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San José.— Un negocio sin riesgo de pérdida permitió conseguir precios de hasta 15 dólares en el mercado internacional por cada bolsa de embalaje de cadáveres y revender 4 mil en 148 dólares y 50 centavos por unidad a un hospital estatal de Ecuador, en una gestión imperiosa acordada en abril anterior para enfrentar la imprevista carencia de esas piezas ante el numeroso saldo mortal del coronavirus.
La venta, que sumó 872 mil dólares y por la que ya hay funcionarios presos, destapó uno de los supuestos hechos de corrupción con dineros públicos al amparo de las medidas de ataque contra el Covid-19, en uno de los países más golpeados por la pandemia en el hemisferio occidental. El modelo de sobreprecios y demás beneficios a vendedores e intermediarios se habría repetido en marzo y abril de este año en otras naciones de América Latina y El Caribe, donde las dependencias públicas de salubridad hicieron compras extraordinarias de insumos de bioseguridad para responder con rapidez a los apuros causados por los problemas sanitarios.
“Los actos de corrupción que se producen en tiempos de pandemia son verdaderamente deleznables y debían ser considerados delitos de lesa humanidad”, alegó el abogado y político panameño Miguel Antonio Bernal, catedrático de Derecho Constitucional de la (estatal) Universidad de Panamá.
“No hay nada más agravante que dedicarse a robar del erario, a practicar toda una serie de actos de corrupción con contratos y licitaciones absolutamente ilegales y arbitrarias y arropadas en un manto de impunidad. Es antidemocrático, antinacional y, sobre todo, antihumano. Es vergonzoso”, dijo Bernal a EL UNIVERSAL.
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Negociados
Las primeras alarmas de aparente irregularidad en operaciones apremiantes para obtener equipos médicos en firmas privadas internas y externas surgieron en México, Colombia, Costa Rica, Panamá, Honduras, Guatemala y Ecuador. Las sospechas cayeron sobre gobiernos nacionales, provinciales, departamentales, estaduales y municipales. Los sectores replicaron que todo se ajustó a la ley.
El gobierno de Panamá se vio obligado a cancelar una compra de 100 respiradores por 5.2 millones de dólares al mostrarse que su valor individual subió, de unos 10 mil dólares previo a la crisis, a unos 48 mil dólares en abril en plena pandemia, por lo que la Fiscalía General de esa nación abrió causa por peculado. Una adquisición de ventiladores generó también controversia en México, por el estrecho nexo familiar de un vendedor con un jerarca federal de alto rango.
El gobierno costarricense ordenó indagar un acuerdo con una empresa foránea para transportar un donativo chino de equipo médico a esta nación en un vuelo especial de China a Costa Rica. Indicios de tráfico de influencias aparecieron en Guatemala, Honduras y Colombia con autoridades con doble ropaje de proveedores del Estado y funcionarios públicos.
“Temprana”
Las denuncias validaron una alerta temprana sobre el peligro de utilizar la enfermedad para el enriquecimiento ilícito, que fue lanzada a finales de marzo pasado por 13 organizaciones no estatales anticorrupción de México, Venezuela, Argentina, Colombia, Brasil, Chile, Perú, Costa Rica, Honduras, Panamá, Guatemala, El Salvador y República Dominicana.
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Las 13 integran Transparencia Internacional (TI), institución global no estatal promotora de la honestidad y con sede en Alemania.
“La clase política latinoamericana no aprende. Está muy identificada con la cultura de opacidad, corrupción e impunidad”, lamentó el guatemalteco Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, que representa a TI en Guatemala.
“Lo que sospechábamos está ocurriendo. Se confirma el temor de que la emergencia sirviera para que gobiernos con autoridades inescrupulosas cometieran actos de corrupción”, aseguró Marroquín a este diario.
“No vemos preocupación en la mayoría de gobiernos por detener esta ola de nueva corrupción. Necesitamos ministerios públicos y contralorías de cuentas muy activos”, pidió.
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En su llamamiento, las 13 pronosticaron que un escenario como el del Covid-19 “propicia” manipular información y generar condiciones “para el uso inadecuado de fondos y fideicomisos” de urgencia o presupuestos extraordinarios.
Ante una mayor demanda de bienes y servicios estatales y una actividad económica limitada y anormal, “el ejercicio del gasto [público] toma particular importancia, porque de hacer un mal uso de esos fondos extraordinarios, se vulneran los derechos de las personas”, recalcaron.
