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Madrid
Plataformas anticorrupción denunciaron la indefensión que padecen los informantes de corruptelas en España, a pesar de que con sus acciones contribuyen a desenmascarar a los delincuentes.
Según las organizaciones que apoyan a los alertadores de estos comportamientos ilícitos, España es el único país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que no protege a los informantes a nivel estatal.
“Denunciar la corrupción en España se traduce en amenazas físicas, acoso laboral, despidos improcedentes o costosos procesos judiciales”, advierten en su comunicado.
“En definitiva, en un brutal y cruel enseñamiento por parte de este sistema corrupto. En este momento, la ley integral de protección de denunciantes de corrupción lleva dos años empantanada en el Congreso de los Diputados”, de acuerdo con los afectados.
Para las Plataformas anticorrupción la situación de muchos alertadores es preocupante, puesto que se encuentran en una situación de indefensión, exclusión y vulnerabilidad luego de propiciar la investigación policial de ilícitos que se producen en instituciones o también en las empresas.
Es el caso del mexicano Roberto Macías, a quien el sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) acusó ante los tribunales españoles por filtrar a los medios de comunicación registros contables sobre su presunto financiamiento ilegal, el cual podría superar los 70 millones de dólares.
UGT solicita para Macías, quien tiene también la nacionalidad española, una pena de cuatro años de prisión por revelación de secretos y el pago de 70 mil dólares en concepto de reparación del daño moral causado a la delegación sindical de Andalucía, en la que trabajó el mexicano, quien está a la espera de ser citado por el juzgado para la apertura de juicio oral.
“En Andalucía, la prensa se refiere a mi caso como la caza de brujas de UGT. Pues el sindicato montó una operación para cazar al filtrador, pero no adoptó ninguna medida contra ninguno de los dirigentes acusados por la justicia de participar en esta trama para desviar fondos públicos”, señala a EL UNIVERSAL Roberto Macías, quien asegura estar sufriendo un verdadero calvario desde que decidió destapar el escándalo en 2014.
El proceso le ha pasado factura en todos los aspectos, puesto que incluso necesitó ayuda sicológica para superar el trance.
“Me cerré todas las puertas”. “También perdí mi trabajo y tuve que recurrir a los medios de comunicación. Al salir en los medios me hice el harakiri porque gané en visibilidad, pero me he estigmatizado a nivel laboral porque mi nombre, cuando se buscan referencias, está vinculado a un macroescándalo de corrupción, lo que me ha cerrado todas las puertas”, indica luego de subrayar que en España no sólo no se premia la honestidad, sino que se criminaliza. “La corrupción cuesta a los españoles 90 mil millones de euros. Pero incluso con estas cifras de vértigo, el Estado se resiste a protegernos. Temo que en algún momento pueda ser condenado”, asegura el mexicano.
Macías se mudó a la ciudad de Sevilla por amor en 2004 y recientemente fue nombrado presidente de la Plataforma x la honestidad, una de las asociaciones anticorrupción que operan en España.
“Ante esta situación de desamparo, busqué la protección y asistencia de mi embajada [de México]. Pues no dispongo de los recursos, ni los medios económicos para enfrentar este proceso que ya dura cinco años, pero la embajada nunca ha querido apoyarme en nada”, lamenta.
La embajada de México en España rechaza las acusaciones de Macías y asegura que la protección y asistencia a los mexicanos en el exterior es una prioridad del Estado mexicano.
Macías interpuso un amparo en México, pero los tribunales mexicanos dictaminaron que las representaciones diplomáticas del país en España y en el exterior únicamente están obligadas a asistir a los ciudadanos mexicanos en caso de ser detenidos o privados de su libertad. Mientras en España la legislación para resguardar a los informantes de corrupción se encuentra atorada en el Parlamento, la Comisión Europea trabaja en una nueva directiva para protegerlos en toda Europa.
Con esta normativa que el Parlamento del bloque comunitario podría aprobar antes de las elecciones europeas de mayo, se busca establecer una serie de medidas para crear y salvaguardar canales de denuncia de corruptelas en empresas e instituciones y frenar cualquier represalia contra quienes los utilicen en aras del interés público.
