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Repletos de deportados guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, aviones de Estados Unidos y autobuses de México siguieron llegando en 2017 a los aeropuertos de Guatemala, San Salvador y Tegucigalpa, a pasos fronterizos terrestres del sur del suelo mexicano y a otros puestos limítrofes centroamericanos, en lo que ya es una vieja rutina que exhibe la profunda e incontrolable crisis migratoria regional.
Aunque datos oficiales mostraron que las deportaciones totales de centroamericanos desde EU y México registraron este año las cifras más bajas desde 2015, la realidad es que 2017 quedó consolidado como el inicio de un periodo de mayor incertidumbre para los migrantes irregulares por las políticas del presidente estadounidense, Donald Trump, en dos programas cruciales concedidos unilateralmente por Washington: DACA y TPS.
Tras asumir el pasado 20 de enero, Trump cumplió su promesa electoral de impedir la migración irregular a EU.
El Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés), concedido a víctimas de desastres naturales, fue cancelado por Washington el 6 de noviembre para unos 5 mil nicaragüenses a partir del 5 de enero de 2019, extendido inicialmente hasta julio de 2018 para unos 57 mil hondureños y todavía sin decisión para unos 190 mil salvadoreños.
El programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), creado en 2012 por el entonces presidente Barack Obama y que auxilió a unos 800 mil migrantes irregulares o soñadores que ingresaron a EU cuando eran menores de edad al permitirles trabajar y evitar su deportación, fue eliminado por Trump en septiembre anterior y sus beneficiarios sólo podrán permanecer en esa nación hasta que venzan los permisos.
Trump retiró este mes a EU de un plan de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que busca lograr en 2018 un pacto de respeto a los derechos humanos de migrantes y refugiados y su integración socioeconómica.
En este panorama, la zozobra cunde en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.
Informes de los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador entregados a este diario mostraron que las deportaciones de guatemaltecos, hondureños y salvadoreños desde EU pasaron de 64 mil 490 en 2015 a 77 mil 621 en 2016, con 58 mil 384 de enero a noviembre de 2017.
Las deportaciones de guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y, en menor número, nicaragüenses desde México bajaron de 161 mil 790 en 2015 a 129 mil 894 en 2016 y, según datos preliminares, de enero a noviembre de 2017 sumaron 64 mil 868.
“Los centroamericanos en EU migraron del sueño americano a la pesadilla americana”, dijo la guatemalteca Julia González, coordinadora de la (no estatal) Mesa Nacional para las Migraciones, de Guatemala. “El escenario es complicado, preocupante. Por un lado, la política antimigratoria de Trump y, por el otro, la responsabilidad de los países de origen de evitar que la migración sea forzada”, alertó en una entrevista con EL UNIVERSAL.
“No sólo los retornos o deportaciones son forzadas. La migración también lo es, por causas estructurales múltiples con altísima responsabilidad de los Estados de origen: falta de empleo, sin acceso a servicios básicos, necesidad de reunificación familiar y violencia e inseguridad que crecen de manera terrible en estos países”, afirmó.
Tras advertir que “ningún Estado está preparado para recibir los flujos de retorno forzado que va a seguir implicando esta política de Trump contra la migración”, sentenció: “La crisis socioeconómica en estos países centroamericanos se agudizará. Será terrible”.
Así, la ceremonia de autobuses de México y aviones de EU en pasos fronterizos y aeropuertos centroamericanos repletos de deportados seguirá reflejando la aguda crisis migratoria regional.
