Más Información
Quito.— Ecuador anunció ayer su retiro del grupo ALBA tras expresar su “frustración” con el gobierno de Nicolás Maduro por la “falta de voluntad” para solucionar la crisis interna que ha obligado a migrar a cientos de miles de venezolanos.
Así, el gobierno de Lenín Moreno se distancia más del que fuera el mayor aliado de Ecuador en la época de su antecesor, Rafael Correa (2007-2017). Quito “no continuará su participación dentro” la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) —integrado además por Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Granada, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Venezuela—, señaló el canciller José Valencia.
Explicó que el gobierno ecuatoriano “está frustrado por la falta de voluntad política” del gobierno de Maduro “para abrir las puertas a una solución democrática” a su enfrentamiento con la oposición e insistió en que “sólo una estabilidad democrática en Venezuela producirá una estabilidad económica que evite la continuación del éxodo masivo de sus ciudadanos”.
El gobierno ecuatoriano señaló además que abrió un corredor humanitario para que los venezolanos que se encuentran en su territorio puedan trasladarse de manera segura hasta la frontera con Perú.
Buena parte de los venezolanos buscan trasladarse a Perú, Bolivia, Chile y Argentina y muchos emprenden la travesía a pie. Los migrantes serán trasladados en autobuses, con apoyo policial.
Perú estimó ayer mismo que 100 mil desplazados venezolanos ingresarán por sus fronteras en las próximas semanas, lo que incrementará a medio millón el total de personas que habrán llegado al país huyendo del régimen de Nicolás Maduro. A partir del sábado, sólo podrán ingresar a suelo peruano los venezolanos que tengan pasaporte, aunque esté vencido.
Naciones Unidas (ONU) tiene previsto establecer hoy un mecanismo de coordinación al éxodo masivo de venezolanos. El lunes y martes próximo, las autoridades migratorias de Perú, Ecuador y Colombia analizarán lo que este país llamó un “problema de seguridad nacional”.
