El centroizquierdista Bernardo Arévalo de León —candidato del opositor partido Semilla a la Presidencia de Guatemala— dio a conocer que como gobernante atacará “los arreglos” que los cárteles mexicanos del narcotráfico internacional pactaron con la “clase política” y con “instituciones públicas de seguridad” de ese país, los cuales les permiten operar “con facilidad” en suelo guatemalteco al amparo de “narcodiputados” y “narcoalcaldes”.
En una entrevista con EL UNIVERSAL, Arévalo, sociólogo, antropólogo y favorito para ganar la segunda ronda de los comicios presidenciales guatemaltecos, prevista para el próximo 20 de agosto, aseguró que, más que con muros policiales o militares, el incesante fenómeno de migración irregular a Estados Unidos, vía México, sólo se resolverá si se erradica la pobreza.
De 64 años y casado, Arévalo lleva un apellido polémico en la historia del siglo XX de Guatemala. Su padre fue el educador Juan José Arévalo (1904-1990), presidente de 1945 a 1951 y figura clave de una primavera democrática que, en seguimiento a una junta revolucionaria de 1944, impulsó profundas reformas socioeconómicas internas.
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El ahora aspirante presidencial nació en Montevideo, Uruguay, porque sus progenitores migraron a un extendido exilio político forzado que los llevó también a México, Venezuela y Chile, luego de que el proceso que su padre apoyó en 1944 fue cortado en 1954 con una intervención armada de Estados Unidos en Guatemala.
La acción de EU derrocó al general Jacobo Arbenz (1913-1971), sucesor de Arévalo por vía electoral y acusado por Washington de comunista y de amenazar sus intereses económicos, e instaló en Guatemala un régimen militar derechista que gobernó por 32 años hasta que debió aceptar el paulatino retorno de la democracia en 1986.
Al cumplirse el año entrante el 70 aniversario de los hechos de 1954, el reloj de la historia podría colocar en la presidencia de esa nación, a partir del 14 de enero de 2014 y para un cuatrienio, al hijo de un protagonista de aquella trascendente fase política de Guatemala.
Con ese antecedente ideológico clave, Arévalo asustó a la derecha por su tendencia de izquierda y sorprendió a la clase política tradicional guatemalteca que desde 1986 también preservó el poder real en democracia formal.
El 25 de junio anterior, en primera vuelta electoral, Arévalo quedó segundo. La politóloga centroderechista Sandra Torres, de la opositora Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), ganó ese día y ambos pasaron a la contienda de agosto.
No obstante, Arévalo derrotó a la politóloga derechista Zury Ríos, del opositor partido Valor y respaldada por el bloque político tradicional de Guatemala. El padre de Ríos fue el general ultraderechista Efraín Ríos Montt (1926-2018), dictador en 1982 y 1983, y juzgado durante el siglo XXI por genocidio.
Vencida Ríos, surgió la reacción de un denominado Pacto de Corruptos, conjura partidista y empresarial de la derecha guatemalteca establecida en 2017 con apoyo militar para controlar los poderes Ejecutivo, Legis- lativo, Electoral y Judicial (incluida la Corte de Constitucionalidad), la Contraloría General y la Fiscalía General.
En un intento por sacar a Arévalo de la competencia al denunciar fraude para repetir la votación, partidos afines al pacto lograron que la Corte de Constitucionalidad ordenara el primero de este mes al Tribunal Supremo Electoral abstenerse de oficializar el resultado de junio y revisar el escrutinio, lo que abrió controversias legales y alertas de amenaza a la democracia.
Pero la Corte Suprema de Justicia sepultó anteayer las gestiones que dejaron la batalla electoral en suspenso y ordenó oficializar el resultado de la primera vuelta.
Como víctima de las frustradas maniobras de los viejos poderes, Arévalo se fortaleció rumbo a agosto entrante.
En entrevista con este diario, el candidato al que las encuestas nunca concedieron opciones de avanzar a la segunda etapa abordó asuntos controversiales, como migración y narcotráfico, tras superar la intentona para excluirlo del juego.
¿Estuvo en riesgo el futuro de la democracia ante los recursos judiciales para exigir un nuevo conteo de votos y denunciar fraude?
—Hubo una definición clara de la Corte Suprema de Justica ante esta aberración sin sustento legal. La Corte de Constitucionalidad no tenía competencia para intervenir. El cotejo de actas confirmó el resultado. Estos son intentos desesperados por bloquear, retrasar, alterar, la segunda vuelta. Las misiones extranjeras de observación fueron categóricas: las elecciones se realizaron de manera tranquila, pacífica, normal.
¿Puede decirse que el Pacto de Corruptos reaccionó por ser usted de centroizquierda?
—Efectivamente.
Es claro que el Pacto de Corruptos, que se dio cuenta el día de las elecciones que no tenía previsto ese resultado, ante la posibilidad de perder control absoluto de la maquinaria corrupta que ha desarrollado en las últimas dos décadas, recurrió a medidas desesperadas, seudolegales, que canalizó a instituciones de justicia que tiene cooptadas.
El temor del Pacto de Corruptos es que una victoria de Semilla en la segunda ronda va a lograr que (el pacto) pierda control del Poder Ejecutivo, pieza central en la maquinaria electoral de corrupción que ha desarrollado.
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Otro conflicto en Guatemala es el migratorio. México se convirtió en muro policial y militar para contener a los migrantes irregulares en ruta a Estados Unidos. ¿Cómo evalúa este escenario?
—Desafortunadamente el abandono en que el Estado guatemalteco, sus instituciones corruptas, han tenido a sus habitantes, ha generado niveles de pobreza que lo único que provocan es desesperación de gente que, para encontrar un futuro, va a migrar.
La migración hay que entenderla como problema de desarrollo: llevar medidas concretas de desarrollo a las zonas más pobres del país que generan y expulsan migrantes.
La atenderemos con el gobierno mexicano bajo el principio de garantías y respeto a los derechos humanos, y a la seguridad de las personas en tránsito. No dudo que tendremos buen marco de trabajo con México al respecto.
Según lo que usted dice, la respuesta no es ni policial ni militar.
—La única solución de raíz a la migración es el desarrollo. La razón por la que la gente huye de Guatemala es porque no hay empleo ni posibilidades de trabajo y ninguna asistencia [social]. La gente, para construirse una vida, huye del país.
La respuesta a largo plazo a la migración pasa por desarrollo económico y por esfuerzos por llevar ese desarrollo económico, de manera focalizada, a los lugares actualmente más afectados por la pobreza y el abandono.
Otro conflicto es el narcotráfico. Guatemala produce amapola, materia prima de la heroína, y hoja de coca, materia prima de la cocaína, y es puente de precursores químicos de Asia y Europa para reenviar a México, producir fentanilo (opioide sintético) y exportarlo a EU. Guatemala es base del narcotráfico mexicano. ¿Qué planteará ante este grave panorama?
— Los países no pueden enfrentar el flagelo del narcotráfico cuando son Estados corruptos con élites políticas corruptas que se prestan y se dejan comprar por esas bandas internacionales del narcotráfico, con poder económico gigante y que realmente son imparables.
Ese es uno de los problemas que hemos tenido en Guatemala: la facilidad con la que el narcotráfico mexicano opera en Guatemala es porque existen arreglos con políticos. Hablamos en Guatemala de ‘narcodiputados’, ‘narcoalcaldes’, de arreglos que tiene el narcotráfico [mexicano] con instituciones públicas, incluso con instituciones públicas de seguridad.
Todo eso ha sido posible cuando se tiene una clase política cuyo interés es precisamente entender la función pública como oportunidad de enriquecimiento personal. Pero eso va a cambiar cuando hagamos gobierno. A partir de rechazar la corrupción vamos a empezar a enfrentar al narcotráfico.
Pero eso parece difícil a sabiendas de que el narcotráfico copó estratos militares, policiales, judiciales, financieros, empresariales, partidistas, políticas y gubernamentales.
—Efectivamente. Tenemos muy claro que no es fácil y nuestra tarea será fundamentalmente dar un giro histórico en la dirección que el Estado ha tomado y sentar las bases de una acción que va a tener que ser continuada por la institucionalidad del Estado en los periodos siguientes al que nosotros hagamos gobierno.
Es un reto de largo plazo, sumamente complicado, pero no tenemos alternativa. Si no empezamos a plantarle cara a la corrupción ahora, francamente bien podría la gente decente del país decidir irse a vivir a cualquier otro lado. Si no, esto será absolutamente insoportable.
Del panorama hemisférico, ¿qué piensa de las denunciadas violaciones a los derechos humanos en Cuba, Venezuela y Nicaragua?
—Hemos sido un partido tajante en la necesidad de promover el irrestricto respeto a los derechos políticos y civiles y de las libertades públicas. Fuimos el único partido en el Congreso de Guatemala que, cuando el régimen nicaragüense comenzó a vulnerar las elecciones y a violar los derechos humanos y de los partidos, hicimos una propuesta condenando esa deriva autoritaria y que los otros partidos no quisieron apoyar.
Es una posición de respeto a la democracia, a las libertades en el espacio nacional e internacional que será punto central de nuestra política exterior.
¿Y sobre Cuba y Venezuela?
—Ya he dicho cuál es el marco en el que, en su momento, veremos cómo son las relaciones.