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San José.— La jurista costarricense Elizabeth Odio Benito, presidenta electa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), advierte en una entrevista con EL UNIVERSAL que responder con militares y con policías a las protestas socioeconómicas que se registran en América Latina y el Caribe es un retroceso en la protección continental de los derechos humanos.
Al celebrarse hoy el Día Internacional de los Derechos Humanos, en el 71 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Odio clama para que ejércitos y policías “jamás” enfrenten a las sociedades civiles.
De 80 años, exjueza de la Corte Penal Internacional y del Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia y jueza de la Corte-IDH desde 2016, Odio Benito observa inquieta la crisis hemisférica con protestas en Colombia, Chile, Ecuador, Haití, Nicaragua y Venezuela en 2018 y 2019.
La presidente fue electa el mes anterior para que, en 2020 y 2021, presida el tribunal, institución autónoma de la Organización de los Estados Americanos (OEA) abierta en 1979 y con sede en Costa Rica, y sustituya al mexicano Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, quien la presidió en 2018 y 2019.
La Corte, que labora bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, emitida en Costa Rica en 1969, tendrá con Odio apenas a su segunda presidenta en 40 años. La primera fue la chilena Cecilia Medina, en 2008 y 2009.
¿Cómo evalúa el estallido social en el continente?
—Es una situación delicada, porque todas las revueltas sociales que vemos en los últimos meses tienen que ver con el reclamo de las sociedades de que se han desatendido sus derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales y eso ha colocado a grandes mayorías en una situación muy desfavorecida.
Un progreso de la Corte es tutelar esos derechos. Antes del último año y medio estaban distanciados de los individuales y políticos, y ahora la Corte ha avanzado a la tutela independiente de estos otros derechos humanos.
Las diferencias sociales son muy acentuadas. La pobreza en nuestras sociedades es básicamente un problema de las mujeres, con grupos muy desposeídos y violentados. La Corte contribuye en señalar las discriminaciones.
¿Qué piensa de la reacción violenta de los gobiernos?
—Nada se resuelve con violencia. Esto se aplica a situaciones como las que vemos en diferentes países en los últimos meses. Los problemas de la gente deben resolverse con diálogo, reformas legales y concesión, y [nunca] jamás enfrentando a las sociedades civiles con las fuerzas armadas. Los ejércitos, que en mi opinión sirven de muy poco, son para resguardar la soberanía, pero jamás para enfrentarlos con los propios ciudadanos.
¿Y la policía?
—La policía tiene a su cargo el resguardo de la seguridad ciudadana. Pero es resguardo, no ataque a la seguridad ciudadana. El ejercicio abusivo de la fuerza y del poder han causado muchos problemas y muchos muertos. Esto tiene que ser investigado, sancionado e identificadas las personas que cometieron estos abusos y llevadas a los tribunales. Ese es el camino de la justicia y de la paz.
¿Hay un retroceso debido a la represión?
—Si se violenta la integridad física, sicológica, de hombres y mujeres, mayores y menores, hay violación de los derechos humanos. Siempre que se va hacia atrás se retrocede. Yo creo que se ha ido hacia atrás en muchos de estos aspectos.
La Corte comenzó a funcionar hace 40 años en un ambiente muy difícil. Eran los años de las dictaduras militares en el Cono Sur, donde las violaciones a los derechos humanos eran el pan nuestro de cada día: desaparecidos, ejecuciones sumarias, torturas, violencia de todo tipo, violencia sexual, etcétera. Esta de ahora es una coyuntura que puede ser, de alguna manera, equiparable, pero no es exactamente igual.
Nunca había habido Corte, la gente nunca había oído hablar de derechos humanos. En 40 años la gente sabe que existe la protección internacional de sus derechos y que el acceso a la justicia está tutelado en la Convención Americana. Eso va a marcar una diferencia muy importante con lo que pasaba hace 40 años.
