Cuando en 2002 Luiz Inácio Lula da Silva ganó las elecciones luego de tres intentos fallidos por obtener la presidencia de Brasil, parecía que un nuevo destino se escribía no sólo para el ex líder del Partido de los Trabajadores (PT), sino para todo el país.
Para nadie es un secreto que durante sus dos mandatos como presidente de Brasil, Lula fue considerado casi un mago. El milagro brasileño parecía mostrar que la recuperación económica, el abatimiento de la pobreza y el capitalismo finalmente podrían convivir en un continente renegado a terminar con la gran brecha de desigualdad enquistada desde hace siglos.
El ascenso y caída de Dilma Rousseff derivada de la operación Lava Jato trajo consigo también el encarcelamiento de Lula, por mucho, el personaje aún más querido en Brasil, quien desde abril pasado se encuentra preso y purga una condena de 12 años por corrupción pasiva y lavado de dinero.
Sin embargo, el sábado pasado el Partido del Trabajo decidió nominar a Lula como su candidato frente al próximo proceso electoral con Fernando Haddad, ex alcalde de Sao Paulo, como candidato a la vicepresidencia.
Envalentonados por las grandes movilizaciones que se han dado en todo el país a favor de la liberación de Lula, los dirigentes del partido tomaron una decisión controversial que pone el acento en el discurso victimizador que ha adoptado el ex presidente desde que se iniciaron las investigaciones del caso de corrupción más grande en la historia del país sudamericano.
El proceso judicial puede resultar complejo, pues el código electoral prohíbe expresamente la postulación de un candidato con una condena ratificada en segunda instancia, como es el caso de Lula, cuya condena fue confirmada por un Tribunal Federal en un inaudito fallo que sólo les tomó ocho meses, cuando en todos los demás casos se habían tomado más de un año.
Será el 15 de agosto, fecha límite de registro de candidaturas, cuando se oficialice ante la autoridad electoral la postulación de Lula a la presidencia, una candidatura sin precedente alguno en la historia del país. Un candidato haciendo campaña desde la prisión, a quien se le tendrán que garantizar sus derechos políticos, pero circunscrito a los límites penitenciarios, grabando spots y dando mensajes políticos desde su celda, mientras Haddad hace lo propio desde afuera.
Una campaña limitada que además está condenada a terminar, pues el caso de que el Tribunal Electoral lo declare inelegible es el más probable. Pero el mensaje estará puesto. La imagen de Lula grabando un spot en prisión tendrá un impacto muy grande en los brasileños que deberán salir a votar. Lula encabeza las encuestas electorales desde hace meses y no deja de llamar la atención que en ellas hay 47% que indica que “definitivamente” o “muy probablemente” votaría por el candidato que el ex sindicalista señalara.
Si bien es cierto que la contundencia legal hace difícil creer que hay inocencia en una candidatura que se sabe será negada en virtud de una clara violación a la ley electoral, hay que entender estos pasos como una estrategia que posicione al PT para ganar la próxima contienda.
El uso de Lula como candidato pervivirá hasta el último momento, cuando el PT nombre a otro, Haddad muy probablemente. Pero el riesgo en este caso es muy grande: Brasil enfrentaría una elección con el candidato mejor posicionado tras las rejas, sin posibilidades de aparecer en la boleta, generando gran polarización social y el riesgo de desestabilización del próximo gobierno, poniendo incluso en duda las instituciones democráticas del país.
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