Nueva York.- El procesamiento penal de Donald Trump supone la primera vez que un expresidente es imputado en Estados Unidos, pero de ninguna manera es algo inédito en otras partes del mundo, como en Latinoamérica, donde han proliferado los casos.
Las investigaciones judiciales contra Trump (2016-2020) superan la decena y van desde el fraude fiscal, el asalto al Capitolio, maniobras para interferir en el resultado electoral de 2020 y abusos sexuales. Una de ellas, el posible soborno a la actriz porno Stormy Daniels a cambio de su silencio, le ha costado ser el primer presidente estadounidense imputado en una causa penal.
Al sur del continente, en Perú, han sido procesados cuatro presidentes, entre ellos Alberto Fujimori (1990-2000), que ha escuchado varias sentencias. La mayor 25 años de cárcel en 2009 como autor mediato de los crímenes de Barrios Altos y la Cantuta, y dos secuestros.
Ollanta Humala (2011-2016) estuvo recluido de manera preventiva por su relación con el caso de corrupción de la constructora Odebrecht. El escándalo alcanzó a su sucesor, Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), condenado en abril de 2019 a una pena de 3 años de prisión preventiva, y Alejandro Toledo (2001-2006), está pendiente de extradición desde Estados Unidos acusado de haber recibido sobornos de esa empresa brasileña.
Alan García, que presidió Perú en dos ocasiones (1985-1990 y 2006-2011), se quitó la vida el 7 de abril de 2019 cuando iba a ser detenido en el marco del caso Oderbrecht.
El último presidente peruano salido de las urnas, Pedro Castillo (2021-2022), permanece detenido por intentar disolver el Congreso el 7 de diciembre e instaurar un Gobierno de emergencia nacional.
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Los guatemaltecos Alfonso Portillo (2000-2004), encarcelado en Estados Unidos por lavado de dinero y Álvaro Colom (2008-2012), encarcelado en 2018 por su presunta relación con un caso de fraude y malversación, han rendido también cuentas ante los tribunales.
La justicia panameña sentó en el banquillo a Ricardo Martinelli (2009-14) por un caso de presuntas escuchas ilegales, tras ser detenido en EEUU y extraditado a Panamá en 2017 y, aunque fue absuelto en 2019, es investigado por otras causas.
En El Salvador fueron juzgados Francisco Flores (1999-2004) y Antonio Saca (2004-09). El primero acusado en 2014 de peculado y enriquecimiento ilícito. Saca fue acusado de lavado de dinero, malversación de fondos y enviado a prisión preventiva.
Otros dos países centroamericanos, Honduras y Nicaragua, también han llevado a expresidentes al banquillo. El hondureño Juan Orlando Hernández Alvarado (2014-2022), extraditado en abril de 2022 a EU para enfrentarse a cargos de sobornos de narcotraficantes y el nicaragüense Arnoldo Alemán (1997-2002), condenado a 20 años por lavado de dinero en 2003.
En Argentina, además de Carlos Ménem (1989-1999), que pasó cinco veces ante la justicia y recibió dos condenas, la peronista Cristina Fernández (2007-2015) fue condenada en 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por irregularidades entre 2003 y 2015. Un tercer presidente democrático argentino, Fernando de la Rúa fue juzgado y exonerado de un delito de cohecho agravado.
En Ecuador Abdalá Bucaram (1996-1997) fue procesado en 1998 por corrupción, difamación y estafa al Estado y condenado a 4 años de prisión por injurias, y Rafael Correa (2007-2017) en abril de 2020 a ocho años de prisión e inhabilitación política por cohecho.
La expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez (2019) está en prisión desde 2021 acusada de sedición y terrorismo en relación a los incidentes que en noviembre de 2019 forzaron la salida de Evo Morales.
El histórico presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva (2002-2010), que de nuevo ocupa ese cargo desde enero pasado, pasó dos años en prisión antes de ver anuladas dos condenas por corrupción relacionadas con la estatal Petrobras, y el colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), fue detenido en 2020 dentro de un proceso por presunto fraude procesal y soborno de testigos.
Carlos Andrés Pérez, presidente de Venezuela en dos periodos (1974-1979 y 1989-1993), fue condenado en 1996 a 2 años y 4 meses por "malversación genérica".
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En África estos casos son aún más frecuentes, y entre los presientes procesados y condenados están Moussa Traoré (Mali), Pasteur Bizimungu (Ruanda), Mamadou Tandja (Níger), Jacob Zuma (Sudáfrica), Zine El Abidine Ben Ali (Túnez), Hosni Mubarak y su sucesor, el islamista Mohamed Morsi (Egipto).
Además, la justicia internacional alcanzó a tres mandatarios africanos. El presidente de Liberia Charles Taylor (1997-2003), condenado en 2012 a 50 años por el Tribunal especial para Sierra Leona por crímenes contra la humanidad; al chadiano, Hissène Habré (1982-1990) acusado por un tribunal belga por crímenes de lesa humanidad y al sudanés Omar Hasán Ahmad al Bashir (1993-2019), que espera su entrega a la Corte Penal Internacional de La Haya acusado también de crímenes contra la humanidad.
Hasta cuatro presidentes surcoreanos han sido condenados: Chun Doo-hwan, por su implicación en un golpe de Estado y corrupción; su sucesor Roh Tae-woo, por traición, amotinamiento y corrupción; Lee Myung-bak, por soborno, malversación y evasión de impuestos, y la presidenta Park Geun-hye, por el llamado caso “Rasputina”.
Quizás uno de los casos más conocidos es el del presidente de Irak Sadam Hussein (1979-2003), ajusticiado en la horca en 2006 por los crímenes cometidos en la localidad de Duyail en represalia por un atentado fallido contra su persona.
En 2019 el presidente de Taiwán Chen Shui-bian (2000-2008) fue condenado a cadena perpetua por corrupción y en Paquistán, Pervez Musharraf (2001-2008), vio como en 2019 un tribunal le condenaba “in absentia” a muerte por traición.
Entre los gobernantes de Europa destacan los casos del presidente francés Nicolas Sarkozy (2007-2012) y el primer ministro italiano Silvio Berlusconi.
El francés fue juzgado por corrupción y tráfico de influencias y condenado en marzo de 2021 a tres años de prisión. En el caso de Berlusconi, sus problemas con la Justicia le han sentado más de diez veces el banquillo y ha sido condenado tres veces.