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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que asumió el poder hace poco más de un mes, enfrenta su mayor desafío hasta ahora. Tras la fuga de prisión el domingo de José Adolfo Macías Villamar, “Fito”, el líder de la principal banda criminal, la violencia escaló a niveles sin precedentes, lo que llevó al mandatario a tomar la drástica medida de declarar un “conflicto armado interno”, una sentencia de guerra a la mayoría de las bandas del crimen organizado que operan en el país.
Desde entonces, dos preguntas abruman a los ecuatorianos: dónde estará “Fito”, por un lado, y dónde el Plan Fénix, la revolucionaria estrategia de seguridad que prometió el gobierno durante la campaña para sacar al país de la crisis.
Desde que el líder del grupo criminal "Los Choneros" escapó de la cárcel regional de Guayaquil el domingo sin dejar ni un solo rastro, Ecuador contabiliza decenas de incidentes brutales protagonizados por bandas narco que impulsan motines, secuestros de efectivos policiales, atentados con explosivos y balaceras.
La toma del canal TC Televisión por parte de integrantes de "Los Tiguerones" en pleno programa ayer condujo a que Noboa diera rienda suelta a los militares para que operen en cada rincón del país mientras todo se paraliza bajo un estado de excepción. Si bien la medida recibió el apoyo tanto de figuras oficialistas como de la oposición, como el exiliado Rafael Correa, la estrategia de seguridad de Noboa ha sembrado interrogantes e incertidumbre, en particular porque hasta ahora no hay un documento oficial disponible que detalle su hoja de ruta.
“Esta ola de violencia no es un accidente, estábamos empezando a aplicar nuestro plan de seguridad”, aseguró el miércoles el mandatario, que advirtió que “se acabaron los gobiernos tibios”.
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Durante la campaña electoral, en el plan de gobierno de Noboa, que fue electo presidente en octubre pasado, la cuestión de la seguridad ocupaba un rol central con el fin de acabar una epidemia de violencia vinculada al crimen organizado que dejó una tasa de 40 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2023.
El Plan Fénix estaba basado principalmente en cuatro puntos: inaugurar una central de inteligencia con tecnología moderna que permita recopilar información para “prevenir delitos”; dotar a las fuerzas del orden con equipamiento adecuado; militarizar las fronteras e impulsar reformas “significativas” en las instituciones de seguridad, como el sistema penitenciario y el judicial, para depurar las esferas del poder manchadas por corrupción.
Megacárceles, estilo El Salvador, llegarán a Ecuador
El gobierno anunció a mediados de diciembre que el Plan Fénix ya estaba en marcha y reveló nuevos puntos sobre la estrategia de seguridad, indicando que su piedra angular sería retomar el control de las cárceles. Para eso impulsaría la segmentación de cárceles con la construcción en diez meses de nuevos centros penitenciarios, entre ellos dos penales de máxima seguridad al estilo Nayib Bukele, diseñados por la misma compañía que trabajó en El Salvador. También propuso construir cárceles “barcazas” para aislar a los cabecillas de las bandas.
Mónica Palencia, ministra de Gobierno de Ecuador, dijo a Radio Centro Digital que Ecuador mantenía conversaciones con empresas israelitas, mexicanas, estadounidenses y salvadoreñas para obtener asesoramiento y financiamiento, y recalcó que el Plan Fénix es una propuesta “también de lucha en el aspecto económico, porque una de las principales causas de la delincuencia es la pobreza”. Noboa detalló hoy que el embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, aseguró que su país presentará un paquete de asistencia para enfrentar la crisis de seguridad.
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“Hay un plan bonito, no se lo cuente a Fito todavía...”, bromeó Noboa en una entrevista radial en diciembre. Poco menos de un mes después, fue precisamente la fuga de Macías lo que sembró las dudas sobre la estrategia.
“El país no sabe de qué va ese plan. Y los hechos últimos dan cuenta además de que, si existe, no ha dado resultados”, indicó a este medio Andrés Jaramillo, estratega en comunicación política.
“No existe claridad en cuanto a los objetivos estratégicos, las metas que se piensan lograr durante los siguientes meses. Y tampoco las áreas que serían las priorizadas. No se busca que se den detalles a nivel táctico- operativos que puedan poner en riesgo la implementación o el impacto que se busca genera, pero al menos tener estos lineamientos y sobre todo la articulación que en estos momentos se necesitan a nivel local”, dijo a La Nación en la misma línea la analista en temas de seguridad e inteligencia Carolina Andrade Quevedo.
En un video en el que dos reos retienen a efectivos policiales en un penal de Ecuador, los reclusos se animan a desafiar a Noboa diciendo que no le “tenemos miedo” y recalcan “nosotros no somos la pandilla de El Salvador, nosotros somos mafia”.
Para Christian Zurita, excandidato presidencial que ocupó el puesto tras el asesinato de Fernando Villavicencio, si el gobierno de Noboa buscaba reforzar a las fuerzas del orden y adelantarse a los criminales reforzando la inteligencia, “entonces los grupos del crimen organizado se le adelantaron”, dijo a LA NACION. Si bien ha respaldado en las últimas horas el último decreto del gobierno, considera que Noboa debe cumplir con su promesa central de diseñar “un sistema de inteligencia real”.
El presidente designó oficialmente como nuevo director general del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) a Michele Sensi Contugi Ycaza, un empresario cercano a él, hace una semana atrás, el pasado 3 de enero.
“Noboa tiene que actuar. El ejército y la policía tienen que demostrar que no están intrincados en el crimen organizado. Lo que pasó ayer fue un paro armado exitoso, todo el país está inmovilizado gracias al crimen organizado”, reflexionó Zurita. “En la salida de los delincuentes de TC Televisión se vio ya un acuerdo: las fuerzas tácticas no entrar al canal a matar, entran a negociar, y allí es donde se refleja la impunidad”.
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En una encuesta de 2022, el 75% de la población ecuatoriana declaró que no confiaba en la policía, según InsightCrime.
En la entrevista radial del miércoles, Noboa apuntó a jueces y fiscales que colaboren con las bandas criminales que también serán procesados como parte de la “red terrorista”.
Además, tras la declaración del Decreto 111, en el que la presidencia identificó a los principales “grupos del crimen organizado trasnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes”, surgieron dudas en base a las operaciones que podrán llevar adelante las fuerzas militares.
“Hay muchas confusión en cuanto al marco legal. El decreto adjudica a estos grupos como terroristas, pero a la vez enmarcar el conflicto bajo las normativas del derecho internacional humanitario al concebir al oponente como grupos ´beligerantes´”, dijo a La Nación Glaeldy González Calanche, analista de Crisis Group.
La analista destacó asimismo que Noboa planeaba impulsar importantes medidas en materia de Seguridad, como la ampliación de las penas, el rol de ejército, y habilitar la extradición, a través de la consulta popular. “Antes este nuevo escenario, el gobierno todavía no se han pronunciado sobre cómo se va a seguir”, puntualizó. “Hay aspectos burocráticos que pueden demorar muchísimo, pero la consulta popular ha sido clave en la campaña de Noboa, no creo que se eche atrás tan fácil”.
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