Anthony Zurcher,
Corresponsal de la BBC para Norteamérica
La Corte Suprema en Estados Unidos terminó su periodo esta semana con una seguidilla de decisiones que resalta las marcadas divisiones políticas e ideológicas entre los seis jueces conservadores y sus tres colegas progresistas.
El presidente Joe Biden la describió como “una corte no normal”, diciendo que estaba dispuesta a echar para atrás decisiones legales de amplio precedente para llevar a cabo su agenda ideológica.
Los seis jueces conservadores fueron nominados por presidentes republicanos y se mantuvieron unidos a la hora de bloquear el plan de Biden para perdonarles las deudas a los estudiantes universitarios, impedir a las universidades estadounidenses tener en cuenta la raza en sus procesos de admisión, y permitirles a los creativos profesionales rehusarse a trabajar en material que promueva el matrimonio igualitario.
Lo único que pudieron hacer los tres jueces progresistas, nominados por presidentes demócratas, fue escribir afiladas opiniones en disenso.
Marcando un nuevo precedente
Las decisiones llegan luego de que en el periodo anterior, la Corte dictara sentencias trascendentales que eliminaron las protecciones al aborto, limitaron el alcance de las regulaciones ambientales y expandíeron los derechos de los propietarios de armas.
Todas estas también se decidieron con la misma diferencia de votos: 6-3.
Pero más allá de los casos que se llevaron los titulares, hay espacio para matizar -incluso, hay algunas sorpresas incluidas- en las decisiones que dictó la Corte en este periodo.
En algunos casos, los jueces conservadores coincidieron con sus contrapartes progresistas para conformar una mayoría que frenó algunas de las prioridades republicanas más ambiciosas -una implementación agresiva de las leyes migratorias, por ejemplo, o fortalecer el poder estatal ante el poder federal.
La Corte dio cabida a las políticas migratorias del presidente Biden, las cuales priorizan la deportación de inmigrantes indocumentados que hayan cometido crímenes serios, o que apenas hayan llegado a Estados Unidos.
También dio lugar a provisiones establecidas en la Ley de Derecho al Voto, una pieza fundamental de legislación de derechos civiles de los años 60 que requiere que los estados se aseguren de que las minorías tengan representación en el Congreso y legislaturas estatales.
El máximo tribunal no apoyó una teoría de la extrema derecha que aseguraba que las legislaturas estatales tienen el poder absoluto de dirigir las elecciones, una propuesta que les hubiera dado a los estados el poder de deshacer los resultados de cualquier elección presidencial a futuro.
El profesor de Derecho de la Universidad de Texas Steve Vladeck dice que decisiones como estas exponen las diferencias entre los diferentes jueces en la Corte.
Algunos están más alineados con el mundo legal más “tradicional” y conservador previo a la llegada del expresidente Donald Trump, mientras que otros coinciden con la agenda republicana actual.
En temas como aborto y el control de armas, señala, los conservadores están bastante alineados: “Nadie debería confundir esta Corte con una moderada”, dice, “pero hay una diferencia entre la justicia media y el tipo de justicia que creo está más alineada a la derecha”.
Nuevas decisiones sobre el futuro
Dado que los conservadores controlan la mayoría en la Corte, puede que estas divisiones entren en juego cuando el nuevo periodo comience en octubre.
Se espera que la Corte escuche casos potencialmente trascendentales que involucran el derecho en Estados Unidos, buscando limitar lo que ve como el expansivo poder del gobierno federal.
Este es un primer desafío a la legalidad de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés), una agencia de protección a los consumidores que crearon los demócratas después del colapso financiero de 2008.
Otro está relacionado con el precedente legal ya establecido que les da poder a las agencias para interpretar cómo se aplican y se hacen cumplir las leyes.
Tanto en el caso de los préstamos estudiantiles de este periodo como en la decisión del año pasado que se refería a cómo la agencia de protección ambiental podía regular emisiones de gas, la Corte restringió la libertad de las agencias para implementar nuevas políticas generalizadas.
El próximo periodo, la Corte podría ir más allá en quitarle los poderes a lo que muchos conservadores llaman el “estado administrativo”, lo cual marcaría un precedente que les haría más difícil a presidentes y sus encargados políticos el poder sortear el estancamiento en el Congreso y alcanzar logros en políticas públicas.
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