El Cairo.— La justicia egipcia emitió veredictos contra 734 personas, incluidos líderes islamistas, con 75 penas de muerte y 47 cadenas perpetuas, por participar en las protestas tras el derrocamiento en 2013 de Mohamed Mursi como presidente.
El Tribunal Penal de El Cairo sentenció ayer a los predicadores de la Hermandad Musulmana Mohamed al-Beltagy, Safwat Higazi y Essam Al-Erian, así como a otros 72 miembros a pena máxima por el caso de la plaza de Rabaa, donde una protesta culminó con cientos de muertos.
También dictó prisión de por vida contra 47 acusados, entre ellos el guía supremo del grupo islamista, Mohamed Badia, y al ex ministro de Abastecimiento, Basem Ouda; otros 612 acusados recibieron penas de cárcel de entre cinco y 15 años después de un juicio masivo en El Cairo.
La corte penal condenó a Osama, hijo de Mursi, a 10 años de prisión, y al fotoperiodista Mahmoud Abu Zeid, quien a principios de año recibió el Premio de la UNESCO a la Libertad Mundial y fue detenido mientras cubría los hechos en Rabaa, a cumplir cinco años de encarcelamiento.
La dispersión de la protesta en agosto de 2013 se produjo semanas después de que el presidente Abdel Fatah al-Sisi, el entonces jefe militar, derrocara a Mursi, en medio de manifestaciones contra su gobierno.
Amnistía Internacional (AI) dice que más de 800 manifestantes fueron asesinados. “El hecho de que ni un solo oficial de policía haya rendido cuentas por el asesinato de esas personas en las protestas de Rabaa y [la plaza de] Nahda muestra la burla a la Justicia que ha sido este juicio”.
Human Rights Watch (HRW) consideró que la represión de entonces probablemente equivale a un crimen “de lesa humanidad”.
Los condenados están acusados de delitos como incitación a la violencia, asesinato y organización de protestas ilegales. El tribunal ordenó que paguen los daños causados durante la dispersión de la plaza de Rabaa y que, después de que cumplan sus sentencias, sean sometidos a vigilancia policial cinco años más.
En julio, Egipto aprobó una ley que confiere inmunidad por actos cometidos entre 2013 y 2016 a los oficiales del ejército, que no pueden ser investigados o perseguidos por la justicia sin el permiso del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. La normativa otorga al jefe del Estado la prerrogativa de dar “inmunidad diplomática” a los uniformados que él considere.