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Madrid.- Más de dos millones de personas en España se encuentran en situación de pobreza farmacéutica, lo que les impide comprar los medicamentos que necesitan para tratar su enfermedad.
El sector más afectado por la carencia de recursos para adquirir medicinas son los desempleados mayores de 50 años, con hijos a su cargo, y que padecen dolencias cardiovasculares o de tipo nervioso. A pesar de que los medicamentos están en parte subvencionados, los efectos de la crisis económica y el desempleo estructural han provocado que estas personas tengan dificultades para comprar los remedios que les prescriben los facultativos y que pueden alcanzar un coste mensual de entre 25 y 40 dólares.
En el caso de las enfermedades crónicas, la falta de recursos se torna especialmente grave.
“Es una pobreza desconocida, aunque existen situaciones extremas y también muy diversas. Hay personas que tienen dificultad para comprar un bote de agua oxigenada, pero también otras que requieren tratamientos de larga duración y que no tienen capacidad económica para enfrentar el gasto farmacéutico”, señala Jordi Bosch, director de Relaciones Institucionales de la ONG Banco Farmacéutico, a EL UNIVERSAL.
“Si una persona tiene que escoger entre comer o medicarse y no se medica, aparecen nuevas patologías que agravan más su situación de vulnerabilidad. Es muy duro que un padre tenga que elegir entre comer o comprar las medicinas que necesita su hijo”, indica Bosch.
La expansión de la pobreza farmacéutica ha llevado a las organizaciones humanitarias a emprender una campaña contra este tipo de penuria que puede empeorar la salud de muchos pacientes crónicos. En la operación para conseguir fondos participan más de 440 farmacias y 250 voluntarios que buscan recaudar 70 mil euros con los que se pretende paliar el grave problema de aquellos ciudadanos para los que las farmacias se han vuelto prohibitivas.
La ONG también está poniendo en marcha un Observatorio de la pobreza farmacéutica para recabar datos y dimensionar el fenómeno, comunicarlo a la sociedad y a las administraciones públicas y, finalmente, intentar impulsar nuevas políticas que generen cambios legislativos para luchar contra la pobreza farmacéutica.
En 2012 el gobierno del derechista Mariano Rajoy aprobó el decreto de medidas de sostenibilidad del sistema sanitario español que implantó el modelo del copago, por el que los pacientes complementan económicamente el costo de los fármacos que sufraga el Estado. Mientras los pensionistas pagan 10 % del precio de la medicina con un límite máximo de 10 dólares al mes, las personas activas con renta inferior a 20 mil dólares anuales abonan 40% de cada envase, sin límite mensual. Bosch considera que “una parte del copago se debería retirar”.
De acuerdo con el Barómetro Sanitario de 2018, las regiones españolas en las que más ciudadanos reconocieron que habían dejado de comprar medicamentos debido a problemas económicos son Melilla (6.3%), Canarias (4.2%), Cataluña (3.9%) y Extremadura (3.7%).
