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Norma* fue abusada por su padre; Susana*, por su abuelo; Fátima*, por un profesor amigo de su mamá, y Lucía*, por un sacerdote. Las cuatro reportaron su caso ante las autoridades de sus países, pero hasta hoy ninguno de los responsables ha sido sometido a la justicia.
Los casos de estas niñas, todas menores de 14 años en el momento de los hechos, serán llevados hoy ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra (Suiza), como parte de un litigio internacional que presentarán el Centro de Derechos Reproductivos y la organización Planned Parenthood Global, con el que se busca proteger los derechos humanos y la salud de las niñas víctimas de violencia sexual.
Es la primera vez que se presentarán cuatro demandas separadas, pero de manera simultánea, de casos de violencia sexual contra niñas en contra de tres Estados: Ecuador, Nicaragua y Guatemala.
Para Ana Vera, abogada y directora de Surkuna, una de las organizaciones que llevará el caso de Norma, este litigio regional es importante porque “permite visibilizar lo que pasa en Latinoamérica, cómo la violencia sexual está naturalizada, cómo es aceptada y cómo las niñas no son protegidas (...) Norma, como las otras niñas, son muy valientes, ya que no solo están exigiendo justicia por ellas, sino por todas las niñas”.
Lo que se busca con el litigio, dice Ximena Casas, directora adjunta de estrategia de incidencia de Planned Parenthood Global para América Latina, es que “las niñas puedan vivir una infancia digna y decidir sobre su futuro. Obligar a que una niña violada deba continuar el embarazo y asumir una maternidad forzada es tortura”.
Catalina Martínez, directora regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, agrega que también se busca que las niñas sobrevivientes de violencia sexual puedan acceder a la justicia y que el Comité de Derechos Humanos pida medidas generales, es decir, medidas de no repetición.
“A través del litigio de caso logramos justicia para nuestras representadas, cambios estructurales de los que se puedan ver beneficiadas todas las mujeres y niñas en un Estado particular y, además, un estándar jurídico protector que nos permita seguir haciendo el trabajo desde las organizaciones sociales, es decir, incidir, sacar comunicaciones, movilizarnos socialmente, teniendo un piso legal de organismos internacionales que nos permita y nos apoye en nuestras demandas”.
Tanto Martínez como Casas aseguran que los casos de Norma, Lucía, Susana y Fátima son muestra de una tendencia de violencia sexual en la región.
“En Ecuador, cada día siete niñas menores de 14 años resultan embarazadas a causa de la violencia sexual. En México, en el 60 por ciento de los casos, los agresores son familiares o personas cercanas al círculo familiar. En Nicaragua, 8 de cada 10 víctimas de violencia sexual son menores de 13 años. Y en Guatemala, el embarazo es la primera causa de deserción escolar entre niñas y adolescentes”, afirma Casas, y recuerda que en Perú, una de cada cinco niñas menores de 5 años es víctima de violencia sexual, pese a que esa nación es la primera en Suramérica en donde hay más denuncias de violencia sexual, pero es también el país que menos resoluciones judiciales tiene sobre este tema.
Otra de las cosas que preocupan es el impacto devastador que tiene la violencia sexual en las niñas. “Cuando una niña queda embarazada, como producto de un acto delictual, su presente y su futuro cambian radicalmente y su proyecto de vida se desvanece por completo”, dice Casas, quien asegura que tras realizar en Perú, Ecuador, Guatemala y Nicaragua la investigación ‘Vidas robadas’, en 2015, en la que se documentaron los casos de 214 niñas, se evidenció que “los embarazos y maternidades forzadas en las niñas no solamente dan cuenta de la afectación a la salud física, sino también a la mental”.
Además, se descubrieron patrones en casos de violencia sexual contra menores: “Eran situaciones que se repetían una y otra vez, tanto en el tema de la violencia sexual como en la falta de acceso a servicios integrales en salud sexual y reproductiva y en la falta de acceso a justicia”, señala Casas.
Martínez asegura que en litigio hay tres grandes esferas que se quieren resolver. El primero, el acceso a los servicios de salud reproductiva, incluido el aborto. “Es un tema de salud, la salud entendida como física, emocional y social”, afirma.
El segundo tiene que ver con el derecho de las niñas de ser escuchadas sobre decisiones que competen a su esfera personal y privada, como lo son decisiones sobre su propio cuerpo. “Ahí vamos a tener unos lineamientos acerca de lo que significa la autonomía progresiva de las niñas, qué significa ser escuchadas, cómo ellas pueden decidir sobre lo que es bueno y malo dentro de su propio cuerpo, si pueden tomar decisiones informadas, tener acceso a información, a educación”.
Martínez explica que ahí se entrará en la discusión sobre la falencia de esos Estados respecto a la falta de acceso a información y educación en salud sexual, que son “importantes para que las niñas y mujeres podamos tomar decisiones informadas sobre nuestro propio cuerpo”, dice la experta.
Y el tercero será un alegato sobre discriminación. “¿Qué significa que existan estas leyes restrictivas que no permiten que mujeres puedan acceder a un servicio de salud que solamente está disponible para nosotras. (...) son los interrogantes que vamos a responder para concluir que estas niñas han sido víctimas de una discriminación porque no existe en estos Estados la posibilidad de acceder a un servicio de salud reproductiva a la que solo ellas tendrían derecho a acceder”, dice Martínez.
Dos casos emblemáticos
En este litigio se usarán como referencia estándares de dos casos pasados: K. L. y L. C. vs. Perú. El primero fue el de una joven de 17 años que quedó en embarazo de un feto anencefálico. Pese a que su médico recomendó un aborto terapéutico, el hospital se lo negó y K. L. fue obligada a seguir con el embarazo y a amamantar el feto hasta que murió, cuatro días después. Esto le ocasionó problemas de salud físicos y mentales. Por eso, el Comité de DD. HH. decretó reparaciones individuales para ella. El segundo, el de L. C., fue el caso de una niña de 14 años que quedó embarazada producto de una violación e intentó quitarse la vida lanzándose desde una terraza. L. C. necesitaba cirugía por las lesiones en su columna. Pese a que su madre pidió el aborto terapéutico, se lo negaron. Meses después, L. C. tuvo un aborto espontáneo, pero las lesiones que había sufrido eran irreversibles y quedó parapléjica.
