Quito.— El gobierno de Ecuador señaló ayer que si el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, quiere permanecer asilado en su embajada en Londres deberá acatar el protocolo de convivencia que se le ha impuesto. Caso contrario, puede salir.
El procurador general Iñigo Salvador dijo que es necesario “atenernos a ciertas normas básicas de convivencia armónica dentro de un local que no está diseñado para que una persona viva, sino que es una oficina pública del Estado ecuatoriano”. Enfatizó que si Assange no quiere acatar las normas establecidas, que “se entregue a la justicia británica”.
El gobierno de Ecuador impuso hace poco a Assange estrictas normas para visitas, que pague su servicio de internet, lavandería y visitas médicas, así como el cumplimiento de normas de comportamiento mínimo al interior de la misión diplomática, lo cual ha sido interpretado por los abogados como irrespeto a los derechos del hombre.
El abogado ecuatoriano de Assange, Carlos Poveda, señaló que éste estaría dispuesto a entregarse a la justicia de Reino Unido, que lo acusa de incumplir sus obligaciones de libertad condicional. Por ello podría ser condenado a tres o seis meses de cárcel. “Lo que se está solicitando por parte del equipo legal es que exista el aseguramiento necesario que después de esa condena no sea extraditado a Estados Unidos”, donde es acusado de divulgar documentos secretos militares y del Departamento de Estado.
Un comunicado de la procuraduría ecuatoriana dijo que el Estado “niega enfáticamente que se haya violentado o restringido ningún derecho constitucional del ciudadano, porque desde 2012 [año que Assange solicitó asilo en la embajada de Ecuador] el Estado ha garantizado los derechos fundamentales de Assange”. El jueves un tribunal ecuatoriano cumplió con una audiencia solicitada para pedir el respeto a sus derechos, pero no se pudo completar por fallas en las comunicaciones que impedían a Assange estar presente virtualmente y por problemas de traducción. La diligencia quedó postergada para el 29 de octubre.
Assange ingresó en 2012 a la embajada en Londres para evadir una posible extradición a Suecia con el objetivo de responder por acusaciones de delitos sexuales. Suecia desestimó los cargos, pero la justicia británica negó en febrero, en dos ocasiones, pedidos de Assange solicitando su libertad debido a que los magistrados consideraron que incumplió las condiciones de la libertad bajo fianza.
Ecuador concedió la ciudadanía ecuatoriana a Assange en diciembre como parte de un esfuerzo para hacerlo miembro de su equipo diplomático, lo que le garantizaría ciertos derechos como la inmunidad legal. Reino Unido rechazó el pedido de entregarle estatus diplomático en el país.