Bruselas.— La contienda electoral rumbo al 2 de junio se desarrolla en Puebla, Estado de México y Veracruz en medio de un conflicto híbrido en el que caciques, grupos de interés y agrupaciones delictivas se disputan territorios y cuotas de poder, afirma la organización Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED).
Esto se está traduciendo en un aumento de la violencia letal contra aspirantes a cargo de elección popular, vinculada tanto a bandas criminales como a diversas manifestaciones de poder profundamente arraigadas en los estados, como sindicatos, autodefensas, caciques y poderosas familias estatales y locales.
“Aunque el Estado de México, Puebla y Veracruz no se encuentran entre los estados con mayores niveles de violencia política relacionada con el crimen organizado, estos no son inmunes a los grupos del crimen organizado y al uso de la violencia contra figuras políticas”.
“En la mayoría de los casos, los grupos armados implicados en la violencia política permanecen sin identificar, pero los datos de ACLED muestran que casi 40 grupos del crimen organizado operan en Puebla, y más de 20 en México y Veracruz”.
Según la información recaudada por ACLED, se trata principalmente de grupos locales implicados en el huachicol, el tráfico de drogas, el robo y la extorsión, aunque también hay grupos delictivos de mayores dimensiones que compiten por el control de las rutas del narcotráfico, en particular las que conectan con el puerto de Veracruz, y las que trasladan migrantes desde Chiapas y Tabasco.
“Esta competencia se ha traducido a menudo en ataques contra figuras políticas en intentos de cooptar a las autoridades locales o debilitar las conexiones políticas de los grupos rivales, durante los procesos electorales y fuera de ellos”.
La información aparece en un análisis elaborado por los expertos Tiziano Breda y Sandra Pellegrin, y que forma parte de un proceso de observación de los comicios en México.
La investigación alerta que “la combinación entre el elevado número de cargos públicos en juego y las continuas disputas violentas entre grupos del crimen organizado representa el riesgo de crear una mezcla letal para las elecciones de 2024 en el Estado de México, Puebla y Veracruz”.
Señala que es más probable que esto ocurra en Puebla y el Edomex, donde los ciudadanos votarán en 3,836 contiendas municipales, un número que representa alrededor del 20% de todas las contiendas a nivel nacional.
Luego de un descenso sostenido de la violencia armada en el Edomex, repuntó durante el primer trimestre del presente año, especialmente en Ecatepec y Tultitlán.
“Mucho más preocupante, sin embargo, es la situación en Puebla, donde la violencia relacionada con agrupaciones criminales ha ido en aumento desde 2021, particularmente en la capital, así como en Amozoc y Tehuacán”.
En tanto que en Veracruz la competencia criminal sigue siendo muy elevada. “Ciertamente los eventos violentos relacionados con bandas delictivas disminuyeron en 13% en 2023 en comparación con 2022, pero el número de víctimas mortales aumentó 9%”.
Uno de los focos de mayor tensión, destaca, es el municipio de Poza Rica, epicentro de una guerra territorial entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y lo que resta de los Zetas para controlar el negocio del robo de hidrocarburos.
Pero la violencia contra autoridades de administración pública, incluyendo candidatos y precandidatos no viene exclusivamente de las filas de la delincuencia organizada, también de grupos locales de poder, aunque determinar su implicación directa “sigue siendo difícil debido a los altos índices de impunidad”.
La violencia del poder local se manifiesta a través de movilizaciones masivas, la creación de turbas para coaccionar a los adversarios políticos o a quienes se oponen a sus intereses.
Igualmente, tiene lugar en forma de disturbios, saqueos, destrucción de propiedades, incluyendo el robo y quema de urnas y balaceras contra la propiedad del candidato o instalaciones del partido opositor.
Después de Chiapas y Oaxaca, Puebla y Veracruz son las entidades que más eventos de este tipo registraron durante los años electorales de 2018 y 2021; el Edomex fue el séptimo.
El reporte indica que la mafia comenzó a infiltrarse en las estructuras estatales veracruzanas a principios de 2000, cuando el entonces gobernador Fidel Herrera abrió las puertas al Cártel del Golfo a cambio de apoyo a su campaña electoral. Hoy siete agrupaciones criminales controlan el 66% del territorio y a lo largo de 89 municipalidades.
Asegura que en Puebla, además del CJNG y la Familia Michoacana, las autoridades han identificado operaciones del cártel de Sinaloa y lo que queda de los Zetas; el robo de combustible es “la joya en disputa”.
En el Edomex, los Caballeros Templarios, la Familia Michoacana, Guerreros Unidos y el CJNG se disputan el control de las zonas de producción de opioides y marihuana en los municipios ubicados en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca.
Están enfrentados además con grupos menores por el control de las extorsiones y las rutas del narcotráfico en los alrededores de la Ciudad de México.