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Bruselas.— Con un gobierno concentrado en la lucha por la supervivencia, España asume hoy (sábado) el timón del proyecto de la Unión Europea.
Luego de la dura derrota en los comicios municipales y autonómicos de mayo, el presidente del gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, adelantó las elecciones generales al 23 de julio, seis meses antes de lo previsto.
El inesperado anuncio fue un baldazo para Bruselas que había previsto una presidencia semestral sin la abrupta alteración de una contienda electoral. Ahora, no solo tiene a un presidente de turno distraído, Pedro Sánchez está metido de lleno en campaña, es muy probable que la agenda anticipada para el resto del año se vea alterada por el eventual cambio de mando en Madrid, de una de izquierda progresista a una conservadora o ultra.
La encuesta celebrada una semana antes del inicio formal de las campañas, daba una clara victoria al Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo, que obtendría en solitario más diputados que la suma de la izquierda. Eventualmente lograría una mayoría absoluta sumando sus escaños con la extrema derecha, Vox.
La lucha por el poder en el Palacio de la Moncloa llega en mal momento para el Alto Representante de la Política Exterior de la Unión Europea, Joseph Borrell, perteneciente a la familia socialista española.
Desde que asumió el cargo de la diplomacia comunitaria, diciembre de 2019, el antiguo presidente del Parlamento Europeo se fijó como meta el retomar las olvidadas relaciones con América Latina, un continente que por años ha permanecido alejado de la lista de prioridades del bloque comunitario.
Borrell esperó hasta la presidencia semestral española para romper con la mala racha. El 17 y 18 de julio tendrá lugar en Bruselas la cumbre UE-CELAC de Jefes de Estado y de Gobierno, la primera que se celebra desde 2015.
El objetivo de la ministerial es sentar las bases para un nuevo diálogo permanente y estable entre ambas regiones, es identificar los puntos en donde es posible renovar los enlaces políticos, comerciales y de cooperación.
Ahora la reunión, que tantos meses de trabajo le ha llevado a Borrell para su realización, se celebrará teniendo como interlocutor a un gobierno que ignora si seguirá allí cinco días más tarde. Es verdad que la Comisión Europea es el ejecutor, pero la presidencia semestral juega un papel crucial en darle a los compromisos asumidos el impulso político requerido para su consolidación.
Con el eventual triunfo del PP se espera un cambio sustancial en la política exterior de España hacia Latinoamérica. Con el giro a la derecha, de entrada habrá un endurecimiento del discurso de la presidencia europea contra los movimientos populistas latinoamericanos y las políticas en Nicaragua, Cuba y Venezuela.
Otro tema estelar que podría tener un desenlace distinto al previsto por Bruselas es el migratorio. Pedro Sánchez tenía previsto utilizar la plataforma comunitaria para reformar el pacto europeo sobre migración, un tema altamente sensible por las dinámicas nacionales.
La narrativa humanitaria y de migración segura, ordenada y legal promovida por el Gobierno de Sánchez, inevitablemente cambiará. Con el PP el destinatario del mensaje político no será más la base progresista, sino conservadora, la que pide muros y externalización de responsabilidades como solución.
Otras prioridades fijadas por el Gobierno de Sánchez son la reforma de las reglas fiscales, a fin de encontrar un equilibrio entre cuentas públicas sanas y el adecuado financiamiento de los servicios públicos, y el desarrollo del concepto de “autonomía estratégica abierta”, temas en los que se requiere de una coordinación quirúrgica para encontrar el punto de equilibrio frente a los intereses nacionales.
A final de cuentas, el trabajo del titular de la presidencia rotatoria del Consejo Europeo es el de keymaker, el de extraer las posiciones de cada Estado miembro con la finalidad de alcanzar consensos.
Asimismo apuesta por revisar el marco financiero plurianual del año de 2021 al año 2027 y la ayuda a Ucrania, por el inicio de los trabajos sobre la regulación de un futuro euro digital, un acuerdo sobre la nueva directiva de gestión de crisis bancarias y la creación de la Agencia Europea contra el Blanqueo.
