Como una incontenible plaga de hormigas marabuntas, la violencia criminal continuó en 2023 con su avance implacable en Ecuador que aceleró desde 2016 y degradó la convivencia social y política.

El saldo de choques el pasado fin de semana de pandillas en una cárcel ecuatoriana fue de seis reos muertos y 11 heridos, pero policías penitenciarios quedaron retenidos en otras prisiones en una onda expansiva de la tensión.

El conflicto se agravó con el asesinato, en un tiroteo el domingo anterior, del político ecuatoriano Agustín Intriago, alcalde de la centro-occidental ciudad portuaria de Manta, tercera principal urbe de Ecuador y en el litoral del Océano Pacífico, en un hecho que sacudió al país en una incontrolable y generalizada inseguridad..

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“Ecuador sigue el rumbo de permanente bote y rebote hasta llegar a ser un Estado fallido. Las condiciones son sumamente graves y violentas: la sociedad está aterrorizada con lo que está pasando”, alertó el coronel ecuatoriano en retiro Mario Pazmiño, ex director de Inteligencia del Ejército de Ecuador, escritor y profesor universitario de seguridad y defensa en la (no estatal) Universidad Regional Autónoma de los Andes (UNIANDES), de esa nación.

Con el de Intriago “son ya nueve asesinatos (en 2023) de personas con cargos políticos o compitiendo por algún cargo en las elecciones (generales del 20 de agosto próximo). Es una pésima imagen de una campaña enlutada por la violencia extrema: no priman las ideas, priman las balas”, dijo Pazmiño a EL UNIVERSAL.

“La violencia y la inseguridad los asesinatos se han venido incrementando contra actores políticos. El gobierno ha mostrado ineficiencia total en el manejo de la seguridad… y en el carcelario también”, destacó.

El incesante incremento de homicidios fue por “un ajuste de cuentas entre organizaciones delictivas”, con la caída mortal de “algunos” jefes criminales “y esto en la delincuencia organizada transnacional no se olvida. Lo que pasa en las cárceles es parte de esas secuelas”, subrayó.

Para el politólogo ecuatoriano Sebastián Mantilla, director ejecutivo del (no estatal) Centro Latinoamericano de Estudios Políticos (CELAEP), de Quito, “la inseguridad y la violencia en Ecuador están desbordadas. De seguir así, Ecuador cerrará 2023 con una tasa de 40 homicidios por 100 mil habitantes: la más alta de la región”.

Ecuador subió de mil 188 asesinatos en 2019 a mil 362 en 2020, 2 mil 464 en 2021 y 4 mil 450 en 2022 (al 28 de diciembre), según registros oficiales.

“Esto es resultado del aumento de las actividades criminales en Ecuador y principalmente de la incapacidad, inacción y falta de políticas acertadas del gobierno del presidente Guillermo Lasso en la lucha contra el crimen organizado”, adujo Mantilla a este periódico.

Tras relatar que el asesinato del alcalde “ha hecho mucho más mediático el problema de inseguridad”, narró que “esto ya estaba en crisis desde hace varios meses. Y, como en otras ocasiones, Lasso ha declarado el Estado de excepción” en varias provincias (estados) “para tratar de atenuar la situación”.

“O tratar de mostrar a la opinión pública que el gobierno está actuando. Sin embargo, estos decretos de excepción no han surtido ningún efecto en el pasado y vuelve a recurrir a lo mismo sin que esto pueda significar un cambio positivo. La situación en las cárceles se ha recrudecido”, mencionó.

“Hay amotinamientos en 13 cárceles. Los estados de excepción y las medidas adoptadas por el gobierno no le han permitido tomar control de los centros de reclusión. Muchos de éstos siguen en control de ciertas bandas criminales, las más poderosas con vínculos con los cárteles mexicanos de la droga”, agregó.

Ante los cuestionamientos, Lasso garantizó ayer que “estamos fortaleciendo la coordinación” militar y policial.

Tinieblas políticas

En un contexto cotidiano de creciente inseguridad, Ecuador pareció avanzar a oscuras o a tientas hacia las elecciones generales y anticipadas del próximo 20 de agosto.

“Se vende miedo”, tituló Diario Extra, un diario ecuatoriano, al describir anteayer el panorama de la venta de gran cantidad de inmuebles en Durán, en la surcentral provincia de Guayas.

“La gente comienza a irse de Durán, huyendo de la violencia criminal. El aumento de asesinatos y otros delitos impulsa a la gente a salir de esta urbe. Hay quienes tienen puestos letreros de venta (de sus locales) desde hace meses, pero nadie quiere comprar”, añadió.

Al exponer un escenario que podría expandirse al resto de Ecuador, el rotativo, con sede en Guayaquil, segunda ciudad más importante y capital de Guayas, precisó que Durán aumentó de 78 homicidios del primero de enero al 21 de julio de 2022 a 108 en ese mismo periodo de 2023.

Ecuador se hundió desde 2016 en un severo deterioro de su seguridad que se profundizó de 2020 a 2022 con una infiltración criminal —sin precedentes en su historia— de los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

Aliados a mafias ecuatorianas, la penetración criminal mexicana se saldó con muerte, caos y pánico en las calles y en una constante y violenta disputa carcelaria.

Con sus emisarios en Ecuador, los cárteles mexicanos lo consolidaron en 2022 como base del tráfico internacional de cocaína de Colombia, principal productor mundial de esa droga, para llevarla a suelo ecuatoriano y reexportarla a Centroamérica, México, EU y Europa.

El desgaste ecuatoriano en inseguridad e ingobernabilidad se agudizó este año y debilitó y acorraló a Lasso. El 17 de mayo anterior, rumbo a cumplir el 24 de ese mes el segundo de sus cuatro años de gobierno y desesperado por evitar ser destituido en juicio legislativo por un escándalo de corrupción en su contra, Lasso disolvió la Asamblea Nacional, adelantó las elecciones presidenciales y parlamentarias y luego desistió de competir.

En respuesta al asesinato del alcalde, el presidente movilizó unos 300 militares al suroccidente y, en honor a Intriago, tuiteó ayer una frase que dibujaría el paisaje de un país entre rejas: “Ecuador está de luto”.

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