Washington.- Algunos estados liderados por republicanos han declarado que bloquearán a los observadores electorales del Departamento de Justicia de ingresar a los lugares de votación el día de las elecciones, oponiéndose a la práctica de décadas del gobierno federal de supervisar por violaciones a las leyes federales de votación.
Funcionarios en Florida y Texas han dicho que no permitirán la entrada de observadores electorales federales en los sitios de votación el martes. Y el lunes, Missouri presentó una demanda federal buscando una orden judicial para bloquear a los funcionarios federales de observar dentro de los lugares de votación.
El Departamento de Justicia anunció la semana pasada que está desplegando observadores electorales en 86 jurisdicciones a través de 27 estados el día de las elecciones; sin embargo declinó comentar el lunes sobre la demanda de Missouri y las acciones de otros estados liderados por republicanos.
La contienda entre la nominada demócrata Kamala Harris y el nominado republicano Donald Trump está muy reñida, y ambos lados se preparan para posibles desafíos legales a los recuentos de votos. El esfuerzo de monitoreo electoral del Departamento de Justicia, una práctica prolongada bajo administraciones tanto demócratas como republicanas, tiene como objetivo asegurar que se cumplan los derechos de votación federales.
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Aquí un vistazo a los observadores electorales y las acciones de los estados:
¿Quiénes son los observadores electorales?
Los observadores electorales son abogados que trabajan para el Departamento de Justicia, en particular en la división de derechos civiles y en las fiscalías de todo el país. No son agentes del orden ni agentes federales.
Durante décadas, la división de derechos civiles del Departamento de Justicia ha enviado abogados y miembros de su personal a supervisar los centros de votación de todo el país, tanto en elecciones federales como no federales. Los supervisores tienen la misión de garantizar el cumplimiento de las leyes federales sobre el derecho al voto.
La división de derechos civiles del Departamento de Justicia hace cumplir una serie de leyes que protegen el derecho de voto. Entre ellas se incluye la Ley del Derecho al Voto, que prohíbe la intimidación y las amenazas contra quienes están emitiendo o contando votos. E incluye la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, que obliga a los funcionarios electorales a garantizar que las personas con discapacidad tengan plenas e iguales oportunidades de votar.
¿A dónde se envían los monitores electorales?
Las 86 jurisdicciones a las que el Departamento de Justicia enviará monitores el martes incluyen el condado de Maricopa, Arizona y el condado de Fulton, Georgia, que en 2020 se convirtió en el centro de las teorías de conspiración electoral difundidas por Trump y otros republicanos. Otro lugar en la lista es el condado de Portage, Ohio, donde un comisario fue objeto de críticas por una publicación en las redes sociales en la que dijo que las personas con carteles de Harris en el jardín deberían tener sus direcciones registradas para que los migrantes puedan ser enviados a vivir con ellos si la demócrata gana la presidencia
Otras zonas a las que se enviarán observadores federales son Detroit, Michigan, Queens, Nueva York, Providence, Rhode Island, Jackson County, Dakota del Sur, Salem, Massachusetts, Milwaukee, Wisconsin, Manassas, Virginia, Cuyahoga County, Ohio, y Northwest Arctic Borough, Alaska. Louis, Missouri, cuatro jurisdicciones de Florida y ocho jurisdicciones de Texas.
¿Qué ocurre en Missouri?
Al presentar la demanda el lunes, el secretario de gobierno de Missouri, Jay Ashcroft, dijo que la ley estatal “limita clara y específicamente quién puede estar en los centros de votación”. También acusó al gobierno federal de “intentar interferir ilegalmente en las elecciones de Missouri”.
La demanda afirma que la ley de Missouri “sólo permite la presencia en los lugares de votación de determinadas categorías de personas, incluidos los votantes, los hijos menores que acompañan a los votantes, los trabajadores electorales, los jueces electorales, etc.”, y no de funcionarios federales.
El Departamento de Justicia también pretendía supervisar los centros de votación de Missouri en 2022. La agencia planeaba contar con funcionarios en el condado de Cole, que incluye Jefferson City, la capital del estado. El secretario del condado, Steve Korsmeyer, había dicho que no les dejaría entrar si se presentaban.
La agencia federal se echó atrás después de que Ashcroft mostrara a los funcionarios del Departamento de Justicia la ley estatal, dijo Ashcroft. Dice que el Departamento de Justicia está ahora “intentando entrar por la puerta de atrás” poniéndose en contacto con los funcionarios electorales locales para obtener acceso.
Se dejaron mensajes el lunes a la junta de comisionados electorales de St. Louis.
En 2021, dicha junta llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia para garantizar el acceso a los centros de votación de las personas con problemas de movilidad y de vista, después de que los funcionarios federales detectaran problemas, como rampas demasiado empinadas y aparcamientos inaccesibles, según los documentos judiciales. El acuerdo, que expira el próximo año, dice que la junta debe “cooperar plenamente” con los esfuerzos del Departamento de Justicia para supervisar el cumplimiento, “incluyendo pero no limitándose a proporcionar a los Estados Unidos el acceso oportuno a los lugares de votación (incluso el día de las elecciones)”.
¿Qué dicen los demás estados?
En una carta enviada el viernes al Departamento de Justicia, la secretaria de gobierno de Texas, Jane Nelson, escribió que “la ley de Texas es clara: no se permite la presencia de observadores del Departamento de Justicia en los centros de votación donde se emiten las papeletas ni en los centros de recuento de votos”.
“Texas cuenta con procesos y procedimientos sólidos para garantizar que los votantes con derecho a voto puedan participar en unas elecciones libres y justas”, escribió Nelson.
En una carta similar el viernes, el secretario de gobierno de Florida, Cord Byrd, dijo al Departamento de Justicia que la ley de Florida enumera quién está autorizado a entrar en los colegios electorales del estado y que los funcionarios del Departamento de Justicia no están incluidos. Byrd dijo que Florida está enviando sus propios monitores a las cuatro jurisdicciones a las que el Departamento de Justicia planea enviar personal y que ellos “se asegurarán de que no haya interferencias en el proceso de votación”.
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mgm
