Es uno de los referentes más importantes en la lucha contra la corrupción y violencia en América Latina. Incluso el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, la califica como un exitoso mecanismo de cooperación internacional.
Desde 2007, cuando fue aprobada por el Congreso de Guatemala, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), encabezó más de cien investigaciones de alto impacto que desarticularon al menos 60 estructuras criminales.
Y gracias a su actividad más de 300 personas fueron sentenciadas por casos de corrupción, incluido el expresidente Otto Pérez Molina.
Sin embargo, el futuro de la Cicig es incierto.
El pasado 7 de enero el presidente Jimmy Morales dio por terminado el acuerdo con la ONU que permite su existencia.
Como consecuencia, el organismo debería concluir su trabajo y salir del país el próximo 3 de septiembre.
¿Pero se mantendrá ese escenario una vez Guatemala elija nuevo presidente, para lo cual este domingo se celebra la primera vuelta de las elecciones?
El cambio de postura de Jimmy Morales
El Cicig no siempre estuvo en el punto de mira de Morales.
De hecho, durante la campaña para los comicios de 2015, a los que concurrió con el lema "Ni corrupto, ni ladrón", en varios momentos aseguró que extendería el mandato del organismo.
Las elecciones culminaban un agitado proceso de seis meses, en los que miles de personas protestaron en las calles y plazas públicas contra la corrupción gubernamental.
Un fuerte movimiento ciudadano, agrupado bajo el lema Justicia Ya, respaldó las investigaciones de la Cicig sobre una extensa red de intereses para desviar recursos públicos.
Los responsables de esa operación, conocida como "La Línea", eran el entonces presidente Pérez Molina y su vicepresidenta, Roxana Baldetti. Ambos renunciaron al cargo y, tras ser investigados y condenados, desde entonces permanecen en prisión.
El escándalo aumentó la popularidad de Morales, un excomediante que contendió en la campaña como alguien ajeno a la desprestigiada clase política de su país.
Después, en su primer discurso como ganador, se comprometió a seguir la lucha contra la impunidad.
"Con este voto ustedes me hicieron presidente", dijo. "Recibí un mandato y el mandato es luchar contra la corrupción que nos ha carcomido".
Pero al inicio de 2017, cuando una investigación de la Cicig sobre presunto financiamiento electoral ilegal involucró a algunos de sus familiares, Morales cambió de postura.
El presidente acusó al responsable de la Cicig, Iván Velásquez, de extralimitarse en sus funciones. Y a partir de entonces las críticas del mandatario a la Comisión fueron constantes.
Morales ordenó a las autoridades migratorias impedir el ingreso del comisionado al país, pero la decisión fue revocada por la Corte de Constitucionalidad.
Finalmente, en enero de este año, el presidente anunció la cancelación definitiva del acuerdo con la ONU sobre la Comisión.
"Funcionarios de la Cicig violaron los derechos humanos de ciudadanos guatemaltecos y extranjeros residentes en el país", dijo el presidente.
"La Comisión durante su estadía en Guatemala ha puesto en riesgo la seguridad de la nación, el orden público, la gobernabilidad, el respeto a los derechos humanos pero sobre todo la soberanía del Estado de Guatemala", añadió.
Pero no todos están de acuerdo con esta argumentación. Entre ellos se encuentra Álvaro Montenegro, uno de los fundadores del movimiento Justicia Ya.
"La Cicig reveló cómo funciona el sistema político del país y el financiamiento electoral, donde empresarios y el crimen organizado pagan las campañas para luego agenciarse de contratos", explica a BBC Mundo.
Según el activista, el desempeño del organismo se volvió referente en Latinoamérica, insiste, pues los resultados muestran "los engranajes de corrupción y tráfico de influencias que inciden en que el país tenga altos índices de pobreza e ingobernabilidad".
Una sola vía legal
Pero aunque sean muchos los que concuerdan con Montenegro -las encuestas indican que el apoyo popular al organismo es alto-, eso no garantiza su sobrevivencia.
"Legalmente sólo hay una forma de que la Cicig continúe su trabajo", le explica a BBC Mundo Matías Ponce, portavoz de la Comisión.
"La única posibilidad que plantea el acuerdo de creación de la Cicig, es que sea el presidente de Guatemala quien solicite al secretario General de la ONU renovar el acuerdo".
¿Y lo hará?
Para saberlo habrá que esperar los resultados de la segunda vuelta de los comicios, previstos para agosto.
De momento, de los 21 contendientes para la primera vuelta solo cinco han expresado que respaldarían la continuidad de la Comisión. El resto mantienen una postura ambigua o rechazan al organismo.
BBC Mundo conversó con dos de los tres candidatos con más posibilidades de ganar las elecciones de este domingo según las encuestas, Alejandro Giammattei, del partido Vamos —a quien el último sondeo del medio local Prensa Libre, del 12 de junio, otorga una intención de voto del 14,4%—, y Roberto Arzú, quien compite por el Partido de Avanzada Nacional (PAN) con una intención de voto del 8%.
Y esto es lo contestaron.
"Ya es historia"
"La Comisión se acaba el 3 de septiembre, ese es su futuro, así lo decidió el gobierno", sentencia Alejandro Giammattei, candidato del partido Vamos.
"No se puede renovar algo que se venció. Habría que sentarse con los órganos de justicia a evaluar sobre el proceder de la Cicig", añade.
Como el presidente Morales, el candidato Giammattei cree que la Comisión cometió excesos en su trabajo.
"Combatieron la corrupción metiendo a la gente a la cárcel, pero la corrupción no la combates encarcelando al corrupto", argumenta.
"Si el sistema sigue permitiendo la corrupción te la vas a pasar metiendo gente a la cárcel. En ningún momento hubo correctivos al sistema".
Roberto Arzú, postulado por el Partido de Avanzada Nacional (PAN), tampoco quiere que siga la Cicig.
"Ya venció el plazo, es historia, nosotros no vamos a volver a hacer una Comisión así", asegura.
"Creemos que la justicia debe ser de los guatemaltecos, para los guatemaltecos y por los guatemaltecos", apunta.
Y añade: "Hay que tomar medidas muy duras, pero la verdad una comisión como la que ahora está no se nos pasa por la mente hacerlo".
BBC Mundo solicitó a Sandra Torres, candidata del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) una entrevista para hablar de sus planes con la Comisión. No hubo respuesta.
Sin embargo, la exprimera dama y su partido no han definido una postura clara sobre la permanencia de la Cicig.
Oficialmente UNE respalda la lucha contra la corrupción, pero según diputados consultados por el medio Nómada la renovación del acuerdo sobre la Comisión no es viable.
Sandra Torres, a quien las encuestas de intención de voto colocan a la cabeza (20%, según el sondeo de Prensa Libre), enfrenta varias investigaciones judiciales por presunto financiamiento electoral ilícito.
La Cicig solicitó que se le retire la inmunidad que tiene como candidata presidencial.
"No tengo rencor"
¿Por qué la oposición a la Cicig?
Hay varias razones, le dice a BBC Mundo Álvaro Montenegro, uno de los fundadores del movimiento Justicia Ya.
"Por un lado, los grupos económicos afectados con las investigaciones no están interesados en financiar a los partidos que apoyan a la Comisión", explica.
"Pero también algunos de los candidatos o las personas que los rodean han sido acusados. Por eso se escudan en decir que si el presidente actual tomó la decisión de finalizar el mandato, ellos la van a respetar".
En la Cicig también creen en estas razones. "Se desbarataron grandes redes ilícitas de poder político y económico, se presentaron ante la justicia", dice el portavoz Matías Ponce.
"Las estructuras de poder que ha tocado la Comisión han reaccionado, y por eso se llega a esta situación. Los que fueron vinculados a nuestros casos tomaron la decisión de que no se renueve el mandato de la Cicig".
No es por eso que se oponen a extender el mandato de la Comisión, responden los candidatos presidenciales entrevistados por BBC Mundo.
"A pesar de que fui perseguido por la Cicig, de que mi caso fue sobreseído, de que no llegué a juicio pero sí estuve en prisión no le hablo con ningún rencor", asegura Alejandro Giammattei.
En 2010 fue encarcelado acusado de apoyar a un grupo que cometió ejecuciones extrajudiciales en la cárcel de Pavón, ubicado en el pueblo de Fraijanes, cercano a la Ciudad de Guatemala.
En ese tiempo Giammattei era director del Sistema Penitenciario de Guatemala. El ahora candidato permaneció diez meses en la cárcel antes de ser absuelto.
"No tengo animadversión contra la Cicig por mi caso, al contrario, reconozco que hizo cosas buenas, que luchó contra la corrupción".
Por su lado, Roberto Arzú niega algún conflicto de intereses porque, asegura, no es de los que tienen "la cola machucada", una forma coloquial de referirse a los involucrados en investigaciones de la Comisión.
"Nunca he sido funcionario público, nunca he sido demandado en absolutamente nada de estos casos", insiste.
"Simplemente vemos que así como hizo cosas buenas se quiso poner a jugar una justicia selectiva, un rol político electoral ideológico que no vamos a permitir que suceda".
La oportunidad
En todo caso, el destino de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala podría definirse después de agosto, cuando se realice la segunda vuelta en las elecciones.
Hasta ahora las encuestas coinciden en que ninguno de los candidatos más populares tiene posibilidades de ganar en una primera ronda en las votaciones.
De acuerdo con la legislación electoral sólo dos de los contendientes pueden participar en una segunda vuelta.
Y es allí donde puede existir una oportunidad de que la Cicig sobreviva a los comicios, dice el analista Montenegro.
La clave es hacer de la permanencia de la Comisión un asunto "electoralmente beneficioso" dice.
"En una segunda vuelta cualquiera de los dos que llegue puede diferenciarse del otro haciendo pública la intención de continuar con el trabajo de la Cicig", explica.
Pero eso requiere un fuerte respaldo de los guatemaltecos. "Hay que subirle el volumen a esta narrativa, que la gente se informe y condicione a los candidatos en el tema".
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