Lima.— El líder del Congreso peruano, Manuel Merino, asumió ayer como presidente en medio de protestas y temores de los mercados, al día siguiente de que fuera destituido el popular mandatario Martín Vizcarra.
“Juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos que ejerceré fielmente [el cargo de presidente]”, declaró Merino, un ingeniero agrónomo centro-derechista de 59 años, casi desconocido para los peruanos.
Se convirtió así en el tercer presidente desde 2016, reflejo de la fragilidad institucional que ha caracterizado al país desde su independencia en 1821.
Mientras rendía protesta, en las calles aledañas al Congreso, en Lima, se registraban manifestaciones en contra la destitución de Vizcarra, con choques entre manifestantes y policías, así como cacerolazos en diversos barrios de la capital.
Además, había protestas en otras ciudades como Arequipa y Cusco, según medios locales.
“Nuestro primer compromiso (...) es respetar el proceso electoral en marcha. Nadie puede cambiar la fecha de las elecciones convocadas el 11 de abril de 2021”, dijo Merino, con la banda presidencial bicolor en el pecho, en su primer discurso ante el Congreso, en el que prometió “imparcialidad en el proceso electoral”.
Merino negó haber comprado votos para destituir a Vizcarra e hizo un llamado a la unidad nacional; además prometió que dejará el mando el 28 de julio de 2021, día en que finaliza el actual periodo de gobierno.
Aprovechó para criticar el manejo de la pandemia por parte del anterior mandatario, diciendo que este es “el país con peor manejo del Covid-19”.
Con casi 33 millones de habitantes, Perú acumula 923 mil contagios por coronavirus y 35 mil muertos, pero es la segunda nación con mayor tasa de mortalidad en el mundo en comparación con la densidad de su población (105.9 por cada 100 mil habitantes), según la Universidad estadounidense Johns Hopkins.
Tras el discurso, Merino se dirigió en auto al palacio de gobierno, a pocas cuadras del Congreso, donde recibió honores de un batallón de caballería del ejército.
En contratse, Vizcarra cuestionó la “legalidad y legitimidad” de su sucesor Merino, luego que éste asumiera el poder. “Tengo preocupación, como la tienen muchos peruanos, porque una autoridad para poder ejercer su autoridad necesita dos principios y condiciones básicas: legalidad y legitimidad”, aseveró Vizcarra al día siguiente de ser destituido por el Congreso por “incapacidad moral”.
“La legalidad está en tela de juicio porque todavía el Tribunal Constitucional no se manifestó y la legitimidad la da el pueblo”, declaró el popular exmandatorio a los periodistas afuera de su casa, en Lima.
El Tribunal Constitucional tiene pendiente resolver en diciembre una demanda para definir los alcances de la “incapacidad moral” que había presentado Vizcarra en septiembre cuando Merino echó a andar una primera moción de destitución en su contra y que no prosperó.
Vizcarra se comprometió a colaborar con la fiscalía en las investigaciones de las denuncias de que habría recibido sobornos en 2014 cuando era gobernador de la Moquegua, cargos que él niega y que sirvieron al Congreso de argumento para destituirlo.
“Obviamente yo quería estar [en la presidencia] hasta cumplir el plazo establecido por la Constitución, el 28 de julio de 2021, pero pareciera que finalmente la democracia se ha sustentado en la dictadura de los votos del Congreso”, lamentó.
“Regresaré a mi actividad profesional, yo siempre trabajo, no puedo dejar de hacerlo”, agregó, sin precisar si retornará a Moquegua, su tierra natal al sur del país.
Mientras Vizcarra declaraba, en las calles y plazas del centro histórico de Lima, la policía lanzaba gas lacrimógeno para dispersar a numerosos grupos de manifestantes.
Los enfrentamientos tuvieron lugar cerca del Congreso, donde fueron desplegados 600 elementos de seguridad. Varias personas resultaron heridas por perdigones disparados por los agentes, según el portal de noticias IDL Reporteros, aunque no precisó la cantidad. Al menos una treintena de personas fueron detenidas, dijeron las autoridades.
“La policía lo que está haciendo es controlarlos [a los manifestantes], pero al parecer estos señores están cometiendo actos violentos”, dijo el general José Luis Cayas a la radio RPP.
Agregó que la policía lanzó gas lacrimógeno para evitar los contactos entre inconformes y policías a fin de prevenir contagios por Covid-19. Amnistía Internacional exigió a las “autoridades peruanas detener la represión y garantizar los derechos”.