Más de una semana después de las elecciones de Estados Unidos, demócratas y republicanos parecen vivir en realidades paralelas.
El demócrata Joe Biden se considera desde el sábado el presidente electo tras superar los 270 votos del Colegio Electoral (de 538) necesarios para la victoria, según las proyecciones, y avanza en sus preparativos para asumir la presidencia del país el próximo 20 de enero.
En sendas apariciones ante los medios esta semana, Biden ha hablado sobre sus planes para abordar la crisis del coronavirus, sobre sus conversaciones con líderes internacionales y sobre la necesidad de que la Corte Suprema no revoque la ley de Cuidado de Salud Asequible, conocida como Obamacare.
Del otro lado, el presidente Donald Trump ha limitado sus intervenciones públicas, pero sigue muy presente en las redes sociales, especialmente en Twitter, donde insiste en que él es el verdadero ganador de las elecciones y denuncia, sin aportar pruebas, que los demócratas están intentando robar la elección.
Lee más: Joe Biden amplía su ventaja a 5 millones de votos frente a Donald Trump
Pero ¿de qué formas intenta Trump revertir el resultado electoral?
El equipo de campaña de Trump ha presentado varias demandas por el conteo de votos en distintos estados clave, incluidas peticiones de detener la certificación del resultado en Arizona, Michigan y Pensilvania.
Normalmente le correspondería a cada estado manejar estas demandas, pero el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, abrió la puerta el pasado lunes a que los fiscales federales de todo el país investiguen las acusaciones.
A 11 de noviembre, cuando no ha salido a la superficie prueba alguna del denunciado sistemático fraude electoral, así están los litigios en los estados más disputados.
Comenzamos por Pensilvania, que es el que cuenta con más demandas.
Las proyecciones del estado dieron a Biden como ganador el pasado sábado, lo que hizo que el demócrata sobrepasara la mágica cifra de los 270 votos del Colegio Electoral.
Pero antes de ese día, la pelea legal ya estaba en marcha.
El 4 de noviembre, el equipo de campaña de Trump presentó una demanda en la que denunció que se estaba impidiendo el acceso de los observadores electorales republicanos a los centros de conteo del estado.
Se trata de personas que observan el recuento de votos con el objetivo de garantizar la transparencia de la elección. Su acceso se permite en la mayoría de los estados siempre que se hayan inscrito antes del día de las elecciones.
Este año se aprobaron ciertas restricciones en algunos lugares, en parte debido a la pandemia de coronavirus. También se establecieron límites de capacidad para evitar que los observadores intimidaran a los trabajadores electorales.
Lee más: ¿Cómo está usando Trump su poder para evitar el reconocimiento de Biden como ganador?
En el centro de conteo de Filadelfia se marcó un perímetro de seis metros de distancia, pero esto fue disputado y un fallo judicial del 5 de noviembre lo redujo a dos metros, siempre que los observadores se acogieran a los protocolos de protección ante la covid-19.
Ese mismo día, la campaña de Trump acusó a los funcionarios electorales de no obedecer la orden del juez y presentó una demanda federal para detener el conteo en Filadelfia, petición que fue denegada.
El exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani, abogado de Trump, dijo: "Incluso con una orden judicial que permitía que los inspectores republicanos se acercaran a dos metros, movieron a las personas que contaban los votos otros dos metros más allá".
Funcionarios electorales insisten en que se comportaron adecuadamente y han apelado a la Corte Suprema del estado.
El desafío legal en Pensilvania también se centra en la decisión del estado de contar todos los votos por correo que tengan sello con fecha anterior o del mismo día que las elecciones, aunque llegaran al centro de votación hasta tres días después.
El 6 de noviembre, los republicanos apelaron el fallo y demandaron que todos los votos por correo recibidos después del día de las elecciones fueran descalificados.
Autoridades del estado de Pensilvania señalaron que en esos tres días tras las elecciones se recibieron unas 10.000 boletas por correo.
Precisaron que esos votos se están manteniendo a un lado, a la espera de lo que suceda con los desafíos legales en marcha.
El conteo de todos los otros votos continúa y el cómputo a 11 de noviembre mostraba una ventaja de más de 50.000 votos para Biden.
Otro caso abierto en Pensilvania disputa cuánto tiempo se les debe dar a los votantes para que suministren una prueba de identidad en los casos en los que esta faltaba o era poco clara en sus votos por correo.
Actualmente se les permite hacerlo hasta el 12 de noviembre, aunque la campaña de Trump intentó que se adelantara el plazo tres días.
El 9 de noviembre, la campaña de Trump presentó otra demanda para detener la certificación de resultados, alegando que el estado sometió el voto presencial, que favoreció a Trump, a mayor escrutinio que el voto por correo.
El fiscal general de Pensilvania, Josh Shapiro, dijo que esta nueva demanda no tiene mérito alguno y los expertos coinciden en que es poco probable que tenga éxito.
La campaña de Trump anunció que pedirá un recuento de votos en Wisconsin por "anormalidades percibidas" el día de las elecciones, aunque esto no requiere una demanda legal.
No está claro cuándo se podrá realizar el recuento. Tradicionalmente, no se realizan hasta que las autoridades del estado terminan de revisar los votos.
La fecha límite del estado para esta parte del proceso es el 17 de noviembre.
El profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia Richard Briffault apunta que en 2016 también hubo recuento en Wisconsin y solo "cambió el sentido de unos 100 votos".
Trump ganó Michigan en 2016 por su margen más estrecho -apenas unos 10.700 votos- y en estas elecciones Biden ha sido proyectado como el ganador.
El 4 de noviembre, la campaña de Trump presentó una demanda para detener el conteo de votos por una supuesta falta de acceso a los observadores republicanos.
Un juez desestimó la demanda, diciendo que no había suficientes pruebas de que no se estuvieran siguiendo los procedimientos de supervisión.
El 9 de noviembre, se presentó otra demandacon la intención de bloquear la certificación de resultados en el condado de Wayne, citando quejas de observadores electorales.
El Partido Republicano de Nevada escribió en Twitter: "Se ha identificado a miles de individuos que parecen haber quebrado la ley por emitir votos después de haberse mudado de Nevada".
Una demanda presentada el 5 de noviembre alegaba la existencia de "procedimientos laxos para autentificar las boletas por correo en más de 3.000 casos de individuos no elegibles que aun así votaron".
El equipo legal del presidente entregó una lista de personas que decían que se habían mudado del estado, pero habían votado.
Sin embargo, según señala Politifact, la lista por sí sola no prueba que se haya quebrado la ley.
Aquellos que se van del estado en los 30 días anteriores a una elección todavía pueden votar en Nevada. Estudiantes y personal militar de Nevada, que viven en otros lugares, también pueden votar allí.
La demanda se centra en votantes del condado de Clark, pero el funcionario del registro de ese condado señaló: "No estamos al tanto de que se haya procesado ninguna papeleta incorrecta".
En otra demanda presentada ese mismo 5 de noviembre, los republicanos intentaron detener el uso de una máquina de verificación de firma en el conteo, pero un juez federal bloqueó ese intento.
El 4 de noviembre se presentó una demanda en el condado de Chatham para suspender el recuento, por supuestos problemas con el procesamiento de las boletas.
El presidente del comité republicano de Georgia, David Shafer, tuiteó que observadores de su partido vieron a una mujer "mezclar más de 50 boletas con el grupo de papeletas por correo sin contar".
El día después un juez desestimó esta demanda y dijo que "no había pruebas" de una mezcla incorrecta de papeletas.
La campaña de Trump presentó una demanda en Arizona el 7 de noviembre alegando que algunos votos legales fueron rechazados.
El caso cita declaraciones de algunos observadores electorales y de dos votantes que reclaman que tuvieron problemas con las máquinas de votación.
La demanda fue admitida a trámite pero la secretaria de Estado de Arizona, la demócrata Katie Hobbs, señaló que no le veía grandes posibilidades.
En una misma línea se expresó el fiscal general del estado, el republicano Mark Brnovich, quien en declaraciones al canal conservador Fox News dijo: "Hablamos literalmente de menos de 200 votos cuestionados, la realidad es que aunque fuera posible que esos votos cambien no creo que marquen una diferencia en Arizona simplemente por las cifras".
En cualquier caso, como escribe Paul Danahar, editor jefe de la BBC en Norteamérica: "A 11 de noviembre, no se ha presentado ninguna evidencia en ningún tribunal en ningún estado en ningún lugar de Estados Unidos que algún juez haya aceptado como prueba de lo que el presidente Trump ha descrito como 'tremendo fraude' en las elecciones de Estados Unidos
"Y hasta la fecha, ningún secretario de Estado, republicano o demócrata, ha dicho que haya encontrado evidencias de 'tremendo fraude' en el proceso electoral estadounidense que han liderado en sus estados".
Una cosa diferente a las demandas son los recuentos de votos, una acción que en algunos casos se activa automáticamente cuando la diferencia entre los candidatos es mínima.
Dependiendo de las reglas del estado, un candidato puede tener la posibilidad de pedir un recuento de los votos.
La campaña de Trump anunció que lo hará en Wisconsin y el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, anunció este miércoles que en su estado se llevará a cabo un recuento manual y completo de votos de todos los condados.
"Contaremos cada papel, cada papeleta, cada boleta emitida legalmente", subrayó Raffensperger ante la prensa.
Eso es lo que había pedido la campaña de Trump el martes.
Cada estado tiene sus propias normas de recuento, pero en general las boletas son recomputerizadas y reescaneadas. En algunos lugares, cierto número de votos se cuentan a mano para asegurar la validez de las máquinas.
En el caso del recuento manual de Georgia, algunos expertos advierten que es un proceso menos preciso que el de las máquinas y más costoso.
La fecha límite para que Georgia certifique los resultados electorales es el 20 de noviembre.
Es importante observar que incluso si Biden no gana Georgia tiene todavía más de los 270 votos del Colegio Electoral que necesita.
En cuanto a los otros estados en disputa, Pensilvania permite que se pida un recuento sin importar el margen de diferencia entre los candidatos, y además tiene recuentos obligatorios para cualquier contienda en la que el margen sea inferior al 0,5%.
En Arizona, los recuentos ocurren solo cuando el margen entre candidatos es menor o igual a 0,1%.
Los expertos insisten en que los recuentos rara vez llevan a un cambio en los resultados.
El presidente Trump y sus aliados insisten por distintos medios, ya sea en Twitter, entrevistas o a través de comunicados, en que todas estas investigaciones llevarán a que se revierta el resultado de las elecciones.
El día después de las elecciones, tras hablar del fraude electoral sin pruebas, Trump anunció: "Acudiremos a la Corte Suprema".
Pero para que esto suceda, hay que superar varias etapas previas.
Primero se necesita que los equipos legales desafíen el resultado en tribunales estatales, aunque el fiscal general también aprobó "investigaciones preliminares" de fiscales federales.
Los jueces estatales tendrían entonces que fallar a favor de la disputa y ordenar un recuento.
Ahí es donde se le podría pedir a la Corte Suprema que interviniera.
Pero por más que la campaña de desinformación del entorno de Trump diga lo contrario, ninguno de los casos mencionados parece tener visos de éxito.
El denominador común de las demandas que ya han sido desestimadas por los respectivos jueces es que los abogados de Trump terminan por dar en el tribunal una versión significativamente edulcorada de las acusaciones.
Mientras el presidente escribe sobre "el fraude rampante", los abogados, a diferencia de Trump, tienen que sustentar sus alegaciones ante el juez. Y como se ha visto por los intercambios entre jueces y abogados, es una tarea bastante desagradecida.
Biden calificó este martes como "una vergüenza" la actitud de Trump desde las elecciones, pero sostuvo que su equipo lleva adelante la transición de todas formas.
El presidente electo no quiso entrar en un conflicto directo y despejó los rumores que dicen que su equipo está preparando, a su vez, una demanda legal contra el gobierno por no facilitarles las tareas para dicha transición.
"Tenemos todo lo que necesitamos", afirmó Biden, quien enfocó su intervención en hablar sobre el combate al coronavirus e insistió en su mensaje de unión y recuperación "del alma de Estados Unidos".
Este miércoles se celebró en el país el Día de los Veteranos y tanto Biden como Trump aparecieron en sendos eventos de homenaje a los caídos.
Ni el presidente electo ni la que será su vicepresidenta, Kamala Harris, hicieron ni ningún tipo de comentario sobre las disputas legales que se ciernen sobre estas elecciones.
lsm