Bruselas— Las normas, procedimientos y controles en los Estados miembros de la Unión Europea (UE) para la adquisición y posesión de armas de fuego son considerados entre los más estrictos del mundo.
Los propietarios de las 25 mil licencias de posesión de armas emitidas en la Unión, tuvieron que pasar por diversas etapas, desde la revisión de sus antecedentes hasta exámenes médicos y teóricos; pero ante todo justificaron sus fines: educativo, cultural, histórico o deportivo.
A pesar de las restricciones legales, la Comisión Europea estima que más de 10 mil personas han perdido la vida o han quedado lesionadas por armas de fuego durante la última década, cifra a la que habría que añadir 4 mil suicidios por esta vía al año.
De acuerdo con el centro especializado Small Arms Survey, Francia registró el mayor número de muertes violentas por armas de fuego en 2016, 368; seguido por Italia, con 232; Alemania, con 82, y España, con 62.
La mayoría de las muertes son producidas por armas ligeras y de pequeño calibre, adquiridas en el mercado clandestino.
GunPolicy, un programa de investigación implementado por la Universidad de Sídney y apoyado por la Oficina de Asuntos de Desarme de Naciones Unidas, estima que en la comunidad circulan —con y sin permiso— unas 79 mil 800 armas de fuego, lo que equivale a 15.7 por cada 100 habitantes.
Muchas de las armas ilegales son heredadas de la Segunda Guerra Mundial, la gran parte rehabilitadas luego de su inutilización o convertidas de automáticas a semiautomáticas.
Otras proceden de los viejos arsenales de las fuerzas confrontadas en las guerras de los Balcanes durante los 90.
Material bélico utilizado por paramilitares, guerrilleros y civiles de la antigua Yugoslavia, se ha expandido por toda la UE a través de canales ilícitos, aprovechando la ausencia de controles al interior de la zona de libre circulación de personas y mercancías Schengen, indican documentos del Ejecutivo comunitario.
Los ataques yihadistas que han estremecido a la Unión Europea en los últimos años son una prueba de la facilidad con que estas armas son adquiridas en el Viejo Continente.
En enero de 2015, los hermanos Kouachi aterrorizaron la redacción del semanario Charlie Hebdo armados con fusiles de asalto VZ 58. AK-47 y pistolas Tokarev; tres meses después, también en Francia, Sid Ahmed Ghlam fue arrestado con un arsenal en su poder bajo la sospecha de planear ataques inminentes a iglesias.
En agosto de ese mismo año, fue frustrado el ataque planeado por Ayoub El Khazzani, con un fusil Ak-47 y una pistola Luger, en el trayecto del tren Thalys entre París y Ámsterdam; mientras que la noche del 13 de noviembre, un pelotón yihadista armado con rifles de asalto fue protagonista de una cadena de ataques en la capital francesa cobrándose la vida de 130 personas.
El pánico volvió a apoderarse de París en abril de 2017, cuando Karim Cheurfi, presuntamente en nombre del Estado Islámico, abrió fuego con un AK-47 en la famosa avenida Campos Elíseos, y mató a un policía.
Las indagatorias evidenciaron que en algunos casos se usaron armas que previamente habían sido inutilizadas; en otros, fueron artefactos ensamblados con componentes ilegales adquiridos vía internet.
La UE respondió a las lagunas puestas de manifiesto en los atentados terroristas, modificando la directiva sobre armas de fuego, un procedimiento iniciado en 2015. La nueva normativa entró en vigor el 13 de junio de 2017 y el plazo para su transposición en las leyes nacionales expira el 15 de septiembre de 2018.
“La modificación pretende introducir controles más estrictos para la utilización civil de las armas de fuego, mejorar la trazabilidad de la tenencia legal de armas e intensificar la cooperación”, indica la Comisión Europea.
En concreto, la nueva ley redujo de cuatro a tres la clasificación de tipo de armas, retirando del uso civil, por ejemplo, las cortas semiautomáticas cuyo cargador pueda contener más de 20 cartuchos.
La regulación para armeros y corredores fue reforzada, están obligados a informar “sin demora” sobre cualquier transacción efectuada, y las autoridades están obligadas a crear un fichero en el que almacenarán datos durante 30 años después de que se haya destruido un arma. Las ventas online sólo se autorizarán si se comprueba la identidad del comprador y el permiso correspondiente.
El reforzamiento legislativo no ha quedado exento de críticas por parte de organizaciones que defienden la posesión civil de armas, como la británica Countryside Alliance y la Confederación Europea de Tiro.
