San José
. – “Wellcome to Intipucá City”, se proclama en un rótulo a la entrada de Intipucá, recóndita comunidad en un remoto rincón de El Salvador frente al Océano Pacífico y que, a partir de la década de 1960, sobrevive y progresa por el flujo incesante y progresivo de remesas familiares depositadas en Estados Unidos por los migrantes originarios de ese municipio con fama de pujanza económica.
Intipucá
, en el suroriental departamento (estado) de La Unión, es la ciudad del dólar en un país que en 2001 se dolarizó, transformó a la moneda estadounidense en la principal de su economía y sepultó al colón salvadoreño , que circuló desde 1892.
Pero si fructifica un plan del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en Conchagua, municipio de La Unión y al oriente de Intipucá, quizás habría que levantar otro letrero con un mensaje polémico: “Wellcome to Bitcoin Paradise”.
El Salvador se convirtió, el pasado 7 de septiembre, en el primer país del mundo que asumió al bitcoin como moneda de curso legal. Sin sustituir al dólar, la decisión se adoptó pese a la alerta de que El Salvador surgiría como paraíso fiscal o santuario para perder rastro al dinero, eludir impuestos, ocultar activos y legitimar capitales de fuente ilegal.
Bukele anunció el 20 de noviembre anterior que en 2022 empezará la construcción de Bitcoin City en Conchagua, con zonas residenciales, comerciales y turísticas, servicios estatales, puerto, aeropuerto y ferrocarril.
Si el dólar y la migración a EU modificaron la vida de Intipucá y de sus habitantes—los que se fueron, los que se quedaron y los que volvieron—con inversión en infraestructura financiada con las remesas por más de 50 años, un dilema financiero de hoy en El Salvador es el bitcoin, la criptomoneda o moneda digital.
Bukele
presentó en junio de este año a la Asamblea Legislativa un proyecto que, tras su aprobación casi automática el 9 de ese mes, legalizó al bitcoin en 90 días.
“No existió ningún informe que contuviera algún análisis económico, tecnológico o legal en el que se sustentara la factibilidad ni los beneficios ni las desventajas de adoptar el bitcoin”, afirmó el salvadoreño Carlos Palomo, presidente de la (no estatal) Asociación Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos (Tracoda).
“Si a eso lo añadimos que todo el proceso de formación de ley duró menos de seis horas, puede catalogarse como bastante osada la decisión”, dijo Palomo a EL UNIVERSAL.
“El Salvador se saltó varios pasos y en tiempo récord pasó de una economía muy acostumbrada al uso de efectivo a una economía que convive con criptomonedas en apenas 90 días”, advirtió.
Al lamentar que “el impacto real (del bitcoin) en la economía es virtualmente imposible de valorar” sin mediciones confiables, insistió en que “sin duda la planificación y la fundamentación técnica han sido insuficientes”.
“La rapidez” para aprobar la ley y ponerla en vigor impidió “armonizar otros cuerpos legales” sobre tributos, lavado de dinero y regulación financiera, por lo que “hay riesgos de que se tenga una carga impositiva o fiscal no coherente con la que tienen otras jurisdicciones”, aseveró.
Bukele alegó que el bitcoin estimularía la inversión extranjera en su país, reduciría el impacto en El Salvador de la inflación y abarataría el costo de transferencia de dinero que los salvadoreños que, legal o ilegalmente, viven en el exterior, en especial en Estados Unidos, remiten a sus parientes en su tierra natal. Bukele calculó ese ahorro en unos 400 millones de dólares al año.
El Banco Central de Reserva de El Salvador reportó que, de enero a noviembre de 2021, el monto de las remesas familiares captadas por ese país sumó 6 mil 767 millones de dólares, para un incremento de mil 488.7 millones (28%) frente al mismo periodo de 2020. El 95% de ese flujo se originó en EU.
Con el acceso a la billetera electrónica estatal Chivo en bitcoin, en El Salvador pueden comprarse y venderse bienes y servicios. Por la criptomoneda hubo marchas callejeras de protestas.
“La ‘ley bitcoin’ no fue suficientemente discutida por la sociedad salvadoreña. Fue una decisión de Bukele acuerpado en su partido (Nuevas Ideas) que se aprobó en un par de días sin deliberación ni discusión pública sobre la conveniencia o no de aprobarla”, adujo el abogado salvadoreño Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, organización no estatal de San Salvador de análisis político.
“El proceso legislativo no fue democrático. No se escuchó opinar a expertos (a favor o en contra) de la ley” ni hubo participación ciudadana, explicó Escobar a este diario, al reprochar que, aunque el gobierno lo niegue, la legislación estableció que el uso del bitcoin es obligatorio.
Escobar y Palomo coincidieron en que faltan datos verificables que rindan cuentas del efecto del bitcoin en la economía en 110 días de implementación, del saldo de las inversiones públicas en esa moneda y de la apertura de empleos.
“Se creó un fideicomiso (estatal) de mil 200 millones de dólares (para bitcoin) del que tampoco hay mucha información de como se está manejando”, en un gasto “irracional” de fondos públicos por el que a cada salvadoreño se le dieron 30 dólares sin garantía de que los invertiría en la criptomoneda, precisó.
A juicio del economista salvadoreño Ricardo Castaneda, del (no estatal) Instituto Centroamericana de Estudios Fiscales (Icefi), de Guatemala, “la adopción del bitcoin es un experimento que ha combinado una alta dosis de improvisación con una alta dosis de opacidad”.
“Los riesgos para el país son muy grandes y esto es básicamente como salir a un casino virtual, solo que a apostar con el bienestar de la población. Si esto sale bien, sin duda que ganará Bukele porque se mostrará como persona disruptiva que no necesita de organismos financieros internacionales”, relató Castaneda a este periódico.
Pero si… sale mal.
“Si esto sale mal lo pagará toda la población con sus impuestos. El escenario es sumamente complejo y los riesgos son muy altos”, anticipó el experto.
rcr