El expresidente estadounidense y candidato presidencial republicano, Donald Trump, vota hoy de manera presencial, en las elecciones que definirán al presidente por los próximos cuatro años. ¿Por qué, siendo un criminal convicto, puede votar, ser candidato y, eventualmente, ser presidente?
Hay algunos estados en Estados Unidos que prohíben votar a los criminales convictos.
Es el caso de Florida. Aquellos que han sido declarados culpables por felonías tienen problemas para recuperar sus derechos de votación. Y es en este estado donde le corresponde votar a Trump, declarado culpable de ocultar un escándalo sexual en la campaña de 2016. Se le acusó por haber hecho pasar pagos a una actriz de cine para adultos, Stormy Daniels, como gastos de campaña, para impedir que divulgara que sostuvieron una relación sexual estando él casado.
Trump fue declarado culpable de 34 cargos de falsificación de registros comerciales, y su sentencia está programada para el 26 de noviembre.
Sin embargo, la condena fue emitida en un tribunal de Manhattan, en Nueva York. Bajo las leyes de Florida, si un votante tiene una condena de otro estado, Florida se apega a lo que dicen las leyes de ese otro estado sobre cómo un delincuente puede recuperar su derecho al voto.
Así, Trump se beneficia de una ley de Nueva York de 2021 que permite votar a las personas condenadas por delitos graves siempre que no estén cumpliendo una pena de prisión en el momento de las elecciones.
Las leyes en Estados Unidos no tienen cláusulas que restringan a un criminal convicto de buscar la presidencia, y ya hubo, en el pasado, un candidato que desde prisión buscó ser presidente.
Las leyes no aclaran, en todo caso, cómo podría funcionar una presidencia desde la cárcel, en caso de que Trump fuera sentenciado a alguna pena de prisión.
Además del caso Stormy Daniels, Trump tiene otros tres pendientes.
Según la acusación federal, Trump intentó revertir los resultados de las elecciones de 2020, en las que perdió frente a Joe Biden, e instigó el asalto al Capitolio por parte de una turba de simpatizantes para evitar que se certificara la victoria de su rival.
Trump está imputado por 4 cargos: conspiración para defraudar a Estados Unidos, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción de un procedimiento oficial y conspiración contra el derecho al voto, que podrían acarrear una pena máxima que sumaría 55 años de cárcel.
Tras la decisión del Supremo sobre la inmunidad parcial de Trump por los delitos que pudo haber cometido mientras ostentaba el cargo de presidente, el 27 de agosto se presentó una nueva acta de acusación que mantiene los cuatro cargos pero rebaja su contenido y las penas que acarrearía.
La jueza Tanya Chutkan no ha fijado una fecha para el juicio.
Según las acusaciones, Trump y 18 colaboradores presionaron a funcionarios del gobierno de Georgia para que alteraran los resultados de los escrutinios en los comicios que el entonces mandatario perdió por poco menos de 12 mil votos.
El caso se enredó cuando uno de los aliados de Trump imputados destapó una relación sentimental entre el fiscal especial Nathan Wade y su jefa, la fiscal del condado de Fulton, Fani Willis; el juez dictaminó que uno de los dos debía apartarse y Wade dimitió.
La fiscal Willis ha usado contra Trump una ley especial contra el crimen organizado, llamada RICO por sus siglas en inglés, y que ha sido usada en el pasado para condenar a jefes mafiosos como John Gotti.
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La acusación original contenía 13 cargos contra Trump y ese número se ha reducido a 8 tras varias desestimaciones del juez, aunque se mantiene el delito de crimen organizado, que amalgama el caso y que está penado con hasta 20 años de cárcel.
El caso está estancado, puesto que Trump y otros aliados han apelado la permanencia de Willis y hasta que ese recurso no se resuelva -algo que se espera a mitad de marzo de 2025- el juez Scott McAfee no puede tomar decisiones
Según la acusación federal, tras dejar el poder el 2021 Trump ordenó trasladar desde la Casa Blanca a su mansión en Mar-a-Lago (Florida) decenas de cajas con recortes de periódicos, cartas, fotos y también cientos de documentos clasificados, incluida información sobre secretos nucleares y planes de ataque a otros países.
Esos documentos, presuntamente, no fueron almacenados de manera segura, sino que acabaron en diferentes rincones de la mansión de Trump, como un dormitorio, un salón de baile y un baño.
El caso fue desestimado el 15 de julio por la jueza federal Aileen Cannon, quien argumentó que el nombramiento del fiscal especial Jack Smith fue inconstitucional, pero Smith solicitó el 26 agosto a un tribunal de apelaciones que el proceso sea restaurado.
En total, Trump afrontaba 40 cargos relacionados con la retención no autorizada de secretos de seguridad nacional y la obstrucción a la Justicia para recuperarlos.
El futuro del caso, además, es incierto por la decisión del Supremo sobre inmunidad presidencial.
mcc