San José.— En un rincón a la sombra de un árbol, un exaltado pastor evangélico sermonea a una despistada audiencia con un escándalo que se multiplica con un viejo altoparlante. En unas asoleadas esquinas, varias mujeres venden helados, gaseosas, papas tostadas, galletas o cigarrillos al menudeo.
En el centro de la escenografía, un hombre deambula con una oferta a gritos de tarjetas de recargas telefónicas. En un banco de cemento en un pasillo junto a una fuente en la que apenas se desliza un hilo de agua, un hombre aguarda sereno que comience su jornada cotidiana: atender a compradores de medicinas introducidas de contrabando de Nicaragua a Costa Rica.
La secuencia es diaria y se repite en un agitado escenario de un punto del oeste en el centro urbano de San José: el Parque de La Merced, uno de los nervios cruciales en la mezcla y el encuentro del flujo de migrantes irregulares nicaragüenses en la capital costarricense y que opera como la gran carpa invisible para múltiples necesidades de la incesante corriente migratoria de Nicaragua a Costa Rica.
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“En el Parque de La Merced consigue de todo”, narró una fuente de una asociación no estatal de nicaragüenses que ofrece asistencia legal, migratoria, educativa, laboral, sanitaria y en otras disciplinas a los migrantes irregulares oriundos de Nicaragua que llegan a Costa Rica.
“En Nicaragua hay muchas farmacias que no piden recetas médicas para medicamentos como antibióticos y son más baratas que en Costa Rica. En la frontera [entre ambos países] fácil las pasan (…) más si vienen en encomienda”, dijo la fuente, que habló con EL UNIVERSAL bajo pedido de anonimato por tratarse de un negocio peligroso por involucrar redes criminales.
Ubicado en un estratégico sector vial capitalino con un intenso cruce de personas y de vehículos (automóviles, motocicletas, bicicletas, autobuses, camiones de carga, ambulancias, taxis), el Parque de La Merced emergió desde los últimos 25 años del siglo XX como un punto de referencia de los nicaragüenses.
En ese sitio encontrarán al contacto que sabe que alguna o algún nicaragüense se apresta a viajar a Nicaragua y podría hacerle el favor de llevarle un dinero a un pariente en esa nación. O hallarán al enlace para conseguir trabajo, pedir dinero prestado, alquilar una habitación, cooperar en una emergencia familiar o resolver y dilucidar innumerables situaciones previstas e imprevistas, como el acceso a medicamentos.
“El parque [La Merced] es un sitio clave de un gran negocio para conseguir medicinas de contrabando”, dijo el comandante costarricense Rodrigo Alfaro, subdirector de la Policía de Fronteras de la Fuerza Pública del Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica.
“La gran mayoría de medicamentos tampoco es que entra a la ciudad de San José. El mercado grande no viene a la ciudad, pero en el Parque de La Merced es donde se pueden tener las conexiones para conseguir fármacos”, relató Alfaro a este diario.
En ese panorama, la posición clave para el abastecimiento es la Ciudadela La Carpio, que está en el noroeste de San José y se convirtió en una de las mayores concentraciones humanas en Centroamérica, con presencia mayoritaria de nicaragüenses.
“La Carpio es el hogar, muchos en condiciones precarias, de más de 50 mil personas en una zona de unas 76 hectáreas. Ahí sí podríamos decir que se concentra lo que es el operativo material del negocio de los medicamentos que entran, todos los días, por la frontera de Costa Rica con Nicaragua”, explicó Alfaro.
En diversos trillos fronterizos, Costa Rica decomisó 59 mil 468 pastillas, frascos, envases, cápsulas y pastillas en 2022 porque entraron de contrabando desde Nicaragua, mientras que el total de lo incautado en esa región de enero a mayo de 2022 llegó a 38 mil 840 unidades, según registros policiales. “En menos de cinco meses de 2023 ya estamos a unas 20 mil piezas de igualar los totales de las confiscaciones de 2022. Esto es preocupante: demuestra que, mientras la policía intensifica sus tareas para combatir a los contrabandistas, la realidad es que la actividad tampoco cesa”, advirtió Alfaro.
Un comerciante nicaragüense de La Carpio que habló con este periódico bajo rango de discreción aclaró que “esta es una comunidad muy trabajadora” y el comercio “es bastante grande” de los más diferentes bienes materiales.
“Cuando a mí me venden medicinas, me fijo por supuesto en el vencimiento o en la caducidad del producto. Sería estúpido comprar y digamos que beber jarabes y otras medicinas que ya están vencidas”, aseveró.
Pero ante las masivas carencias económicas de poblaciones numerosas en desempleo, desamparo, marginación y sin acceso —por la falta de dinero— al negocio legal y formal de los medicamentos, se acude al mercado clandestino. “Cuando hay necesidad en la familia para comprar una pastilla o para otra medicina, es cuando hay que buscar el riesgo”, admitió el comerciante.
El conflicto ocurre porque, por ignorancia, temor u otras razones, sectores migrantes se abstienen de asistir a las instituciones estatales costarricenses de seguridad social.
La orden de atender, tratar y medicar de gratis a las constantes oleadas migratorias de nicaragüenses a Costa Rica, por las guerras en Nicaragua en las décadas de 1970 y 1980, o por las crisis del siglo XXI, está vigente en la seguridad social costarricense.
A la pregunta de por qué Nicaragua es un país atractivo para ese tipo de alijos, el comandante Alfaro respondió que hay una combinación de elementos.
De un lado, la crisis política y socioeconómica de Nicaragua se agravó desde 2018 con el estallido de multitudinarias protestas antigubernamentales. Unos 100 mil nicaragüenses migraron a Costa Rica para huir de la violencia política y se sumaron a centenares de miles que lo hicieron desde antes en busca de empleo. Del otro, los nicaragüenses descubrieron que pueden ganar dinero con el tráfico ilícito de pastillas y de otras modalidades de fármacos con el método de hormiga de Nicaragua a Costa Rica por varios motivos.
“Por ejemplo, el marihuanol, que es un derivado de la marihuana o del cáñamo [cannabis sativa], se industrializa en Nicaragua y es introducido a Costa Rica, donde es ilegal. La amoxicilina es otro caso de producto apetecido. Para conseguirlo en Costa Rica se requiere de una receta médica, pero en Nicaragua es de libre venta”, puntualizó.
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Como antibiótico preferido para el tratamiento de infecciones bacterianas de las vías respiratorias o como parte del esquema de antibióticos contra la bacteria, entre otra serie de fines médicos, la amoxicilina se vende en Costa Rica pero sujeta a una prescripción legal farmacéutica.
“Para uno conseguir amoxicilina en Costa Rica, todo tiene que estar en orden, con las firmas del médico o del farmacéutico y los controles de entrega. Si no es así, no se vende. Mientras tanto, en Nicaragua todo eso está por la libre. Esta situación perjudica, va en aumento en el contrabando y es un gravísimo riesgo para la salud”, mencionó.
Las afectaciones para Costa Rica son de diferente índole, recordó. Todos esos mecanismos son una competencia desleal e ilegal para los comercios y las farmacias legalmente establecidas, pagan impuestos tributos y están sujetas a las normas jurídicas, sanitarias y tributarias, señaló.
Más allá de la evasión fiscal y del impacto financiero, persistió el daño a la salud pública. Sobre los medicamentos procedentes de Nicaragua se carece de registros verificables de vigencia, fabricante, origen y demás detalles de un desglose técnico y científico de rigor.