Buenos Aires .- No ha sido un buen año para Cristina Fernández , viuda de Kirchner. La vicepresidente argentina, figura central de la política nacional en los últimos 20 años, fue condenada este martes a seis años de prisión, en un polémico juicio por supuestos actos de corrupción cometidos durante su presidencia.
La condena se suma al atentado que la exdiputada, y exprimera dama, sufrió el 1 de septiembre pasado, en un caso que tampoco la tiene contenta.
Un hombre gatilló dos veces una pistola muy cerca de su cabeza, pero por alguna razón, el arma no disparó. El atacante, su novia y el supuesto jefe de la banda que planeó el ataque están detenidos por este hecho .
Sin embargo, Fernández asegura que todo es parte de un complot en su contra y exigió que la jueza María Eugenia Capuchetti , encargada de la causa por intento de homicidio, fuera retirada. El argumento: que la jueza omitía profundizar la investigación para determinar si hubo instigadores políticos del atentado, y que no era una figura imparcial.
La justicia rechazó el alegato y ratificó a Capuchetti, mientras que el tribunal de apelaciones ordenó a la jueza “corroborar o descartar” supuestas declaraciones del diputado Gerardo Milman , del partido opositor Juntos por el Cambio, respecto a que sabía con antelación del ataque.
“Cuando la maten voy a estar camino a la costa”, habría dicho Milman dos días antes del atentado, según un testigo. La Cámara Federal también ordenó impulsar nuevas medidas de pruebas.
Combativa, temperamental y capaz de convocar grandes masas, Fernández de Kirchner lleva décadas en el poder en Argentina.
Presidenta en dos mandatos entre 2007 y 2015, viuda del expresidente Néstor Kirchner , fallecido en 2010, enfrenta ahora un nuevo desafío, en lo que alega es un ejemplo de “ persecución política ”.
Es acusada en el caso que juzga las presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y de ella, en la austral provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.
La vicepresidenta –volvió al poder en 2019 como compañera del presidente Alberto Fernández- es señalada de haber cometido delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos, por lo que, el pasado 22 de agosto, la Fiscalía pidió para ella una condena de 12 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida .
Amada por sus seguidores y detestada por sus opositores, fue condenada finalmente seis años de prisión.
Para ser efectiva, esa condena deberá transitar un largo peregrinaje hasta ser, en un futuro que no se vislumbra cercano, refrendada o rechazada por la Corte Suprema. Mientras, el derrotero judicial de Cristina, como la conocen sus seguidores y detractores, sigue su curso.
Justicia y vientos políticos
Desde que en 2016, tras culminar su segundo mandato, fue procesada por primera vez -en una causa por supuestas irregularidades en operaciones con contratos de futuros de dólar durante su Presidencia-, multitud de imputaciones fueron emergiendo.
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Ya fuera por presuntos negocios espurios con empresarios mediante Hotesur y Los Sauces, sociedades inmobiliarias de su propiedad, o por encabezar una enorme red de cobro de sobornos en la mediática "Causa de los cuadernos". También por el uso de aviones oficiales para enviar periódicos a su residencia en el sur del país o por atesorar documentos históricos que según el juez deberían estar en manos del Estado.
“Lo único que les falta es acusarme de la muerte de Kennedy”, llegó a decir Cristina en 2016, cuando se reabrió el expediente en el que se la acusaba de haber querido encubrir, mediante un pacto con Irán, a los sospechosos de ese país de cometer el atentado contra una mutua judía de Buenos Aires en 1994.
Aforada entonces por ser senadora, evitó entrar en prisión pese a las órdenes de detención contra ella .
Reiteradamente, la viuda del expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) -fallecido en 2010 pero también sospechado en algunas de las causas- ha negado las acusaciones y asegurado que responden a una persecución judicial impulsada por el exmandatario Mauricio Macri (2015-2019) junto a los medios de comunicación "hegemónicos".
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