Barcelona.— Por segunda noche consecutiva, ayer se registraron enfrentamientos violentos entre policías y manifestantes molestos porque una docena de líderes separatistas catalanes fueron declarados culpables, mientras España lanzó una investigación sobre un grupo que organiza las acciones y denunció la violencia “generalizada” en las protestas.
Miles de personas participaron en vigilias cerca de oficinas públicas en cuatro provincias de Cataluña, pero en la capital de la región, Barcelona, la policía arremetió contra los manifestantes luego de que algunos lanzaron petardos y objetos contra los agentes y patearon cercos temporales colocados para proteger un edificio. En total, hubo 74 personas lesionadas y cuatro detenciones.
Las vigilias, que también se realizaron en Girona, Lleida y Tarragona, así como en pequeños pueblos de Cataluña, fueron convocadas por la ANC y Omnium, organizaciones secesionistas cuyos líderes, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, fueron sentenciados el lunes a nueve años de prisión por sedición. Siete políticos también fueron sentenciados a prisión por cerca de una década en el fallo del lunes del Tribunal Supremo.
La mayoría de las manifestaciones improvisadas son en respuesta a una campaña en línea convocada por Tsunami Democrático, un grupo que no tiene líderes visibles y usa aplicaciones celulares de mensajes codificados para convocar a eventos pacíficos de desobediencia civil. El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, dijo que las autoridades indagan a la agrupación. Sobre la violencia en las protestas, el gobierno subrayó su reconocimiento a la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad, “algunos de cuyos agentes han resultado heridos en los disturbios”.
El gobernante de la región autónoma de Cataluña, Quim Torra, defendió las multitudinarias protestas por las sentencias de entre 9 y 13 años que calificó de inaceptables. El presidente independentista del Parlamento catalán, Roger Torrent, dijo que las condenas a los políticos abren “un nuevo ciclo”, en el que deberán forzar al gobierno español a negociar un referéndum.
