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Lo único que está asegurado es la polémica y la división.
Este martes, el expresidente colombiano Álvaro Uribe se convertirá en el primer exmandatario de ese país en rendir una indagatoria (declaración judicial) ante la Corte Suprema de Justicia por una investigación criminal que se sigue en su contra por presunto fraude procesal y compra de testigos.
Uno de los posibles resultados al final de la indagatoria por parte de los magistrados es que decidan acusar formalmente a Uribe e incluso ordenen su detenciónpreventiva.
De ser llevado a juicio y encontrado culpable, podría enfrentarse a una pena de entre seis y ocho años de cárcel.
Los magistrados después de la declaración de este martes, también podrían archivar la investigación.
- Por qué Álvaro Uribe sigue siendo el político más popular de Colombia pese a las numerosas acusaciones en su contra
- Los polémicos elementos con los que la Corte Suprema de Colombia decidió procesar al expresidente Álvaro Uribe
Cualquiera que sea la decisión final, habrá fuertes protestas en Colombia a favor y en contra del expresidente.
Uribe no solamente es senador y fundador del partido gobernante Centro Democrático, sino que es el político colombiano más popular del último medio siglo. Su destino deja indiferentes a muy pocos: mientras medio país lo venera, la otra mitad parece detestarlo.
Por si fuera poco, el proceso incluye numerosos elementos controversiales, como el hecho de que la mayor parte de los testigos son criminales convictos, algunos de los cuales se han contradicho de sus propias declaraciones; y que se han usado grabaciones telefónicas cuya legalidad está puesta en duda.
Durante el fin de semana pasado, los uribistas ya comenzaron a calentar las calles con manifestaciones a favor del expresidente en ciudades como Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla. Este martes prometen salir en Bogotá.
Por el otro lado, los opositores a Uribe han resaltado la poca asistencia a las marchas a favor del exmandatario y celebrado que la Corte haya llamado a indagatoria al expresidente después de más de un año de dilaciones.
Pero, ¿en qué consiste este histórico proceso?
Denunciante enjuiciado
El caso que este martes lleva al exmandatario colombiano al banquillo se inició con una paradoja.
Todo empezó en septiembre de 2014, cuando, durante un debate en el Congreso, el senador Iván Cepeda, del partido de izquierda Polo Democrático Alternativo, acusó a Uribe de tener nexos con grupos paramilitares y de narcotraficantes. Para apoyar su acusaciones, presentó varios testimonios de antiguos paramilitares.
Concretamente, señalaba a Álvaro Uribe de haber fundado, junto a su hermano Santiago, al Bloque Metro, una rama de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Santiago Uribe Vélez, hermano menor del expresidente, se encuentra arrestado y en medio de un juicio por la creación de otro grupo paramilitar llamado los Doce Apóstoles.
En respuesta al debate en el senado, el exmandatario demandó a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia, acusándolo de buscar en las prisiones colombianas a antiguos paramilitares, con el objetivo de que sirvieran como falsos testigos en su contra.
El caso fue radicado en la Corte Suprema que, durante varios años lo investigó (declararon tanto Uribe como Cepeda, así como a todos los testigos implicados) hasta que, en 2018, desechó las acusaciones contra Cepeda y, sorpresivamente, abrió una investigación formal contra Álvaro Uribe por manipulación de testigos, lo que conllevaba los delitos de soborno y fraude procesal.
Convictos y contradictorios
El caso cuenta con 42 testigos, muchos de ellos exparamilitares que se encuentran en prisión. Uno de los principales es Juan Guillermo Monsalve, antiguo miembro del Bloque Metro de las AUC, quien cumple una condena de 40 años en una cárcel de Bogotá.
Monsalve fue uno de los testigos que utilizó el senador Cepeda para sustentar sus acusaciones contra Álvaro Uribe.
Testificó que en una hacienda de propiedad de la familia del expresidente en Antioquia -en la que vivió- se planificaron unas matanzas que luego fueron ejecutadas por estos grupos al margen de la ley.
Sin embargo, Monsalve posteriormente escribió una carta en la que se retractaba de estas afirmaciones, aunque después dijo que su cambio de postura fue adoptado "bajo presión".
Y aquí entra otro de los personajes claves del caso: Diego Cadena, uno de los abogados de Álvaro Uribe. Tanto Monsalve como otros testigos aseguran que Cadena los presionó o pagó para modificar sus testimonios.
De hecho, Monsalve asegura tener una grabación del momento en que el abogado de Uribe lo presionó.
Varios de los testigos han asegurado haber recibido dinero por parte de Cadena. El abogado ha reconocido haber entregado pequeñas ayudas en dinero a algunos de los presos como "ayuda humanitaria".
Escuchas telefónicas
Una crítica del uribismo reside en que parte de las evidencias admitidas por la Corte como prueba son varias horas de grabaciones hechas por las autoridades de conversaciones telefónicas del expresidente Uribe de forma "accidental" durante el curso de otra investigación.
Según la versión oficial, mientras el Cuerpo Técnico de Investigación (la policía judicial) trabajaba en un caso sobre un excongresista interceptaron varios teléfonos y solamente después de llevar un mes grabando se dieron cuenta de que una de esas líneas pertenecía a Uribe.
Los intentos de la defensa por lograr que esas grabaciones no sean incorporadas al proceso han sido infructuosos.
Álvaro Uribeha dicho en diferentes ocasiones que el proceso en su contra tiene motivaciones políticas y numerosas irregularidades.
Además, ha cuestionado que la Corte Suprema, antes de llamarlo a indagatoria no haya aceptado la declaración libre y voluntaria que sobre el caso él ofreció hacer.
Múltiples investigaciones
En la actualidad existen casi 60 investigaciones abiertas en Colombia contra Álvaro Uribe, que van desde homicidio hasta compra de votos. Catorce se encuentran en la Corte Suprema y otros 45 en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
Pero la que concentra la atención de los colombianos es la indagatoria de este martes.
Cuando termine la declaración del expresidente, los seis jueces de la sala del supremo deberán decidir si archivan el caso o acusan a Uribe.
Si toman la decisión de acusarlo formalmente deberán también decidir si lo detienen o le permiten defenderse en libertad.
Apoyo masivo en las urnas
En 2002, Uribe logró llegar a la presidencia de Colombia con un discurso centrado en el incremento de la ofensiva contra la guerrilla de las FARC y la reducción del gasto público, rompiendo con el bipartidismo Liberal-Conservador que se repartió el poder en este país durante décadas.
Luego, Uribe logró una inédita reforma constitucional que le permitió buscar (y lograr) la reelección para un segundo mandato por el que llegó a mantenerse en la presidencia por ocho años.
En las dos elecciones presidenciales en las que participó (2002 y 2006) obtuvo la victoria en primera vuelta con votaciones récord en la historia del país.
Por si fuera poco, en 2016 fue el actor protagónico de la victoria del No en el plebiscito por la paz, su mayor triunfo contra su gran rival en los últimos años y quien antes había sido su gran aliado, el entonces presidente Juan Manuel Santos.
En marzo de 2018, se convirtió en el senador que más votos recibió en toda la historia de Colombia, logrando la reelección por cuatro años más, al tiempo.
Ese mismo año, Iván Duque, a quien muchos consideran heredero político de Uribe, llegó a la presidencia Colombia.
Innumerables polémicas y acusaciones en su contra han sido parte de prácticamente toda su vida política.
A Uribe se le ha señalado numerosas veces de favorecer a los paramilitares en su afán por derrotar a las FARC e incluso ha sido vinculado con el narcotráfico.
Lo que es seguro es que cualquier decisión que tome la Corte Suprema después de la indagatoria de este martes, causará controversia y no satisfará a buena parte del país.
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