San José.— Con casi 70 muertos por la represión policial y paramilitar tras 29 días de violencia política, estudiantes, trabajadores y empresarios nicaragüenses acudirán hoy en Managua a un diálogo con el gobierno de Nicaragua para estrechar el cerco sobre el presidente, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, en una “mesa de rendición” para exigir que abandonen el poder y reabrir la vía de la democratización interna.
Con la presencia de Ortega y en una incesante acoso callejero a los opositores de cuerpos policiales y de paramilitares del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el diálogo se instalará a las 10:00 horas locales (11:00 horas en el centro de México) en un seminario católico capitalino. Las pláticas se harán con mediación de la jerarquía católica local.
“Estará ahí nuestro presidente, estaremos nosotros” y otros delegados oficiales bajo las reglas de los mediadores en “este evento histórico”, anunció ayer Murillo, al asegurar que el gobierno discutirá “con buena intención”.
Pero la cúpula católica y el movimiento de estudiantes (universitarios y de secundaria), empresarios y obreros advirtieron que el diálogo se iniciará sin condiciones idóneas, ya que ayer y en días previos prosiguió la represión de las fuerzas oficialistas contra los grupos que, desde el 18 de abril pasado, se lanzaron a las calles a protestar contra la pareja presidencial. El detonante de la crisis fue una reforma a la seguridad social que Ortega debió derogar por el masivo repudio popular.
“Esto será una mesa de rendición para que el gobierno se vaya y desaparezca”, alertó el universitario nicaragüense Víctor Cuadas, dirigente del Movimiento 19 Abril, al reafirmar que el trasfondo del diálogo deberá ser el fin del gobierno y la democratización del país.
Ortega, quien en 2007 asumió el primero de sus tres quinquenios consecutivos que debería concluir en 2022 tras comicios acusados de fraudulentos, accedió el pasado lunes a una exigencia de la Conferencia Episcopal de Nicaragua de permitir el ingreso al país de una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a “observar” la situación de derechos humanos. Murillo abogó por “un clima propicio” para el diálogo “en condiciones apropiadas” para buscar soluciones, pero la represión siguió ayer en varias ciudades. El dúo gobernante sólo reconoció 10 muertos en las protestas, pero organizaciones no estatales de derechos humanas aportaron cifras cercanas a los 70.
Ayer, policías antimotines enfrentaron a ciudadanos de un barrio de la ciudad sureña de Masaya, que protegían un supermercado de saqueos. En el norte hubo choques que dejaron más de 10 heridos, según diversas fuentes.