San José. – En un incontrolable enjambre de violencia criminal, Ecuador… se mexicaniza.
Los más importantes cárteles mexicanos del narcotráfico internacional—Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Sinaloa—detonaron esta semana la peor crisis de inseguridad en la historia de Ecuador, en un despliegue sin precedentes de implacable violencia en alianza con sus socios ecuatorianos —“Los Tiguerones”, “Los Lobos” y “Los Choneros”— y un creciente saldo de muertos, heridos y destrozos.
“Los cárteles mexicanos se imponen ante la debilidad institucional y del gobierno. Ecuador camina a convertirse no solo en un Estado fallido sino en un narcoEstado”, adujo el politólogo ecuatoriano Sebastián Mantilla, director ejecutivo del (no estatal) Centro Latinoamericano de Estudios Políticos (CELAEP), de Quito.
“Ecuador vive una situación nunca antes vista en inseguridad y violencia. Los grupos delincuenciales que operan bajo las órdenes de los dos principales cárteles mexicanos de la droga (CJNG y Sinaloa) no solo que se enfrentan en una guerra interna, sino que incluso ahora están atacando a miembros de la Policía Nacional”, relató Mantilla a EL UNIVERSAL.
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“En lo que va del año han sido asesinados más de 60 policías en Ecuador, algo nunca antes visto. Sin embargo, el gobierno del presidente (ecuatoriano) Guillermo Lasso y sus principales autoridades en el ámbito de la seguridad no atinan y no saben qué hacer”, advirtió.
Tras lamentar que “la falta de preparación de sus más cercanos colaboradores, leyes y normas desactualizadas y acciones de gobierno desacertadas agudizan aún más la situación”, aseveró que “lo único que se espera” es que se complique, porque la inseguridad y la violencia “han desbordado las capacidades del gobierno del presidente Lasso”.
“Las principales cárceles están en manos de estos grupos delincuenciales, sin que hasta el momento el gobierno haya tomado control de los centros de penitenciarios”, alegó.
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Ecuador se precipitó esta semana, a partir del lunes por la noche y la madrugada del martes, en unos 20 ataques-sabotajes, “carros-bomba” y explosivos a policías, vehículos y sedes policiales y otras instalaciones atribuidos por el gobierno de Lasso al CJNG, pero sin citar específicamente a esa mafia. Al menos cinco efectivos policiales murieron, con una secuela de heridos, daños materiales y conmoción interna por un paro armado del CJNG.
“Lo sucedido (…) muestra claramente los límites que la delincuencia organizada trasnacional, a la que estamos combatiendo, está dispuesta traspasar. Estos actos de sabotaje y terrorismo son (…) una declaratoria de guerra abierta contra el Estado de derecho, el gobierno” y “los ciudadanos”, alertó Lasso en un mensaje anteanoche al país.
“No se lo permitimos. Estoy aquí y he dispuesto a actuar con dureza dentro del marco de la ley”, anunció.
Lasso impuso un estado de excepción, con toque de queda de las 21:00 a las 05:00 y por 45 días, en las provincias (estados) de Esmeraldas (noroccidente) y Guayas (surcentro), como escenarios de los hechos más graves y sangrientos.
Al respecto, Mantilla recordó que “los estados de excepción no han servido para atenuar la violencia en el país”.
La crisis ecuatoriana de inseguridad recrudeció en 2021. Las bandas de tiguerones y lobos se unieron al CJNG y choneros a Sinaloa para controlar el contrabando de cocaína desde Colombia, su más grande productor mundial, a Ecuador y reexportarla a Centroamérica, México, Estados Unidos y Europa.
Las tres redes y otras, como “Los Lagartos”, dominan las cárceles de Ecuador en una mortal competencia con apoyo de Sinaloa y CJNG que se extendió a las calles.
Ecuador es un eslabón clave del tráfico de cocaína, con datos oficiales de un tránsito anual de unas 580 toneladas por tierra desde Colombia. Limita con los más grandes productores mundiales —al norte con Colombia y al este y al sur con Perú— y al oeste con el Océano Pacífico, salida marítima de drogas. También hay flujo aéreo de cocaína hacia y desde Ecuador.
“Antes de nuestro gobierno, la narcodelincuencia vivía en un paraíso dentro de nuestro país. Hoy la narcodelincuencia se siente incómoda y manifiesta su malestar con violencia. Se están quedando sin amigos ni palancas y pretenden sembrar miedo. ¿Pero saben algo? No les tenemos miedo”, advirtió el mandatario, desafiante y cuyo cuatrienio se inició en mayo de 2021.
Lasso acusó que esos grupos reaccionaron por los operativos policiales y militares en los penales para incautar armas, municiones y explosivos y trasladar delincuentes a otras cárceles para quitarles privilegios y beneficios.
“Se busca acabar con esa condición de cuarteles generales del crimen en los sitios de reclusión de Esmeraldas y Guayaquil. Estamos tomando acciones que los tienen preocupados. Por eso, la reacción violenta”, planteó Lasso.
“¿Ya entendieron que no nos temblará la mano a la hora de responder como se debe? ¡Y cuidado con apelar a los derechos humanos para solapar la delincuencia! Porque primero están los derechos humanos de los 18 millones de ecuatorianos que quieren dormir en paz, salir y volver a casa tranquilos”, proclamó.
Pese a esas promesas, el temor persistió.
Un “gran leviatán (monstruo) delictivo penetró” al país, pero “el imaginario gubernamental sigue creyendo en fantasías irreales”, denunció el coronel ecuatoriano en retiro Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia del Ejército de Ecuador y profesor de seguridad en la (no estatal) Universidad Regional Autónoma de los Andes, de esa nación.
La inseguridad “se salió de control” hace 20 años y facilitó al crimen organizado avanzar en su “posicionamiento territorial en la débil democracia ecuatoriana”, dijo Pazmiño a este diario.
“La gobernanza criminal arrincona al Estado con mayor fuerza con un objetivo a mediano y largo plazo: un posicionamiento político para dedicarse no solo al crimen organizado, sino comenzar a influir en las decisiones políticas”, anticipó.
Con una frase, el coronel en retiro expresó pesimismo: “Estamos hechos pedazos”.
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