Una huelga nacional indefinida de empleados públicos estalló hoy en Costa Rica en rechazo a un proyecto legislativo de reforma tributaria impulsado por el gobierno del presidente costarricense, Carlos Alvarado, para establecer nuevos impuestos y tratar de reducir el déficit fiscal, que llegó al 6.4% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2017 y amenaza con superar el 7.1% y acercarse al 8% al cierre de 2018.
En la más grave crisis desde que el pasado 8 de mayo asumió la presidencia para una gestión de cuatro años, Alvarado advirtió anoche que la huelga es ilegal y reafirmó su voluntad de negociar con los sindicatos del sector público para hallar una solución al más agudo conflicto en las deprimidas finanzas estatales del país con la mayor estabilidad política en Centroamérica.
Tras admitir que “como nación estamos ante una encrucijada histórica y tenemos que elegir el camino a seguir”, el Jefe de Estado reafirmó su decisión de impulsar la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicos porque “es la única forma de evitar una inminente crisis”.
La reforma fiscal es necesaria y “urgente” como vía para “lograr salvar” a Costa Rica, aunque es un “trago amargo”, admitió.
En respuesta, Albino Vargas, máximo dirigente sindical costarricense y secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEPP), acusó a Alvarado de lanzar un mensaje “amenazante y descalificador”, refutó que el gobierno tenga voluntad de diálogo.
Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional (ANDE), Gilberto Cascante , aseveró esta mañana que el 80% de los centros educativos ya se unieron al paro y están cerrados e instó a Alvarado a que “se siente” a dialogar “y deje de amedrentar” a Costa Rica, porque el paro es indefinido.
El proyecto fiscal “va a empobrecer más a Costa Rica”, porque aprobará una serie de impuestos en la canasta básica y en múltiples servicios públicos en un escenario de amenazas de despidos de empleados públicos y rebajas salariales, declaró Cascante durante una marcha de trabajadores esta mañana en el centro de esta capital.
El movimiento, que transcurre en forma pacífica y fue convocado por organizaciones sindicales del sector público, empezó hoy a las 00:00 horas locales (01:00 en el centro de México) pero su efecto comenzó a registrarse en la mañana, con suspensión del curso lectivo en centros de educación primaria, secundaria y universitaria.
También hay afectación de los servicios hospitalarios y de ministerios e instituciones gubernamentales y de municipios, así como algunos bloqueos en carreteras que impidieron el transporte rutinario en autobuses y trenes.
Cifras oficiales mostraron que, en un país de cinco millones de costarricenses (cerca del 20% en variados estratos de pobreza) y una fuerza laboral o productiva de aproximadamente 2 millones 200 mil personas, hay unos 305 mil empleados en el sector público, más de un millón 300 mil en el privado y el resto en la economía informal y en otros rangos laborales, mientras que el desempleo abierto ahora oscila entre 8% y10% y afecta a unos 200 mil habitantes.
Datos del Banco Central de Costa Rica , institución estatal emisora de moneda, reportaron que la inflación, que fue del 0.77% en 2016 y subió al 2.57% en 2017, se prevé que cerrará 2018 en 3%, con “presiones a la depreciación del colón” (moneda nacional) por una “mayor demanda” de dólares.
El PIB pasó de un crecimiento de 4.7% en 2015 y de 4.3% en 2016 a 3.9% en 2017 y los pronósticos estatales alertaron a principios de este año que bajará al 3.6% en 2018.
El Banco pronosticó a finales de julio anterior un crecimiento del PIB de 4,1% en 2018 y explicó que será “impulsado principalmente por la demanda interna”.
Advertencia.
En alusión a las gestiones que su gobierno emprenderá ante los juzgados de trabajo, el gobernante alertó que “la huelga es ilegal y así lo haremos valer ante los tribunales”.
La huelga afecta “a personas que van a sus trabajos, a los niños y niñas que quedarían sin clases, a las personas que esperan atención médica, cirugías, a quienes verán obstaculizados sus esfuerzos por producir. Con más razón, este llamado a huelga es injustificado e improcedente”, alegó.
En una medida preventiva frente a eventuales ocupaciones por parte de los trabajadores, el presidente reconfirmó que el gobierno se anticipó desde el domingo al tomar control en el Caribe de las instalaciones portuarias y de distribución de combustibles.
Una acción similar fue ejecutada en los aeropuertos de todo el país, que todavía están operando con normalidad aunque sin que por el momento se descarte que, en el transcurso de la semana, los controladores aéreos se sumen al paro.
El ministro costarricense de la Presidencia, Rodolfo Piza, ratificó esta mañana una exhortación a los sindicatos de que “debemos sentarnos a dialogar”.
“El gobierno nunca se ha levantado de la mesa” de diálogo, argumentó.
El gobierno ordenó un intenso despliegue policial en todo el país.
lsm
