Ciudad de Guatemala.— El Congreso de Guatemala suspendió ayer la aprobación del presupuesto del país, señalado de no priorizar la lucha contra la pobreza, luego de que manifestantes incendiaron la sede del Parlamento y pidieran la renuncia del presidente conservador Alejandro Giammattei durante un fin de semana colmado de protestas.
“Con la finalidad de mantener la gobernabilidad del país y la paz social, hemos acordado suspender el trámite del presupuesto”, informó el presidente del Congreso, Allan Rodríguez.
El Congreso unicameral, en su mayoría integrado por el oficialismo y partidos afines a Giamma-ttei, aprobó el martes pasado un presupuesto para 2021, propuesto por el Ejecutivo, de casi 12 mil 800 millones de dólares, el más alto en la historia del país.
Varios sectores criticaron que el proyecto privilegiaba el desarrollo de infraestructura para beneficio de las constructoras, mientras desestimaba el combate a la pobreza, que afecta a 59.3% de los casi 17 millones de habitantes, según cifras oficiales, así como a la educación y a la salud, cuando la pandemia deja más de 4 mil muertos y casi 120 mil contagios en el país.
Con la suspensión, ahora los diputados tienen hasta el 30 de noviembre para aprobar un nuevo presupuesto, según la ley. De lo contrario, seguirá vigente el que regía este año, por 10 mil 390 millones de dólares.
El sábado, miles de guatemaltecos se manifestaron pacíficamente para pedir la renuncia de Giammattei, pero otros se dirigieron a la sede del Parlamento e incendiaron varias oficinas tras romper ventanas para ingresar.
El domingo, cientos volvieron a las calles a protestar y este lunes cerca de medio centenar de guatemaltecos volvieron a pedir la renuncia del presidente frente al antiguo palacio de gobierno.
Según Rodríguez, quienes protestaban utilizaron el presupuesto como “el argumento principal para dar sustento y soporte a la manifestación”, que tenía “el objetivo de romper el orden constitucional y lograr acceder al poder”. El jefe del Congreso consideró que los hechos contra la sede fueron actos terroristas.
La fiscal general, Consuelo Porras, anunció en conferencia de prensa el inicio de investigaciones por la protesta violenta y la represión policiaca, luego de que una veintena de manifestantes fueran heridos y dos de ellos perdieran el ojo izquierdo, presuntamente por balas de goma.
Amnistía Internacional calificó la represión de sumamente grave y acusó a las autoridades guatemaltecas de violar “estándares internacionales de uso de la fuerza”, según dijo en un comunicado su directora para las Américas, Érika Guevara.
En otro mensaje, Porras exigió al Congreso priorizar la elección de 240 jueces del Organismo Judicial, incluida la Corte Suprema, tras la suspensión de la misma desde octubre de 2019 por irregularidades en el proceso. Insistió al respecto: “La petición es concreta, que se agende por parte del Congreso la elección”.