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO).
La directora de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, constata que una persona enferma no puede ir a trabajar y, como en otros muchos casos, en esta ocasión la sociedad, al tachar la menstruación de natural, no le da la importancia necesaria. Y valora que una iniciativa pública reconozca que determinados dolores son incapacitantes.
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ed
