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A pesar de que la carrera del polémico ex alguacil Joe Arpaio ha llegado a su fin, algunas de las acciones discriminatorias del llamado “sheriff más duro del oeste”, han encontrado eco en la administración de Donald Trump
En el Distrito 44 de California, una entidad al sur de Los Ángeles, habitada principalmente por hispanos, muchos migrantes son detenidos y arrancados de sus comunidades.
En entrevista con EL UNIVERSAL, la legisladora local Nanette Barragán denuncia que las aprehensiones se realizan sin haber razones para ello.
Sostiene que no están mostrando ninguna evidencia judicial que compruebe que las personas aprehendidas están asociadas con un delito o una organización criminal, elementos requeridos para privar de su libertad a un individuo.
“Hay bastantes personas que están agarrando sin tener récord criminal (…) La situación es muy seria, por lo que estamos peleando en el Congreso estatal para brindar mayor protección porque, al no tenerla, Donald Trump seguirá teniendo elementos para deportar más gente”, sostiene Barragán.
“El miedo que están causando en nuestras comunidades va más allá de nuestra imaginación y verlo causa enorme dolor”, agregó la hija de migrantes mexicanos.
De acuerdo con datos proporcionados por la congresista estatal Judy Chu, en lo que va de la presente administración las expulsiones de migrantes han aumentado 31%.
Por su parte, Indivisible Highland Park, organización dedicada a combatir el racismo, estima que las detenciones se han incrementado 38%, alrededor de 41 mil personas en los primeros 100 días del actual gobierno.
Entre los casos documentados en los últimos seis meses se encuentran los de Clarissa Arredondo, madre de un veterano de la guerra en Afganistán, y de Guadalupe García de Rayos, una madre que fue detenida cuando acudió, por octava ocasión, a la oficina migratoria por una revisión de su documentación migratoria.
María Teresa Borden, experta del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN), explica que los actos ilegales están siendo cometidos por alguaciles locales en complicidad con agencias federales de inmigración (ICE, por sus siglas en inglés).
“Estamos muy preocupados de que los alguaciles, en muchos lugares, entre ellos el de Los Ángeles, están cooperando con ICE y ayudando con sus redadas, lo cual está provocando inseguridad en nuestras comunidades, porque cuando la comunidad tiene miedo de la policía no reportan crímenes”, dice en entrevista.
Afirma que la situación es resultado del giro de la política migratoria. Durante la administración del ex presidente Barack Obama los esfuerzos y los recursos se centraron en deportar a personas asociadas a pandillas o con antecedentes criminales graves. Ahora están “agarrando parejo”. Hay un desvío de recursos locales, en lugar de combatir la delincuencia están persiguiendo a indocumentados.
Las razias están llenas de engaños y cargadas de un fuerte componente étnico, denuncia.
“En ocasiones dicen que es una operación antidroga, pero cuando llegan allí lo único que hacen es arrestar a personas sin cargos. También sabemos que se presentan a casas diciendo que buscan a una persona, pero el hecho de abrir la puerta deja que ellos entren y agarren a todas las personas que están adentro. Deberían luchar contra el crimen real”.
Las asociaciones defensoras de migrantes, acompañadas por congresistas, están buscando un antídoto que erradique el miedo de los inmigrantes, como el adoptado recientemente en Denver, Colorado, a favor de los 130 mil indocumentados que allí viven.
En concreto, impulsan la ley SB54 que evitaría a la policía estatal, local y escolar usar sus recursos para arrestar a individuos sin previa orden judicial. La normativa, que sería la ley antiTrump más firme adoptada por un estado, pasó el Senado, pero requiere del apoyo de la Asamblea estatal y del gobernador para entrar en vigor.
