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San José. – Con el riesgo de que el calendario educativo de América Latina y el Caribe pase a la historia como tiempo perdido por efecto indirecto del coronavirus de febrero a agosto de 2020, la incertidumbre marcó a la enseñanza para el último cuatrimestre del año en una zona urgida desde antes de la pandemia a remodelar su aparato de educación para vencer a la pobreza y aspirar al progreso social.
Ante el imparable ataque de la enfermedad en el hemisferio, ¿se podrá regresar al tradicional mecanismo de educación presencial o deberá prolongarse, con todas sus dificultades por las añejas brechas tecnológicas y de conectividad, el sistema a distancia o supuestamente virtual impuesto a partir de que el virus irrumpió en febrero en la región?
Con excepciones como en Nicaragua, cuyo gobierno se negó a declarar una cuarentena, dictar medidas paralelas de emergencia y suspender las lecciones, la mayoría de países latinoamericanos y caribeños cerró en marzo las puertas de los centros educativos de primaria, secundaria y universitaria.
El desafío ahora es reabrir y retornar a la normalidad previa a la llegada del Covid-19 o mantener el cierre y seguir en la ruta de enseñar mediante contacto vía internet, por televisión y por otras formas, como que escuelas, colegios, liceos, universidades y demás centros distribuyan, cada dos o tres semanas, una serie de materiales impresos para el trabajo de los alumnos.
“La lucha es por salvaguardar la vida y la salud de los educadores, los estudiantes y los padres de familia, pero fundamentalmente de los estudiantes que son la razón de ser del acto educativo”, afirmó el colombiano Over Dorado, director del Departamento de Investigación y Proyectos de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia y dirigente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación.
Al explicar que la situación mezcla asuntos de sanidad, enseñanza y dignidad laboral, Dorado urgió a que, en el caso de Colombia, “se declare la emergencia educativa y pedagógica para el aumento progresivo de los recursos financieros del sector”.
“Frente al tema de la asistencia de estudiantes y profesores al establecimiento, se ha dicho un no rotundo, [porque] no existen las condiciones [sanitarias] mínimas para estar en esos sitios”, dijo Dorado a EL UNIVERSAL.
Como alternativa obligada por la emergencia en salubridad, la mayoría de naciones latinoamericanas y caribeñas recurrió a la educación tutelada a distancia con severas carencias por la falta de acceso tecnológico de decenas de millones de estudiantes que están marginados por la desigualdad socioeconómica.
Las opciones. Enfrentados al creciente contagio, los países optaron por diversas fórmulas y siempre supeditadas al incierto panorama en salubridad. El Salvador y Perú cancelaron el curso presencial de 2020 y lo limitaron al método de distancia.
La situación en Guatemala es de duda, aunque el gobierno mantiene las restricciones sin pronunciarse todavía sobre la decisión final. Honduras continuará el curso de 2020 a distancia.
En zozobra por la infección, Costa Rica elaboró rigurosos protocolos del eventual regreso a la presencialidad, aún sin fecha. Uruguay logró recuperar en julio una normalidad con severas reglas y en un retorno voluntario a la presencialidad.
Argentina organizó para julio y agosto un regreso escalonado y parcial, con asistencia alternada. Ecuador avanzó con un regreso gradual y por zonas. Bolivia descartó reanudar las lecciones presenciales antes de septiembre.
Por los rebrotes, Cuba está a la espera de una decisión definitiva acerca de la fecha de reanudar el periodo 2019-2020 y abrir el 2020-2021. Sin certidumbre, la situación es similar en el resto de naciones.
“La interrupción” de las actividades “tendrá efectos significativos en el aprendizaje, especialmente de los más vulnerables”, pronosticó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) desde abril pasado.
“La crisis tendrá repercusiones negativas” en salud, educación, empleo y pobreza, advirtió.
