Madrid

La política española no logra salir del atolladero en el que se encuentra, luego del fracaso de dos investiduras presidenciales, las dificultades para formar un nuevo gobierno y la posibilidad de que se convoquen las cuartas elecciones generales en apenas cuatro años.

Los dirigentes de los principales partidos parecen incapaces de sortear el laberinto y están sometiendo al electorado a una prueba de resistencia que podría reorientar una parte de los votos en unos hipotéticos comicios.

El cansancio y la decepción hacen mella en la ciudadanía, sobre todo entre los electores de izquierda que no entienden que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos (UP) naufragaran en su intento de formar un gobierno de coalición.

Ante la imposibilidad de entrar en el Ejecutivo, el pasado 25 de julio los diputados de UP se abstuvieron en el Parlamento para frustrar por segunda vez la toma de posesión del presidente de gobierno, Pedro Sánchez, quien se quedó lejos de la mayoría simple.

Los dos partidos siguen atrincherados, a pesar de que las encuestas señalan que sólo 5% de los votantes del PSOE y UP se muestran favorables a la celebración de nuevos comicios. Por el contrario, 70% de los españoles considera que la inestabilidad y el atorón político afectan “negativa o muy negativamente” a la economía y al bienestar de la población.

La izquierda alternativa liderada por Pablo Iglesias insiste en participar en el futuro gobierno a cambio de apoyar al dirigente del PSOE, que apenas cuenta con 123 diputados de un total de 350.

En el supuesto de que logre pactar con UP (42 curules), Sánchez necesitará también que los nacionalistas catalanes y vascos faciliten su investidura para sumar más votos que el conjunto de la derecha que, casi con toda seguridad, rechazará de nuevo su candidatura.

Si la izquierda española logra superar sus diferencias, los partidos nacionalistas estarían dispuestos a apoyar a Sánchez.

Los socialistas dan por enterrada la fórmula de la coalición con UP y proponen en su lugar un modelo al estilo de los que rigen en Portugal o Dinamarca, donde gobiernan partidos socialdemócratas como fuerzas más votadas, pero contando con el apoyo externo de formaciones progresistas.

Pedro Sánchez sigue considerando a UP un “socio preferente”, pero prefiere tener al equipo de Iglesias alejado del palacio de La Moncloa.

“Gobierno a la portuguesa significa gobierno en el que acaparo 100% del poder, sin negociar, porque sí, aunque esté lejos de la mayoría absoluta y con la ventaja de tener las manos libres para pactar con la derecha”, reviró el dirigente de UP, Pablo Echenique, ante la actitud de los socialistas que están jugando a varias bandas, pidiendo a los conservadores que se abstengan en el Parlamento español para destrabar la investidura, mientras tratan de reanimar las conversaciones con sus aliados.

Si Sánchez no consigue antes del 23 de septiembre el respaldo para renovar su mandato, se convocarán elecciones generales con fecha 10 de noviembre, lo que anticipa un escenario preocupante para España, que necesita un gobierno operativo para hacer frente a los grandes desafíos que llegarán después del verano.

En octubre podría hacerse pública la sentencia, probablemente condenatoria, de los políticos catalanes independentistas procesados por el Tribunal Supremo por los delitos de rebelión, desobediencia y malversación de fondos, lo que agravaría el conflicto generado por las demandas soberanistas de Cataluña, tensando aun más la relación entre Madrid y Barcelona.

Ese mismo mes, está previsto que el Reino Unido abandone la Unión Europea (Brexit), con acuerdo o sin él. En cualquier caso su salida podría resultar contraproducente para España, debido a la importancia del comercio bilateral. También tendría un impacto negativo en el sector turístico español, ya que el Brexit podría reducir el flujo de británicos que lideran el ranking de visitas al país ibérico.

La economía española crece anualmente 2.3%, cifra superior a la de la media europea. Pero los expertos advierten que la inestabilidad política, causada por el bloqueo del gobierno y la crisis independentista, puede acabar contagiando a la economía.

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