San José. – Si prospera un plan del gobierno de Ecuador, los ecuatorianos marcarán un hito en la historia de América Latina y el Caribe y podrán decidir en un plebiscito si aceptan o rechazan militarizar la seguridad pública, en un país sacudido por la creciente e incesante penetración de los cárteles mexicanos del narcotráfico internacional.
Como las fuerzas militares de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Colombia y Venezuela, que también se involucraron en tareas policiales, las de Ecuador arrastran un lastre de desprestigio por las violaciones a los derechos humanos que cometieron en la represión política y en otros actos en la segunda mitad del siglo XX y en el transcurso del XXI.
Ecuador planea llamar a una consulta popular y ser el primer país del área que, en las urnas, decida a favor o en contra de una medida crucial en América: el mandato de los militares es defender la soberanía de cada país, por lo que su retorno a las calles, tras insertarse en el siglo XX en política e imponer dictaduras, atizó el dilema.
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“Ninguno de los procesos de militarización de la seguridad ciudadana han resultado positivos para nuestros países”, advirtió la abogada venezolana Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, organización no estatal de Venezuela sobre seguridad y defensa.
“La tendencia de militarizar la seguridad ciudadana está en marcha en América Latina sin éxitos que mostrar (…) en reducción de delincuencia y cifras muy lamentables de violaciones masivas de derechos humanos. La seguridad ciudadana debe ser civil, pues lo contrario sería subordinar los civiles a los militares en la cotidianidad y en el ejercicio de sus derechos”, dijo San Miguel a EL UNIVERSAL.
“La seguridad ciudadana y la defensa militar del estado son funciones completamente diferenciadas. La primera de carácter civil. La segunda militar. Y son diferenciadas en la doctrina de empleo, armamento, composición y funciones”, argumentó.
La vía del plebiscito en Ecuador, que sería antes de abril de 2023, irrumpió el lunes anterior en el escenario en coincidencia con el debate en México acerca de que haya mayor presencia de los militares en las calles en misiones policiacas.
“La seguridad pública no debe ser militarizada. Es un peligro”, aseguró la abogada colombiana Jimena Reyes, directora para las Américas de la (no estatal) Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), de París.
La FIDH considera que militarizar la seguridad pública en México tampoco solucionará lo que es “un problema enorme, seguro uno de los más graves en el continente en seguridad”, aseguró Reyes a este diario.
La inseguridad “se debe” a policías ineficientes, coludidos con el crimen organizado o aterrorizados por la violencia del crimen organizado “en numerosas partes” de México, militarizar “va simplemente a desplazar el problema”, recalcó.
“Probablemente México se va a encontrar frente a una Guardia Nacional también ineficiente y capturada, en parte a través de la corrupción, por el crimen organizado. Hay que combatir la corrupción y la colusión que puede existir”, sugirió.
Después del final de las guerras que sacudieron a Centroamérica de 1960 a 1996 y de los regímenes castrenses que gobernaron en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua en la segunda mitad del siglo XX, los ejércitos de esos cuatro países se replegaron a los cuarteles para someterse a los poderes civiles.
Sin embargo, a inicios del siglo XXI retornaron a las calles a involucrarse en funciones policiales e intentar sofocar la creciente crisis de inseguridad y de criminalidad.
En guerra desde 1964, Colombia tiene militarizado su aparato policial, pero las ramas de las fuerzas militares —aérea, marítima y terrestre— están insertadas actualmente en múltiples actividades policiales. La presencia castrense en Venezuela se intensificó en el siglo XXI para la represión política y atacar a la criminalidad, en asocio con los cuerpos policiales.
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