Quito.- El juicio político al presidente ecuatoriano Guillermo Lasso comenzó este martes su etapa final, pero existe incertidumbre sobre si la Asamblea logrará reunir los votos necesarios para destituirlo o si el mandatario hará uso de un recurso constitucional para disolver al Legislativo.
El proceso inició a fines de marzo y desde entonces ha avanzado en distintas instancias en la Asamblea, donde Lasso tiene un mínimo apoyo y se encuentra acorralado por una férrea oposición liderada por el partido Unión por la Esperanza del exmandatario Rafael Correa (2007-2017).
Los legisladores acusan al presidente de malversación de fondos públicos, lo que ha sido negado por Lasso y la oposición tampoco ha podido probar, a pesar de lo cual el proceso se ha mantenido y se espera que termine el próximo fin de semana cuando los asambleístas voten la moción de censura y destitución.
La Asamblea ha convocado para las 10 (1500 GMT) a la sesión para el tramo final del juicio a Lasso, quien tiene previsto llegar al Legislativo hacia el mediodía acompañado de su gabinete y otras autoridades del Estado.
En esta sesión los acusadores tendrán dos horas para presentar las pruebas contra el presidente y luego el mandatario contará con igual plazo para presentar las pruebas de descargo. Después ambas partes tendrán una hora para eventuales réplicas.
Más tarde cada uno de los 137 asambleístas podrá hablar durante 10 minutos y luego habrá una pausa. Se espera que el fin de semana se produzca la sesión final en la que se decidirá la suerte de Lasso.
Se lo acusa de no haber intervenido para impedir o denunciar una estructura de corrupción en el contrato de transporte de crudo hacia el exterior entre la empresa estatal Flota Petrolera Ecuatoriana y la empresa Amazonas Tankers, lo que habría causado un millonario perjuicio al Estado.
Los asambleístas aseguran que Lasso no se opuso al contrato ni al despido de un funcionario que había recomendado ponerle fin al acuerdo comercial.
El gobierno ha señalado que no hay pruebas de los perjuicios económicos causados y la Contraloría tampoco ha hallado pruebas de la acusación. No hay procesos penales con relación al tema.
Una sólida mayoría del Legislativo integra una coalición de partidos de izquierda como Unión por la Esperanza, de derecha como el Partido Social Cristiano, la fuerza política de los indígenas Pachakutik y varios legisladores independientes.
La ley dispone que sean al menos las dos terceras partes de los 137 asambleístas, es decir, por lo menos 92 votos.
No, el juicio no puede ser suspendido pero el mandatario sí podría activar un recurso constitucional que lo autoriza a disolver la Asamblea sin autorización de ningún organismo estatal.
Esto le permitiría gobernar por decreto hasta por seis meses bajo el control de la Corte Constitucional y paralelamente convocar a elecciones presidenciales y legislativas.
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Sí, el juicio político corre en forma separada de cualquier proceso o investigación penal. El presidente Lasso enfrenta el juicio político por el presunto delito de peculado, cuyo proceso penal se encuentra aún en etapa de investigación previa por parte de la Fiscalía. El mandatario no ha sido acusado ni imputado por la vía penal.
De acuerdo con la constitución asumiría la presidencia el vicepresidente Alfredo Borrero, de 67 años y médico de profesión, quien llegó al poder elegido en binomio con Lasso, un exbanquero de derecha.
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Si, en cualquier momento puede activar la disolución de la Asamblea, también conocida como muerte cruzada, que es una atribución constitucional que no requiere de la aprobación de otro organismo estatal.
Esto lo permitirá gobernar por decreto hasta por seis meses, con la aprobación de la Corte Constitucional, mientras tanto se debe convocar a elecciones presidenciales y legislativas.
No, esta es la segunda ocasión. La primera fue en junio de 2022 cuando la oposición no alcanzó su objetivo al reunir 88 votos para destituir a Lasso. En esa ocasión el mandatario fue acusado de evitar que el país afronte una grave conmoción interna provocada por una huelga indígena que exigía la reducción del precio de los combustibles.
Los indígenas paralizaron el país por casi tres semanas, bloquearon vías e impidieron la actividad cotidiana en las principales ciudades. El paro causó al país mil 200 millones de dólares en pérdidas, 800 millones correspondientes al sector privado.
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