Madrid.- Emilio Lozoya llegó como un fantasma a España , huyendo de la justicia mexicana. Y como un fantasma regresó a México, luego de que la justicia ibérica aprobara su extradición por delitos de delincuencia organizada , cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Acusaciones, todas ellas, avaladas por las autoridades mexicanas.
Su imagen sólo trascendió fugazmente el pasado mes de febrero cuando era conducido a los juzgados tras ser detenido en las cercanías de una urbanización de lujo en Málaga (Andalucía), donde fue interceptado por agentes de la Interpol y la policía española en cumplimiento de la orden internacional de búsqueda y captura emitida por México.
A partir de ahí, el exdirector de Pemex se convirtió de nuevo en una sombra.
Su traslado desde el sur de España a la cárcel de Navalcarnero, donde permaneció recluido hasta su entrega ayer jueves a las autoridades mexicanas, se produjo en secreto, sin que quedara registro alguno de su llegada a la prisión madrileña.
Lozoya ha permanecido invisible durante los casi cinco meses en los que estuvo recluido durante su proceso de extradición a México. La llegada de la pandemia contribuyó a su aislamiento, ya que los presos en España también quedaron confinados durante el estado de alarma.
Su salida de la prisión de Navalcarnero fue, asimismo, una escapada virtual. Nadie pudo atestiguar que en el furgón policial que abandonaba este miércoles la cárcel madrileña, se encontraba el exdirector de Pemex. Sólo los agentes de la Guardia Civil apostados en las inmediaciones respaldaron con sus comentarios que se trataba de Lozoya, el personaje al que esperaban las cámaras a las puertas del reclusorio, y que en ese mismo instante viajaba en el vehículo oficial hacia el aeropuerto de Barajas, donde se encontraba el avión de la Fiscalía General de la República (FGR) que lo trasladaría posteriormente a México. Pero los agentes nunca pronunciaron su nombre. El blindaje del furgón impidió que los allí presentes pudieran verlo.
El mismo hermetismo fungió a la hora de la entrega de Lozoya a las autoridades mexicanas con representación legal en España. Sólo hubo confirmación después del operativo, cuando fuentes del Ministerio del Interior señalaron escuetamente a EL UNIVERSAL que la entrega se había producido y que Lozoya volaba en esos momentos hacia México.
Con las mismas cautelas se fue la aeronave, un Bombardier Challenger 605, con matrícula XB-NWD, enviada expresamente a España por la FGR, que despegó del aeropuerto Madrid-Barajas a las 17: 57 hora local, por lo que se esperaba su arribo a territorio mexicano en la madrugada de este viernes.
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Nunca antes las autoridades mexicanas habían puesto tanto esmero en evitar las fugas informativas como en el caso de Lozoya.
El exdirector de la paraestatal viajó junto al agregado de la FGR en España y Europa, Luis Alejandro Cervantes Vázquez. Por lo general, agentes mexicanos se encargan de vigilar durante todo el trayecto al detenido que, normalmente, va esposado.
Con la partida de Lozoya, concluye en España el proceso de extradición que se inició después de su detención en España a principios de año. En mayo de 2019 México libró una orden de búsqueda internacional contra el exdirector de Pemex por graves delitos de corrupción, entre ellos haber recibido sobornos antes y durante su gestión al frente de la petrolera por más de diez millones de dólares que habrían sido abonados por la constructora brasileña Odebrecht , implicada en varios escándalos en América Latina.
El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ordenó el ingreso en prisión provisional, incondicional y comunicada de Lozoya, después de que éste fuera capturado por la Interpol y rechazara su extradición a México.
Sin embargo, el exdirector de Pemex se arrepintió semanas después de su decisión y aceptó entregarse voluntariamente a las autoridades mexicanas a cambio de facilitar información y material audiovisual sobre los casos de soborno de los que está acusado y que implicarían a destacados políticos de diferentes partidos de la oposición, algunos de ellos vinculados a la administración de Enrique Peña Nieto. El objetivo final: atenuar su condena.