San José.— Un pasado de permanente ruptura del orden constitucional con temidos personajes políticos que, asentados en las bayonetas del aparato militar, ejercieron el poder con verticalismo, autoritarismo e intolerancia, persigue a El Salvador, resurge y marca su futuro, a 29 años del final de una guerra civil con saldo de imborrables secuelas sociales y financieras.
Tras la decisión ejecutada el sábado anterior por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de controlar a su antojo la nueva composición en la Asamblea Legislativa, destituir a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, remover al fiscal General Raúl Melara y sustituirlos por fichas sumisas a su gobierno, el saldo institucional lo dibujó una palabra: retroceso.
Con su demoledora victoria en los comicios legislativos del 28 de febrero de 2021, Bukele acusó a los magistrados y a Melara de actuar con fines políticos, los eliminó como piezas incómodas a su labor y se instaló el 1 de mayo en la cresta de mando total. Nuevas Ideas, partido de Bukele, ganó 56 de los 84 escaños parlamentarios y sumó 64 con partidos afines.
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“Estamos limpiando nuestra casa”, adujo el mandatario, de 39 años, y cuyos primeros 24 de los 60 meses de gobierno se cumplirán el 1 de junio próximo. Como jefe del Ejecutivo y apoyado en fuerzas militares, con las que se niega a abrir archivos castrenses secretos del conflicto bélico de 1980 a 1992, y policiales, Bukele extendió su dominio a estructuras legislativas, judiciales y fiscales y sepultó la separación de Poderes.
“Esto es un golpe de Estado. El Salvador va al modelo autoritario de acumulación de poder”, aseguró el salvadoreño Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, organización de análisis político.
“Al controlar el resto de órganos, el gobierno impide investigar la corrupción de que se le acusa. Es probable que convoque a una asamblea constituyente para cambiar la Constitución y establecer un mandato indefinido del presidente”, alertó Escobar a EL UNIVERSAL.
Al señalar un “descontento” con la democracia, adujo que los partidos que gobernaron 30 años, la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), de 1989 a 2009, y el izquierdista y ex guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), de 2009 a 2019, nunca satisficieron “las necesidades” de la población.
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“La gente puso su fe en el discurso populista del presidente, pensando que las cosas cambiarían. El discurso penetró y caló. ¿Por qué la gente no está protestando por lo que está pasando? Si la gente tampoco percibió un beneficio de la democracia, ¿por qué la va a defender?”, adujo.
Bukele rechazó los reclamos en su contra y replicó a gobiernos y organismos internacionales que le cuestionaron que “no es de su incumbencia” por ser asunto interno de El Salvador.
“Aquí nos costó 30 años botar el régimen que nos tenía en la miseria, en la corrupción, en la inseguridad y en la desesperanza. Negociaban con la vida del pueblo y ordenaban asesinatos desde las instituciones [hay videos de eso]. El pueblo no nos mandó a negociar. Se van. Todos”, tuiteó Bukele ayer.
“El futuro de El Salvador es incierto. Bukele es tirano y dictatorial y socavará la democracia”, dijo el salvadoreño Miguel Montenegro, director ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador.
“Están abiertas las heridas de la guerra, que supuran y duelen porque nunca se corrigió la falta de justicia y la impunidad en la guerra”, narró Montenegro.
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Legado
Un matrimonio de una oligarquía de 14 familias al timón de la vida política y socioeconómica con una fuerza militar financiada por Estados Unidos postró a El Salvador en el siglo XX ante dictaduras castrenses, en un choque que recrudeció en la Guerra Fría por la pugna de comunismo versus capitalismo. La alianza provocó una guerra civil entre guerrillas izquierdistas y el ejército derechista y se saldó en 1992 con 80 mil muertos.
La paz silenció fusiles, obligó al poder castrense a retornar a sus cuarteles y retirarse de la política, pero prolongó manías. Por eso, una imagen del 9 de febrero de 2020 revivió las tragedias del siglo XX. Con tropas militares y policiales, Bukele irrumpió ese día a la Asamblea y la tomó bajo armas para exigir la aprobación de un plan de seguridad, pero no logró su meta y se ganó una condena interna y externa.
“El Salvador está en un régimen autoritario con gobernanza autocrática”, dijo la activista social y periodista salvadoreña Celia Medrano, candidata a la secretaría ejecutiva de la CIDH.