Miami. — Las boyas en el río Bravo que instaló el gobierno de Texas han sido objeto de controversia, pero forman parte de un operativo más grande. El gobernador de Texas, Greg Abbott, instaló una serie de nuevas leyes en junio de 2023 para intentar frenar el tráfico de personas y de narcóticos por su frontera con México y que forman parte de la operación Lone Star (Estrella Solitaria) iniciada en marzo de 2021, con un costo que rebasa los 4 mil 500 millones de dólares.
“El gobernador Abbott está compitiendo con [el de Florida] Ron DeSantis para ver cuál de los dos es más despiadado con los migrantes”, comenta Guillermo Alberto Hidalgo, desde Texas, especialista en seguridad binacional y analista político.
Lone Star “se trata de una operación que incluye a todas las dependencias gubernamentales del estado de Texas, que suman miles de agentes buscando indocumentados y donde, incluso, estadounidenses con aspecto latino pagan las consecuencias”, señala Hidalgo.
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Lone Star está encabezada por el Departamento de Seguridad Pública del Estado de Texas y bajo su mando operan los departamentos de policía, las oficinas del sheriff y los soldados de la Guardia Nacional texana. Había 4 mil 576 elementos desplegados, informó el mayor general Thomas Suelzer, jefe del Departamento Militar de Texas, en febrero.
“Aquí el asunto es que estas dependencias patrullan armadas y están autorizados a disparar, siempre que sientan su vida amenazada. Pero aquí [en Estados Unidos] si alguien agarra una piedra o un palo, te disparan; porque desde una perspectiva legal [estadounidense], existe temor fundado de poder ser agredidos y perder la vida”, explica el experto.
Incluso, únicamente en los primeros 16 meses de la operación, 30 personas murieron en persecuciones con vehículos a alta velocidad, han denunciado la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y Texas Civil Rights Project.
A esto hay que sumar la decena de autobuses que el gobierno texano ha enviado a California, Illinois y Nueva York, principalmente, transportando a docenas de migrantes, con el argumento de que son estados santuario, donde no persiguen a los indocumentados en EU.
De acuerdo con publicaciones en dos diarios locales de Texas, se presentaron pruebas a través de escritos oficiales y la declaración de un médico militar, donde el gobierno de Abbott ordena no tener piedad contra los indocumentados, incluidos los niños. “Están sucediendo cosas muy graves, como eso de que agentes de la Patrulla Fronteriza recibieron órdenes de Abbott para que los migrantes que llegaran por el río Bravo fueran regresados o empujados, pero incluyendo a los niños, a las niñas”, comenta preocupado el especialista Hidalgo.
“No sé hasta dónde pueda ser cierta esta afirmación porque la Patrulla Fronteriza es federal y el gobernador de Texas no puede darle órdenes. Quizá fue una orden dada a la Guardia Nacional [texana] o a los agentes policiacos texanos”, dice el especialista.
El diario Houston Chronicle reportó que los elementos policiales o de la Guardia Nacional texana que detengan migrantes tienen prohibido prestarles auxilio y ni siquiera ofrecerles agua.
El periódico Hearst Newspapers publicó a principios de julio un correo electrónico generado por el Departamento de Seguridad Pública del Estado de Texas que describe una serie de abusos que policías estatales realizaron contra migrantes detenidos.
Desde la entrada en vigor de esta operación, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y la Patrulla Fronteriza (BP, por sus siglas en inglés), del sector Eagle Pass, Texas, han solicitado que no intervengan Fuerzas Armadas locales contra migrantes o enfrentamientos con traficantes y que les permitan a ellos hacer su trabajo, pero no son escuchados, lo cual también choca con las leyes federales estadounidenses.
Además, una demanda fue presentada por un grupo de abogados que representan a 15 indocumentados detenidos, considerando que el operativo sólo detiene a personas de apariencia latina y de afrodescendientes. “Eso es discriminación en términos de raza u origen de nacionalidad”, comenta un vocero del grupo, “y eso es anticonstitucional”. Esta demanda pide 5 millones y medio de dólares en daños para los 15 migrantes detenidos arbitrariamente y que el juez federal detenga la operación Lone Star.
Grupos de derechos civiles siguen por su cuenta investigaciones de abusos contra los derechos humanos y violaciones constitucionales. La ACLU ha mostrado información acerca de migrantes detenidos y mantenidos en prisión arbitrariamente, fuera de todo proceso legal, excusando las autoridades retrasos fiscales.
Un vocero de ACLU declaró a este diario que las detenciones de migrantes en Texas, “no solamente en Eagle Pass, además de arbitrarias, están plagadas de violaciones a los derechos civiles y no lo vamos a permitir”.
Muro flotante, bajo demandas
En julio, que comenzó a armarse la línea de boyas antiinmigrante, la administración del presidente Joe Biden presentó una demanda judicial contra el estado de Texas, apoyado en preocupaciones humanitarias y ecológicas.
El gobernador Abbott le respondió a Biden: “Texas lo verá en corte, señor presidente”. Otra demanda fue de un empresario que vive en la franja fronteriza y reprueba la acción por considerar que además rompe el ecosistema del río Bravo.
El gobierno de México ha enviado dos notas diplomáticas a EU, señalando la violación de tratados internacionales, luego de que Texas ha hecho la construcción de este muro pluvial en el río Bravo.
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También agradeció la demanda presentada por la administración Biden contra esta acción del gobernador texano. Esta primera fase de 300 metros de boyas flotantes unidas entre sí con una sierra y reforzada con alambre de púas también cuenta con protección, de 1.2 a 1.8 metros, bajo el agua.
Desde antes de su construcción fue advertido el gobierno texano, de Abbott, que esa área pluvial está bajo resguardo federal, a través de la Comisión Internacional de Límites y Aguas de Estados Unidos (USIBWC, por sus siglas en inglés).
Luego de dos años de la puesta en marcha de Lone Star, la administración texana ha informado que se habían detenido un promedio de 401 mil 900 migrantes, de los cuales 32 mil 400 son arrestos criminales y más de 29 mil 600 cuentan al parecer con delitos graves relacionados con la policía, es decir sólo 7.36%.