Austin, Texas.— Grupos de derechos civiles presentaron ayer una demanda contra el estado de Texas por la ley SB4, que permitiría a la policía detener a migrantes que crucen la frontera ilegalmente y a los jueces ordenar su deportación.
La medida fue criticada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien anunció que habrá impugnación; la Casa Blanca y legisladores llamaron al fiscal general Merrick Garland a impedir su entrada en vigor, el 5 de marzo.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), su filial en Texas y el Texas Civil Rights Project (TCRP), a nombre del condado de El Paso y dos grupos de ayuda a migrantes, argumentan en la demanda que la norma es anticonstitucional y viola la ley federal. La demanda fue presentada ante un tribunal federal en Austin, menos de 24 horas después de que el gobernador republicano Greg Abbott promulgó la ley en una ceremonia en la frontera, en Brownsville.
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“Esta ley vulnera principios constitucionales fundamentales y viola la ley federal de inmigración, mientras que perjudica a los texanos, particularmente las comunidades negras e hispanas”, declaró en un comunicado Adriana Piñón, directora legal de ACLU en Texas.
“Texas no tiene el poder de implementar sus propias leyes de inmigración”, sentenció Rochelle Garza, presidenta del TCRP. La ley convierte en delito grave el ingreso de migrantes indocumentados al estado, punible con hasta 20 años de prisión en caso de reincidencia.
La ACLU emitió una alerta de viaje a Texas por la posibilidad de un aumento de casos de detención injusta y deportación. Las leyes que firmó Abbott, indicó, “amenazan la seguridad y los derechos de las personas que viajan a Texas, independientemente de su estatus migratorio”, sentenció.
Abbott firmó un paquete de tres leyes antiinmigrantes, entre ellas la SB4. Además de ésta, otra de las leyes asigna mil 540 millones de dólares para la construcción del muro fronterizo y el financiamiento de operaciones de seguridad en la región, incluyendo fondos a los departamentos de policía para aplicar la SB4, y la tercera ley crea una pena mínima de 10 años para personas encontradas culpables de tráfico de migrantes.
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“Señor de malas entrañas”
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció que impugnará la ley firmada por Abbott, a quien llamó “politiquero” y “señor de malas entrañas, un malo de malolandia”.
“Se está haciendo ya un trámite en [la Secretaría de] Relaciones Exteriores para impugnar esta ley”, indicó el mandatario, subrayando que las leyes sobre migración son facultad del gobierno federal de EU. Aseguró además que defenderá a los migrantes mexicanos de los efectos de la normativa, la cual, sostuvo, tiene tinte político y electoral.
La Casa Blanca también criticó la SB4. En rueda de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que la ley “demoniza” y “deshumaniza” a los migrantes y no aumentará la seguridad de las poblaciones texanas cercanas a la frontera con México. No aclaró si la administración de Joe Biden demandará al estado para frenar la legislación.
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Cuestionado sobre la posibilidad de que la ley termine en la Suprema Corte, Abbott dijo que espera que así sea, para que su estado “siente un precedente” y otros puedan imitarlo.
El representante demócrata por Texas Joaquin Castro, junto a una veintena de congresistas demócratas, pidió a Garland intervenir para frenar la ley. “Lo urgimos a ejercer su autoridad sobre la migración federal y la política exterior y a emprender las acciones legales que correspondan para evitar que esta ley inconstitucional y peligrosa entre en vigor”, señalaron en una misiva en la que describieron a la SB4 como la ley antiinmigrante “más extrema” de cualquier estado en EU.
En otra declaración, 30 exjueces migratorios tacharon la ley de inconstitucional y llamaron a impedir que entre en vigor.